La gestión del caos en la AP-6 resucita las críticas a Zoido en el PP y en el Gobierno

El año 2017 terminó de manera amarga para el partido del Gobierno con una contundente derrota del PP en las elecciones autonómicas de Cataluña y con la imposibilidad del llamado "bloque constitucionalista" de articular una alternativa a los independentistas. Los barones conservadores se fueron de vacaciones de Navidad preocupados por la posibilidad de que el subidón de Ciudadanos en Cataluña no sea una burbuja como repite Mariano Rajoy y sus cargos de máxima confianza. Desanimados. Y la vuelta a la actividad política tampoco ha sido fácil. El año ha empezado con polémica: la de la gestión y reacción a la nevada del pasado fin de semana y el caos que se generó en la AP-6, con miles de conductores atrapados durante horas.

Los conservadores se preparan para un año que va a ser difícil. La situación en Cataluña mantiene bloqueados proyectos clave como la negociación para los Presupuestos Generales del Estado. Y, además de tener que hacer frente a los avances judiciales de los escándalos de corrupción que afectan al PP, la proximidad de las municipales y autonómicas de 2019 hará que todo adopte un tono más electoral. En este contexto, las fuentes consultadas insisten en la necesidad de "no buscar más problemas de los que ya llegan solos por sí mismos". Y culpan al departamento de Interior, en manos de Juan Ignacio Zoido, de haber inaugurado 2018 haciendo precisamente lo contrario.

Un sector del PP echa en cara al ministro que haya puesto en bandeja las críticas de la oposición en un momento delicado para las filas conservadoras. Se refieren, sobre todo, a la actitud del máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT)Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, ante el caos en la AP-6. Es uno de sus hombres de máxima confianza. Y no es la primera vez que le pone en un aprieto.

Su primera reacción fue negar cualquier responsabilidad de su departamento por la gestión de los efectos del temporal sobre esta autopista de peaje. Serrano, que reconoció que se encontraba en Sevilla el sábado —en el punto álgido de la operación retorno y de la nevada—, repartió responsabilidades entre Abertis, la empresa concesionaria de la carretera y los conductores. Nada de autocrítica.

El PP, obligado a rectificar

Poco después, desde el Gobierno y la dirección nacional del PP enmendaban sus declaraciones culpando en exclusiva a la empresa responsable de la explotación de la AP-6.

Pero lejos de cerrar este capítulo, Serrano pareció no darse por enterado del enfado que sus palabras habían provocado y, un día después, este martes, tiraba de ironía para explicar por qué no había seguido el avance del temporal en las instalaciones de la DGT. 

"Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e internet", podía leerse en su perfil de Twitter. Muchos en el PP no daban crédito y culpaban a Zoido de haber dejado "ir por libre" al director de la DGT.

 

Una vivienda de la Guardia Civil

No es esta de la nevada la primera polémica que protagoniza Serrano. El pasado año, laSexta informaba de que el Ministerio del Interior había "adjudicado una vivienda de la Guardia Civil" al director general de Tráfico, "para que la ocupe gratuitamente durante su estancia en Madrid".

En respuesta a estas informaciones, Zoido subrayó en el Congreso que no se había cometido "ninguna ilegalidad" con los trámites previos a la concesión de dicha vivienda. "Ni el director ha ocupado ese piso, ni la Dirección de la Guardia Civil se lo ha concedido".

Más allá del temporal político causado por la gestión de la nevada, Juan Ignacio Zoido es un ministro reprobado por el Congreso por haber incumplido las cuotas de acogida de refugiados comprometidas con la Unión Europea. Y al que se considera, internamente, dentro de la órbita de la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Archidona, cárcel transformada en un CIE

Este mismo miércoles, Interior informaba de que la cárcel de Archidona (Málaga), habilitada el mes pasado como Centro de Internamiento (CIE) ya no contaba con inmigrantes en sus dependencias. "Los 572 inmigrantes, todos ellos argelinos, que llegaron a ocupar este centro malagueño desde finales de noviembre, han ido poco a poco trasladándose y ahora se procederá a reparar los daños que se han producido para que en las próximas semanas este centro pueda funcionar como centro penitenciario", avanzaba el ministerio.

Interior pone así final a una decisión muy comprometida, criticada por el Defensor del Pueblo y censurada por los partidos de la oposición. La Ley de Extranjería establece que este tipo de reclusión debe desarrollarse en centros de "carácter no penitenciario".

"La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la decisión de los jueces del uso de Archidona para alojar de forma temporal a los inmigrantes allí trasladados. El Ministerio del Interior siempre prefirió esa solución que la de levantar campamentos temporales, como se ha hecho en otros países, que no garantizaban unas mínimas condiciones dignas de vida", justifica el departamento de Zoido.

El despliegue del 1-O

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la integrante del Gobierno de Rajoy que más desgastada internamente ha salido de la gestión del "desafío soberanista" de Cataluña. Pero Zoido no se ha librado en el reparto de culpas.

Incluso dentro del Gobierno se culpó a Zoido de no haber tenido un plan B para actuar el 1-0, de haber confiado en que los Mossos iban a impedir la apertura de los colegios y la votación dentro de los mismos. Y de que no hubiese más alternativa que las cargas policiales.

El mismo 1-O, desde el Gobierno se respondió que la actuación policial había sido "proporcional y proporcionada" y que la actividad de Policía y Guardia Civil no estaba dirigida contra las personas, sino contra "el material" destinado a sostener el referéndum. Un día después, el propio ministro del Interior lamentaba "los heridos de uno y otro lado". Y, en lugar de visitar a los efectivos policiales destacados en Cataluña, se desplazaba a Sevilla, ciudad en la que fue alcalde, para participar en la imposición de medallas policiales con motivo de la festividad del patrón de la Policía Nacional.

"Basta ya de escaqueos", defendieron los sindicatos policiales, "de fiestas del Día de la Policía, de palmadas en el hombro, de discursos, de tuits de peloteo, de ruedas de prensa, de servirse de lo público y no servir a lo público, de gastar 40.000 euros anuales por mosso y no equiparar nuestros sueldos".

No fue hasta el día 4 de octubre cuando Zoido viajó a Barcelona para desayunar con los policías en los barcos en los que se encontraban alojados. 

Un 'número dos' reprobado

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Antes de ser reprobado Zoido, el pleno del Congreso aprobaba el pasado junio la reprobación del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por el supuesto "chivatazo'" de la investigación de la Operación Lezo a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González.

El pasado noviembre puso a su departamento en una situación comprometida al subrayar que los sueldos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están por encima de la media de otros funcionarios en España y de las policías europeas. "Es intolerable la falta de rigor, de seriedad y de respeto", se quejaron los sindicatos.

Ciudadanos, principal rival político del PP, ha hecho de la equiparación salarial entre Policía y Mossos una de sus banderas, por lo que las palabras de Nieto fueron calificadas de "desafortunadas" en sectores de su propio partido.