Feijóo mantendrá el bloqueo del CGPJ con la intención de cambiarlo a su medida cuando gane las elecciones

La satisfacción en el PP tras la decisión del TC, por seis votos a cinco, que les da la razón al suspender la tramitación de la reforma de las leyes que regulan el tribunal arbitral y el Consejo General del Poder Judicial, era este martes evidente en la sede del partido en la calle Génova. Alberto Núñez Feijóo, que no daba allí una rueda de prensa digna de tal nombre desde hace cuatro meses, compareció acompañado por las banderas de España y la Unión Europea —un retoque a la decoración de la sala de prensa destinada a subrayar el perfil institucional de su líder, al que los estrategas del partido quieren presentar ya como presidente—.

Pero, más allá de la escenografía, el mensaje de Feijóo fue el de siempre. El PP mantendrá indefinidamente el bloqueo al que lleva sometiendo la renovación del CGPJ desde hace cuatro años a menos que Pedro Sánchez acceda a cambiar el modelo de elección de sus miembros para ajustarlo a los deseos de la derecha y renuncie a la ley en vigor desde 1986 y que desde entonces ha servido a gobiernos de todos los colores. Un sistema que PP y Ciudadanos han planteado en varias ocasiones en el Congreso y que ha sido rechazado por la mayoría.

El líder del PP admitió que estamos ante “una crisis institucional”, pero en vez de asumir la responsabilidad que su partido tiene en el bloqueo del CGPJ, que es el origen del problema, culpó de ella a la “escalada verbal sin precedentes” de quienes critican la decisión del TC y a los acuerdos que el Gobierno suscribe con otros partidos del Congreso como Esquerra o Bildu. 

Para cambiar esta situación, Feijóo volvió a proponer acuerdos de Estado entre el PSOE y el PP. “Que las grandes decisiones que afectan al Estado se acuerden entre el partido que está hoy en el gobierno y el que estará en la próxima legislatura”, argumentó dando por hecho que alcanzará la Moncloa dentro de un año. Pero cuando el líder de la oposición habla de acuerdo se refiere en realidad, como explicó a continuación, a que el Gobierno acepte sus propuestas y renuncie a las suyas.

Reforma

Y si Sánchez no acepta esta oferta, añadió, dará igual. Porque será el PP cuando gobierne el que tomará igualmente esas medidas. Con o sin el concurso del PSOE.

“Le pido al presidente Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal a toda prisa” y que cuando lo haga sea para tipificar “el referéndum ilegal y mantener los delitos de sedición y malversación” como están en la actualidad. Y le pide también que renuncie a llevar a cabo modificaciones legales para poner fin al bloqueo de la renovación del CGPJ y del TC que permiten al PP, en contra de la Constitución, mantener en ambos órganos una mayoría de jueces y magistrados conservadores. O eso, o convocar elecciones, añadió.

“Las dos cosas son incompatibles”, aseguró a pesar de que se trata de leyes diferentes. “No podemos decir que estamos a favor de la independencia judicial y, en otra ley derogar las sentencias del Tribunal Supremo [en referencia al la reforma del delito de sedición]. No podemos decir que estamos a favor de la despolitización de la Justicia y en otra ley dejarle a los políticos condenados por el Supremo el bolígrafo para redactar los propios delitos que han cometido”.

Feijóo insiste en que hará "todo lo posible" para impedir que el Gobierno apruebe su reforma

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Sánchez “ha dicho que hará todo lo posible” para completar la reforma que permita poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC. “Yo digo con toda claridad a los españoles”, proclamó en tono solemne, “que haré todo lo posible para lo contrario”.

Feijóo sabe que no habrá acuerdo y su dirección ya trabaja en las propuestas con las que se presentará a las elecciones y que quiere plantear como una “agenda de regeneración democrática”. De ella formará parte la reforma del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial con la que quiere garantizar que doce de los 20 vocales de este órgano sean elegidos directamente por los jueces y no siguiendo el modelo actual, que el PP se niega a aplicar a pesar de que es el que está en vigor desde hace décadas. En él los jueces proponen una lista de 50 personas de la que el Congreso y el Senado extraen a doce candidatos.

La propuesta del PP dejaría el máximo órgano de gobierno de los jueces permanentemente en manos del sector conservador de la judicatura, muy mayoritario en los juzgados españoles desde los tiempos de la Transición.