Baltasar Garzón pide la nulidad "absoluta" de la inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra su condena por las escuchas del caso Gürtel. Los letrados del exmagistrado registrarán este mismo viernes esta solicitud porque fue dictada por una sección del TC de la que formaba parte Francisco Pérez de los Cobos, magistrado desde enero 2011 y hoy presidente de la institución, del que ayer se supo que militaba en el PP. Desde entonces, Pérez de los Cobos se ha encontrado con la petición de explicaciones de toda la oposición en bloque, con las amenazas de recusación más que evidentes y con las críticas de tres de las cuatro asociaciones judiciales.
La defensa de Garzón entiende que es aplicable también a los miembros del TC la prohibición de tener un carné de un partido político. En el caso del exjuez, sus abogados consideran que "la apariencia de ausencia de la obligada imparcialidad subjetiva de Pérez en los Cobos, en cuanto militante del PP, es clamorosa, ya que en su recurso de amparo ante el TC se cuestionaba la condena de Baltasar Garzón por unas escuchas acordadas por él en una investigación criminal dirigida contra dirigentes y miembros del PP". Condena dictada por el Tribunal Supremo y que le valió la expulsión de la carrera judicial y su inhabilitación por 11 años.
Alegan que no cabe "explicación ni excusa para su silencio en aquel momento sobre este crucial extremo, y de haberse sabido, habría producido la inmediata recusación del magistrado". Pérez de los Cobos, al no haberse abstenido ni revelado su filiación política, la defensa cree que la inadmisión a trámite, acordada en noviembre de 2012, es "nula de pleno derecho".
El "juez de pueblo" y el presidente del TC
Los letrados, que firmaron también la demanda de Garzón contra su condena del TS en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, disparan una carga de profundidad contra Pérez de los Cobos, en sintonía con las críticas que ha recibido este en las últimas horas. Dicen que su situación es "insostenible e insubsanable", y que aunque se hubiera dado de baja en el PP, "nada podría sanar el vicio de origen de nulidad de su nombramiento, que quebrantó una norma imperativa de prohibición". Ello lleva a que una situación igualmente "insostenible" para toda la institución, razonan, pues su presidente tendría que abstenerse "en todos los plenos o deliberaciones en que se cuestionaran leyes, normas o actuaciones del PP". En definitiva, supondría que el órgano no tiene un "presidente efectivo", y eso es un "desfallecimiento intolerable" del TC.
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Por ese motivo, Garzón y sus letrados anuncian que están estudiando incluso pedir al rey, amparándose en el artículo 16 de la Ley Orgánica del TC, la "nulidad radical" del nombramiento de Pérez de los Cobos, que se produjo a finales de 2010 y a propuesta del PP, después de que se desbloquease la renovación del Alto Tribunal.
En la base de toda la argumentación se sitúa la convicción de que los magistrados del TC, por mucho que no pertenezcan al Poder Judicial, no pueden pertenecer tampoco a ninguna formación. Fuertes Suárez y Yagüe García lo expresan gráficamente: carece "de sentido que el más humilde juez de pueblo no pueda ser militante de un partido y que sí lo pueda ser el presidente del Constitucional". Sin embargo, la institución salió ayer en defensa de Pérez de los Cobos y, echando mano de la Constitución, la ley y la jurisprudencia del TC, afirmó que era compatible la militancia en una fuerza política y la pertenencia al órgano.
Baltasar Garzón pide la nulidad "absoluta" de la inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra su condena por las escuchas del caso Gürtel. Los letrados del exmagistrado registrarán este mismo viernes esta solicitud porque fue dictada por una sección del TC de la que formaba parte Francisco Pérez de los Cobos, magistrado desde enero 2011 y hoy presidente de la institución, del que ayer se supo que militaba en el PP. Desde entonces, Pérez de los Cobos se ha encontrado con la petición de explicaciones de toda la oposición en bloque, con las amenazas de recusación más que evidentes y con las críticas de tres de las cuatro asociaciones judiciales.