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Consulta catalana 2014

El Gobierno acusa a Mas de dejar a la “intemperie legal” a los ciudadanos e impugna la consulta

El Gobierno recurre la nueva consulta de Mas porque pone a los ciudadanos “a la intemperie”

La semana pasada el Gobierno ya empezó a dar muestras de que el destino de la segunda consulta convocada por Artur Mas tras la suspensión de la primera por parte del Tribunal Constitucional (TC) iba a ser el mismo que la original: otro recurso ante el Alto Tribunal. Este viernes, tras el informe del Consejo de Estado que apuntaba a que el nuevo órdago soberanista era igualmente contrario a la Constitución, el Consejo de Ministros dio traslado la TC una nueva demanda de impugnación.

Según anunció la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo recurrirá ante el TC esta nueva consulta planteada "sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas".

Sáenz de Santamaría consideró que se trata de una consulta convocada para la misma fecha que la que ya suspendida, la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas. Además insistió en que el proceso lo llevan "quienes defienden un resultado concreto".

La mano derecha de Rajoy fue muy insistente en la idea de que la actuación del Gobierno pretende, ante todo, velar por los derechos de los ciudadanos de Cataluña, sobre todo de los funcionarios públicos "para que no se vean obligados a incumplir la ley", que quedarían en una situación de "intemperie legal".

Santamaría instó al president a ser "muy consciente" de que si con la primera consulta vulneraba la Constitución, ahora "vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna, y eso es un paso más en su responsabilidad". Pero no fue más allá. Y, aunque fue preguntada rechazó precisar si el Gobierno se plantea algún tipo de acción legal contra Mas, como máximo responsable de estas convocatorias para el 9-N.

Fundamentos

Según figura en la referencia del Consejo de Ministros "la convocatoria se entiende realizada mediante actos y actuaciones de la Generalitat, y se considera que dicha actividad desarrollada justifica la impugnación, siendo evidente que la decisión de realizar la convocatoria se ha adoptado por aquella con carácter definitivo"

Asimismo, añade que las actuaciones de la Generalitat "se realizan por distintas vías, y es de especial relevancia la información difundida a través de la página web oficial de la Generalitat de Cataluña creada al efecto –www.participa2014.cat–, la apertura de un período de deliberación participativa o el despliegue de una infraestructura para efectuar la consulta, entre otras".

Sobre los fundamentos, el Gobierno apunta que "son los mismos" que motivaron la impugnación de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, y del Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, suspendido por el TC.

Regeneración

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En este mismo Consejo de Ministros fue aprobado el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Para el Ejecutivo "supone un paso más en el afianzamiento de las políticas de Gobierno Abierto y reformas de regeneración democrática que el Gobierno viene impulsando desde el comienzo de esta legislatura". El presidente de este nuevo órgano será propuesto por el Ministerio de Hacienda y su nombramiento requerirá mayoría abdoluta del Congreso de los Diputados. Lo integrarán, además, un diputado, un senador, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos y uno del Defensor del Pueblo.

La Operación Púnica y la actuación del Gobierno ante los escándalos de corrupción dominaron gran parte de la rueda de prensa. La vicepresidenta insistió en que la labor del Gobierno es la de legislar para evitar este tipo de situaciones y el Ejecutivo lleva muchos meses con un paquete de regeneración encima de la mesa. Respecto a los partidos, mantuvo que son ellos los que deben rendir cuentas. 

Santamaría defendió el bloqueo del Grupo Parlamentario Popular a una comparencencia de Mariano Rajoy en un pleno monográfico de la corrupción con el argumento de que estos escándalos afectan a partidos de todo signo.

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