El futuro de Cataluña

El Gobierno congela la reforma de la sedición que beneficiaría a Puigdemont alegando falta de apoyo independentista

Los presos del 'procés' han abandonado la cárcel pasadas este miércoles.

El Ministerio de Justicia trabaja desde hace meses en una amplia reforma del Código Penal que, entre otras muchas cosas, incluirá una revisión del tipo penal de la sedición, el principal delito junto al de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés.

Los trabajos están tan avanzados que el borrador elaborado por Juan Carlos Campo está en Moncloa desde hace varios meses esperando el visto bueno del presidente y su equipo. Según ha podido saber infoLibre, en ese documento se contempla la rebaja de las condenas por sedición, actualmente fijadas entre 8 y 15 años de cárcel. En ningún caso la derogación del delito. Una propuesta que aún no se ha hecho pública y que ni siquiera se ha discutido todavía con otros grupos. 

Lo que parece claro es que ni los partidos independentistas ni tan siquiera Unidas Podemos, los socios de coalición del PSOE, la respaldan. Y en esa falta de mayoría parlamentaria se basan los socialistas para enfriar ahora una iniciativa que, hace unas semanas, algunas voces consideraban inminente hasta el punto de situarla en el calendario incluso por delante de los indultos.

La posición de los socios

Varios grupos parlamentarios creen que detrás de ese retraso hay una intencionalidad política que no tiene que ver con la falta de acuerdo en el Congreso: “A nosotros ni nos han enseñado esa reforma. No la hemos discutido, así que no nos pueden culpar de retrasarla”, asegura un portavoz de uno de los socios de investidura de Sánchez.

En Unidas Podemos la propuesta inicial siempre fue la de derogar directamente el delito de sedición por considerarlo “una concepción anacrónica y predemocrática del orden público”, aunque después de la oposición frontal del partido socialista se plantean apoyar alguna “reformulación” que en la práctica suponga una rebaja de penas y una “equiparación al ordenamiento de otros países europeos.

En el Gobierno explican que no aspiran a tener el apoyo de los independentistas en la reforma del delito de sedición porque eso conllevaría “el reconocimiento implícito de que delinquieron”. Y que, como del Partido Popular y Ciudadanos es imposible esperar cualquier tipo de apoyo en relación a Cataluña, se ven obligados a paralizarlo.

Desde ERC lo que le piden a Sánchez “es sentarse y hablar de todo. También de una amplia reforma del Código Penal que es urgente para proteger la libertad de expresión y que hoy castiga injustamente a muchos ciudadanos”. Sin embargo, fuentes parlamentarias republicanas admiten que, aunque esperan la propuesta del Gobierno, en sus planes no entra apoyar “simplemente” una rebaja de penas para un delito de sedición que también califican de “anacrónico”. Una postura parecida en este caso a la de Junts Per Catalunya, que ni siquiera se plantea negociar nada que no sea la derogación.

Los planes del Gobierno

En una entrevista este miércoles en el programa Al Rojo Vivo, de laSexta, el ministro de Justicia admitió el compromiso público del Gobierno de llevar a cabo “una reforma de un Código Penal que tiene 200 años”. Y reconoció que de momento se espera a recabar apoyos para tener garantías de que una iniciativa de tanta enjundia no se encuentre con un portazo del Congreso: “Con la reforma del Código Penal estamos hablando de una ley orgánica que requiere una mayoría cualificada para salir adelante. Tenemos que ver qué apoyo se tiene en las cámaras”.

De momento, el Ejecutivo no ha aclarado si presentará la modificación del Código Penal al completo, incluyendo otros aspectos como los delitos de opinión (injurias a la Corona y contra los sentimientos religiosos) la ley del sólo sí es sí (que previsiblemente irá a Consejo de Ministros en el mes de julio) o la derogación de la ley mordaza o, por el contrario, llevará a cabo una reforma específica del delito de sedición. 

Respecto a la intención del Gobierno de "acompasar el Código Penal" al ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno, existe una dificultad: el delito de sedición no tiene un equivalente en los modelos que se quieren emular. Lo más parecido, el ilícito que en otros países pena las conductas contra el orden público –y no contra las instituciones del Estado, que sí se enmarcarían en la rebelión– contempla siempre el uso de la violencia o la intimidación y generalmente acarrea penas más reducidas que las que impuso el Supremo en su sentencia del 14 de octubre de 2019.

La sedición, tal y como está establecida en el Código Penal español, no existe en otros modelos europeos. Se incluyó en la normativa española en el siglo XIX y apenas ha sufrido cambios desde entonces. Siempre fue ligada al delito de rebelión y no fue hasta 1995 que quedaron separados, aunque con una redacción apenas diferente a lo que se había mantenido por más de un siglo.

Fuentes parlamentarias de los grupos que apoyan al Gobierno en el Congreso interpretan que ahora Sánchez “se está guardando esa carta de la sedición” para ponerla en juego más adelante y así dotar de contenido una mesa de diálogo con el Govern catalán en la que todos temen encallar demasiado pronto por la exigencia independentista del referendum de autodeterminación. “Ahora es el momento de que le saquen el máximo rédito a los indultos”, analiza un parlamentario independentista. 

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