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Caso Gürtel

Garzón recurre ante el Tribunal de Derechos Humanos el fallo que le inhabilitó como juez

Hace poco más de un año, en febrero de 2012, Baltasar Garzón se prometió agotar todas las vías legales posibles para tumbar la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó a 11 años por prevaricación en el caso de las escuchas y le echó definitivamente de la carrera judicial. Lo ha cumplido. Tras los golpes propinados por el TS –que rechazó el recurso de nulidad en marzo– y por el Tribunal Constitucional –que le denegó el amparo en noviembre–, el exmagistrado acude ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. 

La demanda, de 200 folios y realizada por el despacho Amparo Legal, se alega que los magistrados del Supremo que le echaron de la Justicia el año pasado construyeron "a la medida el delito para condenarle a él", ya que "no hay en España ninguna ley que regule las escuchas telefónicas". El fallo del TS argumentó que Garzón no justificó las razones por las que ordenó las escuchas de las conversaciones en la cárcel de los imputados por la Gürtel y sus abogados defensores, "sin que existieran datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos". La defensa del exjuez entiende que ha sido objeto "de un tratamiento penal singularizado, sin norma previa general", con vulneración de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, "y que genera una inadmisible inseguridad jurídica en los jueces y magistrados". 

En un comunicado difundido por su hija y colaboradora María Garzón, se sostiene que la condena del Supremo se basa en argumentos "claramente contradictorios, irrazonables y arbitrarios, vulnerando las exigencias del derecho a un juicio justo". ¿Por qué? Porque, dice, no se contempló las pruebas sobre la prórroga de las escuchas –que avaló el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira–, la actuación de la Fiscalía –que también las apoyó– y de la Policía –que las pidió–. El escrito, en suma, acusa al TS de utilizar a Garzón "como un chivo expiatorio de los males e insuficiencias de las leyes y de la Justicia españolas", violando así, arguye, los artículos 6.1 y 2, 7.1 y 14 del Convenio Europeo, y del artículo 1 del protocolo 12 del mismo (presunción de inocencia, prohibición de no discriminación), "y sin derecho a segunda instancia" penal. 

El recurso ante Bruselas señala que el TS tenía prácticamente prefabricada la sentencia contra Garzón. Partió, dice, de un "designio incriminador", apartándose de la necesaria "imparcialidad", "habiendo prejuzgado la cuestión de la culpabilidad del magistrado a la luz de consideraciones ajenas" al juicio. Se añade que el fallo prescindió de "todas las pruebas y de hechos fundamentales" que se "probaron" durante la vista. 

No hizo "más que cumplir con su obligación"

En el último punto de la nota se recoge que la condena va en contra de la independencia judicial que la Constitución española de 1978 consagra, porque niega la facultad de los jueces para ordenar actuaciones en la instrucción y para "interpretar las leyes aplicables mientras no haya una legislación clara sobre estos temas". Dicho de otro modo: los jueces del Supremo vieron delito, cuando Garzón, estima la demanda, no hizo "más que cumplir con su obligación de buscar la verdad en la investigación de delitos de corrupción, sin violar ninguna ley ni nada parecido y empleando medios absolutamente legítimos en España y en otros países". 

El exjuez considera además que los hechos posteriores, las pesquisas de la trama Gürtel que él descubrió y que él desarticuló en 2009, le han dado la razón, pues ha emergido una "corrupción política de enorme alcance y que afecta muy gravemente a los poderes políticos actuales y a la sociedad española". Investigación que sigue aún instruyéndose en la Audiencia Nacional y que tiene una nueva y fundamental pata, los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP. En definitiva, Garzón alega que la sentencia de 2012 lesiona "manifiesta y gravísimamente sus derechos fundamentales" y "pone en peligro la independencia judicial", una premisa "esencial" de toda democracia, "cuya preservación es el fin principal del Convenio Europeo". 

¿Qué puede pasar ahora? Si el TEDH estima la demanda del exmagistrado y, por tanto, quita la razón al Supremo, Garzón volvería a ser magistrado "con todos sus derechos" y podría pedir "una reparación por los perjuicios que ha sufrido". 

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