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Crisis del coronavirus

El Gobierno adapta el ingreso mínimo vital para incluir la pobreza sobrevenida por culpa de la pandemia

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Las personas que vean reducidos drásticamente sus ingresos este año, por debajo del 50%, como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19 y estén por debajo de un determinado nivel de patrimonio, podrán solicitar recibir el ingreso mínimo vital (IMV) aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

La nueva prestación, presentada como el cuarto pilar del Estado del Bienestar después de la sanidad, la educación y la dependencia, beneficiará potencialmente a 850.000 hogares, supondrá un gasto previsible de unos 3.000 millones de euros y, se cumnplen las prvisiones el Gobienro, sacará de la pobreza al 80% de las personas que hoy se encuentran en esa situación en España.

Alrededor de 100.000 hogares recibirán el IMV de oficio a finales de este mes de junio. La prestación oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición de cada hogar.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, calificó la jornada de “día histórico para la democracia“ porque “nace un nuevo derecho social en España”.

“Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que explicaremos a continuación en detalle y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia (en 2006)”, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Por ejemplo, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. “Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se hayan visto afectadas por una situación de pobreza sobrevevenida a causa de la covid-19”, añadió.

Iglesias explicó que esta posibilidad ha llevado “mucho trabajo” al Gobierno porque normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior, pero la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales les ha obligado as hallar la manera de incorporar las situaciones sobrevenidas este año.

Resistencias

El vicepresidente segundo reconoció “que podría haber cosas mejores” pero insistió en que está “satisfecho” con la forma que ha adoptado el IMV. Sobre todo porque “ha tenido muchas resistencias por parte de grandes poderes económicos y mediáticos”.

Iglesias recordó la visita del relator de la ONU sobre pobreza, Philip Alston, que en enero “sacó los colores” a España. Antes de la pandemia el país ya tenía “una elevadísima tasa de pobreza” que ahora “se ha agravado”.

“El ingreso mínimo vital es una medida de justicia social y de eficiencia económica. Se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia, que es la redistribución de la riqueza”, remarcó. Es además un instrumento “especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil” y una medida “absolutamente imprescindible” para la recuperación económica porque “los recursos no van a acabar en un paraíso fiscal sino que van a ir directamente al consumo”. El ingreso mínimo vital, añadió, es también “una cuestión de libertad” porque “no hay libertad si no se llega a fin de mes”.

El ingreso mínimo vital, pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares. De ellos, un 16% son monoparentales que recibirán 100 euros más al mes. Los 100.000 hogares más vulnerables recibirán de oficio esta prestación a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

“Una persona que viva sola tiene derecho a 462 euros, si no tienen ningún ingreso percibirá 462 euros. Pero si cuenta con ingresos de 200 euros, en ese caso recibiría 262 euros, la diferencia entre sus ingresos y el umbral de la renta garantizada”, explicó Iglesias.

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El IMV será compatible con otras rentas, incluidos los ingresos por el trabajo, lo que “permite evitar la trampa de la pobreza”, es decir, “la situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre un empleo y aceptar una prestación social”.

Y articula un estímulo específico al empleo. “Si una persona que recibe esta prestación incrementa su ingresos laborales, una parte de sus ingresos no va a computar. Si consigue ganar 100 euros más al mes no se le restarían 100 euros de la prestación sino algo menos”, puntualizó.

En cuanto al patrimonio, la nueva prestación establece un límite de 16.614 euros para una persona que viva sola, que se irá incrementando por cada persona adicional hasta los 43.196 euros. Los beneficiarios, según ha dicho, deberán tener entre 23 y 65 años o desde los 18 años, si hay menores a cargo que lleven al menos un año de residencia legal en España.

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