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Memoria histórica

La familia Lapeña: cuatro años de proceso judicial con la mira puesta en el Valle de los Caídos

Manuel Lapeña

Los hermanos Manuel y Antonio Ramiro nacieron en Villarroya de la Sierra (Zaragoza), un pequeño pueblo de apenas medio millar de habitantes a orillas del río Ribota, afluente del Jalón, y a escasos 20 kilómetros de Calatayud. Veterinario y herrero de profesión, respectivamente, ambos estuvieron muy ligados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) –el primero fue fundador de la CNT de Calatayud, de la que su hermano también fue miembro–, una vinculación que les señalaría durante la Guerra Civil y que les depararía un trágico final sólo diez días después de que diese comienzo el golpe de estado.

Según narra a este diario Miguel Ángel Capapé, presidente de la asociación de memoria histórica A.R.I.C.O y marido de Purificación Lapeña, nieta del veterinario, Manuel desapareció el 27 de julio de 1936, cuando es detenido por la Guardia Civil mientras se encontraba en la finca familiar. Su hermano Antonio decide echarse al monte al enterarse de que también le están buscando, donde se esconde durante varios días. Después de que su familia le garantizase, tras hacer las pertinentes llamadas, que no le pasaría nada al no haber cometido ningún delito, decide entregarse en octubre de 1936, último día que se le vio con vida.

Manuel fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina el 14 de agosto, convirtiéndose en uno más de "entre las 600 y 800 personas" que habrían corrido la misma suerte en dicho emplazamiento, según los datos que maneja la asociación memorialista aragonesa. Una cifra que la fundación Fernando Aladrén redujo en el informe Proyecto: amarga memoria, elaborado entre 2007 y 2008, a entre 400 y 500. Antonio Ramiro (cuya imagen acompaña a estas líneas) es asesinado el 20 de octubre en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud y enterrado en una fosa común.

Sobre ninguno de ellos pesaba una condena a muerte ni un juicio conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos. Los hermanos Lapeña fueron asesinados extrajudicialmente. "Los detuvieron ilegalmente, sin ninguna orden ni justificación. Directamente los cogieron y los mataron", asegura Capapé a este diario.

La tierra se tragó los restos óseos de los dos bilbilitanos durante años. Sin embargo, en 1959, una orden del Ministerio de Gobernación para trasladar restos de "caídos o inmolados" al mausoleo del dictador vuelve a sacarlos a la luz. "Del cementerio sabemos que ese año de la zona de enterramientos, que le denominaban la fosilla, sacaron un montón de huesos, según nos comenta gente que lo vio, los taparon con una lona por la noche y a la mañana siguiente llegó un camión con unas cajas, 9 en concreto, y se los llevaron. Creemos que alguna caja ya la podían traer llena de la zona de La Bartolina, pero no estamos seguros", comenta a infoLibre Capapé, que añade que los huesos que no entraron en los columbarios "los echaron al osario" de nuevo.

Un proceso largo

Casi 80 años después, Purificación y su marido comienzan un periplo judicial durante cuatro años para encontrar a su abuelo y a su tío abuelo. Un proceso que incluso les llevó hasta Estrasburgo y que dirigió "sin cobrar", según cuenta Capapé, el abogado Eduardo Ranz, conocido en los círculos memorialistas por su lucha para que las instituciones públicas cumplan con la Ley de Memoria Histórica, sobre todo en lo referente al callejero franquista. "No hemos pensado nunca en abandonar", explica el marido de Purificación a este diario.

El camino hasta que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial ordenase el pasado 4 de abril la exhumación en el Valle de los Caídos, así como la identificación y entrega de los restos de Manuel y Antonio a sus familiares, fue largo y lleno de trabas. Ranz explica a este periódico que en un primer momento fueron por la vía penal. "Primero en el juzgado de instrucción de San Lorenzo de El Escorial, que lo archivó", apunta. Tras esto, se llevó ante la Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el resultado fue el mismo: "En todas las instancias se archivaba o inadmitía porque se entendía que no era posible enjuiciar al culpable", añade el letrado.

Dos años después, el 20 de noviembre de 2014, decidieron acudir a la vía civil. En este caso, el abogado centró el foco en el artículado de la perpetua memoria, incluido en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 –artículos 2002 a 2010–, una fórmula utilizada "generalemente en herencias": "Un hermano que había tenido que emigrar a otro pueblo o a una excolonia, por ejemplo, se le tenía por desaparecido. Pero si un buen día regresaba, recupera su identidad en base a este procedimiento", detalla Ranz. Así, junto a toda la documentación aportada por la familia, se reconoce la identidad "a efectos legales y de inscripción en el Registro Civil" de los hermanos Lapeña.

Pero, ¿podrían otros familiares utilizar la perpetua memoria para buscar los restos de parientes en el Valle de los Caídos? En este sentido, Ranz es contundente: "Si no se hubiera derogado en la reforma de julio de 2015 el articulado relativo a la perpetua memoria, el resto de las familias lo tendrían prácticamente de una forma automática", apunta. Como su procedimiento estaba en marcha antes de la modificación, no hubo ningún problema. Sin embargo, reitera que los abogados que "argumenten este procedimiento en sus fundamentos" pueden tener "problemas para usarlo".

Luego, según explica el letrado volviendo a su caso, entra en juego el "derecho a la digna sepultura". "Una vez que se ha determinado que existe una alta probabilidad de que los restos cadavéricos se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos, procede la realización de las actuaciones pertinentes en el citado cementerio a los efectos de que se termine llevando a cabo la entrega de los restos de los hermanos Lapeña", recoge el auto del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial. Unas palabras que recibieron con alegría. Sobre todo el padre de Purificación e hijo de Antonio, que no se ha podido involucrar en el proceso judicial debido a su avanzada edad, 91 años en la actualidad. "Ha recibido la noticia contento pero también un poco escéptico", apunta Capapé.

El balón para Patrimonio Nacional

"El auto es firme y no cabe posibilidad de recurso. El único que podría recurrir era el fiscal y ya está fuera de plazo", detalla el abogado. Ahora el balón está en el tejado de Patrimonio Nacional, que es el que tiene la llave para que se puedan realizar los procedimientos. El Valle de los Caídos tiene un estatus "muy particular", explica el letrado: aunque la orden religiosa de los monjes benedictinos se encarga de la basílica desde su fundación, lo cierto es que la última palabra sobre cualquier procedimiento que se lleve a cabo en el emplazamiento necesita el permiso del organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Por eso, el pasado miércoles Eduardo Ranz hizo llegar a la institución un escrito, difundido por la Cadena Ser, en el que se solicita que fije una fecha para el comienzo de la exhumación de los hermanos Lapeña. El encargado de dirigir los trabajos, según recoge el texto, será el forense Francisco Etxeberria a propuesta de los familiares. Pero, ¿puede negarse Patrimonio Nacional? "Sería muy temerario por su parte, pero en esta materia nunca se sabe. Tenemos por delante el derecho a la digna sepultura, la Ley de Memoria Histórica y el auto del juez", explica el letrado. En el caso de oponerse o no responder en el plazo de 45 días, Ranz afirma a este diario que se llevaría el caso al Tribunal Supremo.

Mientras tanto, la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos reclamó el pasado lunes que se deniegue cualquier actuación que suponga la manipulación de los restos de cualquier persona inhumada en todos los osarios del mausoleo y advirtió que emprenderá las acciones que considere oportunas, incluída la vía penal, contra los responsables de cualquier vulneración de los derechos de las familias de los caídos de ambos bandos que allí reposan.

9 cajas con 81 restos

Aunque el juez recuerda en el texto judicial que por el momento sólo son "indicios", añade que la documentación aportada en el caso hace pensar que los hermanos Lapeña fueron trasladados el 8 de abril de 1959 al mausoleo.

El 31 de octubre de 1958, el entonces ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, remitió una circular (cuya imagen se reproduce a la derecha de este párrafo) en la que se especificaban los detalles del traslado de restos al Valle de los Caídos: en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros "para restos individuales identificados" o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de "restos colectivos sin posible individualización". "Cada caja colectiva se supone que puede contener restos de quince personas", añade Alonso en el texto sin ningún tipo de reparo. El 8 de abril de 1959 llegan procedentes de Calatayud con número de orden 0466 un total de 81 restos en 9 cajas (columbarios), todos ellos como desconocidos, tal y como se recoge en el tomo número 1 del Libro de Registro de Enterramientos, según hizo saber durante el procedimiento Patrimonio Nacional.

Los hermanos Lapeña avanzan hacia la reparación

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Cada uno de ellos con 9 restos, los columbarios se numeran entre el 2061 y el 2069. Aunque no existían fichas de dichas inhumaciones, lo que impidió "certificar la cripta u osario donde se encuentran", siguiendo el orden de enterramiento, que comenzó en la Capilla del Sepulcro, el auto recoge que los restos se podrían haberse depositado en el tercer piso. "Juan José de Prado Jiménez, jefe de Negociado de Patrimonio Nacional adscrito al Valle de los Caídos, asegura que los columbarios 2061 a 2069 se encuentran en la cripta derecha, planta 3ª de la Nave de la Basílica", recoge el escrito judicial.

Un nivel (del tercero al quinto) con un acceso imposible "al presentar la entrada una obstrucción por columbarios dispuestos a modo de muro", según se recoge en el informe Viabilidad de identificación en el enterramiento del Valle de los Caídos, elaborado por el Ministerio de Justicia y firmado por el médico forense Andrés Bedate con fecha del 15 de febrero de 2011, que añade que según se recoge en los libros de registro podrían contener 5.334 columbarios y 10.215 ingresos. Además, el documento elaborado durante la segunda legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero también denuncia "movimientos de restos óseos de unas capillas y/o criptas a otras diferentes que no han sido recogidas en los libros de registro iniciales" y asegura que la "identificación individual" queda "casi imposibilitada".

Será el equipo de Etxeberria el que lo vuelva a intentar, si Patrimonio Nacional no pone trabas a la exhumación.

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