Memoria histórica

¿Cuántas fosas comunes hay en España?

Exhumación de la fosa de Argomoso (Lugo), en junio de 2009.

"Queda mucho por hacer". Así de categórico se mostró el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, ante los medios de comunicación a finales de mayo, cuando entregaron a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana los resultados del trabajo de localización de fosas comunes en la comunidad autónoma en el que llevan trabajando durante los últimos tres años. Un proyecto que comenzaron, según explica a infoLibre, a partir de una subvención de 60.000 euros recibida durante el periodo del Ejecutivo socialista después de que el antiguo Gobierno autonómico, en manos del PP, "se negara ostensiblemente" a llevarlo a cabo.

El informe elaborado, en colaboración con las entidades Paleolab y La Gavilla Verde y al que ha tenido acceso este diario, arrojó unos resultados sorprendentes. Un total de 299 fosas comunes documentadas en la Comunidad Valenciana, una cifra que, según creen, podría incrementarse hasta las 400 si se continúa investigando en profundidad. En todos esos enterramientos –71 en Castellón, 184 en Valencia y 44 en Alicante– podrían yacer cerca de 10.000 represaliados, la mitad del bando golpista y la otra mitad del republicano. El arqueólogo que dirigió el proyecto, Miguel Mezquida, recordó durante la rueda de prensa la necesidad de que el nuevo Ejecutivo autonómico muestre "mayor sensibilidad" ante cerca de una treintena de familias que esperan recuperar los restos de seres queridos a los que se ha tragado la tierra.

El número es importante. Los últimos datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Justicia en mayo del año 2011, a través de cifras facilitadas por comunidades y asociaciones memorialistas, contabilizaban en la Comunidad Valenciana un total de 87, menos de un tercio de las que recoge el estudio. Estos datos son accesibles a través del Mapa de Fosas, confeccionado en virtud del artículo 12.2 de la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica: "Las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se refiere el artículo anterior, incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos", recoge la normativa. La actualización del mapa a nivel nacional ha quedado paralizada desde entonces.

60.000 euros "a la basura"

"Ya que el Gobierno autonómico no quería cumplir con su obligación, decidimos hacerlo nosotros", apunta Alonso en conversación con este diario. Ante la negativa de la Generalitat Valenciana de encargar un estudio con el listado de fosas, el GRMH solicitó al Ministerio de la Presidencia una subvención para poder financiar el mapeo. "Presentamos un proyecto con tres etapas, un año para cada provincia. Fue uno de los que recibió luz verde y se nos otorgaron 60.000 euros para que un total de 10 personas, entre arqueólogos e investigadores, pudiesen desarrollar sus labores", añade el coordinador de la asociación memorialista.

Así, fueron localizando varias fosas. De ninguna reconocida oficialmente, pasaron a 54. Más tarde y después de meses de investigación, sólo en la provincia de Valencia encontraron un total de 172. "Se hizo el trabajo, se documentó y se publicitó en tiempo y forma", asegura Alonso. Sin embargo, ninguna de esas localizaciones fue recogida en el mapa nacional oficial elaborado por el Ministerio de Justicia. "La gran mayoría de los 87 puntos anclados en el mapa son de color amarillo, que corresponden a enterramientos que fueron exhumados para trasladarlos al Valle de los Caídos", detalla el coordinador del GRMH, que se muestra contundente: "Lo que hay hoy en día colgado no se corresponde para nada con lo que nosotros encontramos usando ayuda oficial. Ese dinero se ha tirado a la basura".

Con la llegada del nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones del 24 de mayo de 2015, el colectivo memorialista decidió ampliar esa primera cuenta con las nuevas localizaciones encontradas. "Creíamos que nos íbamos a quedar en poco más de doscientas, pero por sorpresa hemos llegado casi a las trescientas, y eso sin haber peinado, como quien dice, Castellón", explica Alonso, que añade que "queda mucho por hacer" y baraja la posibilidad de que en alguno de esos enterramientos se puedan encontrar, como ya ha pasado en algún momento, tres o cuatro fosas. El GRMH confía en el nuevo signo político del Ejecutivo valenciano, con el que ya han mantenido conversaciones, sobre todo en relación con la Ley de Memoria Democrática que están preparando. "Por lo menos se nos oye", finaliza.

Número de fosas que "no sabremos jamás"

Conocer el número total de fosas comunes en España es complejo. Sobre todo si se tiene en cuenta que somos el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de desaparecidos: Rights International Spain (RIS) los cifra en 115.000 tomando como referencia datos de la justicia. Según el anteriormente citado Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia, completamente desactualizado tal y como denuncian las asociaciones memorialistas, hay localizadas en España un total de 2.246 fosas en las que fueron sepultadas víctimas de la Guerra civil –sin tener en cuenta los otros tres centenares del informe valenciano–. Del total, 247 fueron catalogadas como "desaparecidas", 43 exhumadas parcialmente, 430 exhumadas en su totalidad, 1.201 sin intervenir y 500 trasladadas al Valle de los Caídos.

"La cifra exacta no la sabremos jamás", señala en conversación con infoLibre Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que estima que podría estar en torno a 3.000. Sin embargo, no es sencillo ni tan siquiera hacer una aproximación al existir enterramientos de los que no se tiene constancia. "Por ejemplo, el otro día me llamó una chica de un pueblo de Asturias y me contó que su abuelo vio desde la ventana de la cocina cómo mataban a un tipo y luego le enterraban al lado de un árbol. Eso no está documentado en ninguna parte", apunta el periodista, que añade que en numerosas ocasiones se pone en contacto con su asociación "gente que sabe algo y que les dibuja un plano". Desde ese momento, el lugar se convierte en una posible zona donde puede localizarse una fosa.

El presidente de la ARMH critica la falta de apoyo del Ejecutivo central y de "algunas autonomías" y denuncia que el mapa elaborado a nivel nacional está "tremendamente incompleto" y lo califica como un "corta y pega" de lo que ya se había hecho en diferentes comunidades autónomas: "Por ejemplo en Castilla y León, una gran parte son localizaciones sobre las que ya habíamos trabajado nosotros", explica. Además, añade que desde su asociación no dieron al Ministerio de Justicia "ninguna información" porque sólo estaban dispuestos a hacerlo si no utilizaban estos datos "para hacer propaganda", que, denuncia, es "para lo que se utilizó". La asociación memorialista es una de las que tiene en España el archivo de desaparecidos más extenso.

Desde el año 2.000, y hasta diciembre de 2014, fecha de la última actualización, se han realizado en España un total de 405 exhumaciones, según los datos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El proyecto comenzó mediante resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia de noviembre del año 2009 con el objetivo de "realizar una base de datos con información integral de las fosas comunes exhumadas de la guerra civil". Sin embargo, tal y como se explica en una nota del informe, con anterioridad al comienzo del nuevo siglo se realizaron numerosas exhumaciones sin apoyo institucional en lugares como Navarra, Soria, La Rioja o Palencia de las que no queda un registro en documentos. 

"El mapa no ha provocado ninguna exhumación. Las exhumaciones se producen por gente que nos pide ayuda a las asociaciones", aclara Emilio Silva, que añade que únicamente siete comunidades autónomas cuentan en estos momentos con un mapa de fosas: "Extremadura, Andalucía, Aragón, Galicia, Cataluña y País Vasco". A los que es necesario añadir Navarra donde, según Silva, "hay una investigación potente" en materia de memoria histórica. Sólo siete, a pesar de lo que estipula la Ley de Memoria Histórica.

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