Feijóo busca la foto con UGT y CCOO en plena ofensiva antisindical de los Gobiernos PP-Vox

Apenas falta una semana para que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se presente ante el Congreso para pedir el voto a los diputados para que lo hagan presidente del Gobierno. Pero los números no le dan y el jefe de las filas conservadoras no prevé más reuniones con representantes de partidos.

Su agenda se está llenando de reuniones o eventos que no tienen al Congreso, el encargado de votar su investidura, como centro de operaciones. Feijóo se vio este lunes con la CEOE y Cepyme, mientras que ha convocado para este martes y este miércoles a Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), respectivamente. El colofón de esta semana será el acto anunciado para este domingo en Madrid para protestar contra una posible ley de amnistía por parte del PSOE y de Sumar.

Los sindicatos, según fuentes consultadas, dicen que está bien que los llame, pero creen que responde a que Feijóo tiene una “agenda demasiado libre”. Los representantes de los trabajadores van por respeto institucional, pero sin muchas expectativas. Álvarez y Sordo escucharán lo que les quiera decir el líder de los Partidos Populares, a la vez que también tienen previsto trasladarle algunos mensajes,

Por un lado, sobre la mesa pondrán su interés de que, pase lo que pase con la investidura, se mantengan reformas que han funcionado como la laboral. Y una queja también tienen los sindicatos: el frente abierto contra ellos por parte especialmente de los nuevos Ejecutivos de coalición integrados por el PP y Vox. Especialmente la ultraderecha está poniendo a los representantes de los trabajadores en el “punto de mira” y presionando para reducir o eliminar ayudas públicas, como recuerdan las fuentes.

Castilla y León marca el ritmo

Castilla y León se ha convertido en el laboratorio, como indican fuentes sindicales, pero esta tendencia se está expandiendo a otros Ejecutivos del PP y de Vox. El titular de Industria y Empleo de esta autonomía, Mariano Vegazones (Vox), tilda a los representantes de los trabajadores de “parásitos” y “comegambas”. Entre sus medidas, dejar en la mínima expresión la financiación del Servicio de Relaciones Laborales o recortar en formación laboral, prevención de riesgos o asesoramiento a inmigrantes.

Los sindicatos tienen claro, y así lo han denunciado públicamente, en que es una estrategia para mermarlos, debilitar la fuerza de los trabajadores y, en el último extremo, deteriorar el propio sistema democrático. Esta situación ha llevado incluso a CCOO a presentar un ERE en Castilla y León, que afecta a más de cincuenta personas. Los cálculos del sindicato que lidera Unai Sordo es que en esa autonomía se han recortado 26 programas, con un presupuesto de 42 millones de euros.

Pero hacia Castilla y León también miran otras autonomías. El pacto entre el PP y Vox en la Región de Murcia ha bebido de ahí y, en su punto 25, se fija: “Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos”. La interpretación que ha dado directamente al ultraderecha es que en virtud de este pacto “desaparecerán” las ayudas a los sindicatos. En el PP no van tan lejos y comentaron al calor del documento que se trata de ser más “eficientes” en el gasto y en el control.

Pendientes de la presión de Vox en Aragón y Extremadura

También están muy atentos los sindicatos a lo que pueda pasar en Extremadura. Por el momento, los agentes sociales ya se han reunido con la nueva presidenta, María Guardiola, a la que trasladaron su intención de seguir manteniendo el diálogo y la lealtad institucional Pero hay preocupación por la aplicación del punto 55 del documento que rubricaron los populares con Vox: “Reducción considerable de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto a los percibido en el año 2022”. 

En este sentido, en Aragón también están vigilantes respecto a lo que pueda suceder con el Gobierno del Partido Popular y Vox, que en su apartado de simplificación administrativa del documento firmado se incluyó esta medida: “Racionalización de las subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo”.

Además, en la Comunidad Valenciana, donde se alcanzó el primer pacto entre el PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 28M, se ha elevado la tensión entre el Govern y los sindicatos por el arranque del curso electoral, por problemas como el aumento de horas lectivas y la asignación de plazas. Desde CCOO se ha denunciado así la situación: “Constatamos que la entrada de la derecha y la extrema derecha comienza a tener repercusiones negativas desde el primer momento, no sólo a nivel ideológico sino también de gestión, volviendo al oscurantismo y el clientelismo”.

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Con esta situación llegan las reuniones de Núñez Feijóo con Álvarez (el martes) y Sordo (el miércoles). Un líder del PP que ha intentando vender la imagen de moderado con la relación de los sindicatos como uno de los puntales. Siempre se ha vanagloriado de que uno de sus mejores amigos es Regino Martín Barco, un sindicalista de la sección postal de CCOO, al que conoce desde su época como presidente de Correos (entre los año 2000 y 2003). Él fue uno de los arietes del líder del PP durante la campaña electoral para esparcir las dudas sobre un posible fraude electoral del Gobierno a través del voto por correo.

Ahora Feijóo busca la foto con los sindicatos y los empresarios mientras abandona el intento de sumar más partidos por su investidura (le apoyarán la semana que viene sólo Vox, UPN y Coalición Canaria). En su reunión con Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), compartió, según fuentes del PP, que el momento es “especialmente preocupante y difícil”, tanto desde el punto de vista político (“con una creciente tensión motivada por la ruptura de la igualdad de los españoles como consecuencia de las negociaciones entre Sánchez y los independentistas”) y económico (“por el aumento desorbitado de los precios de los alimentos, el interés de las hipotecas y la fragilidad del mercado de trabajo, donde España duplica la tasa de paro de la UE”).

“En este sentido, han coincidido en lamentar que los verdaderos debates, los que preocupan a los españoles, hayan sido relegados a un segundo plano por los que imponen los secesionistas, los que tienen que ver con las discusiones identitarias, que solamente conviene a ellos y no a la mayoría de los ciudadanos”, según indicaron fuentes de Génova 13.