El Gobierno contempla de nuevo limitar los beneficios de las eléctricas si la cumbre europea no actúa sobre el gas
Al Gobierno se le empieza a hacer larga la cuenta atrás. Marcadas en rojo desde hace semanas las fechas del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo y el Consejo de Ministros del día 29, el Ejecutivo de Pedro Sánchez observa con preocupación cómo se acumulan los problemas derivados de la huelga del transporte. El presidente se ha volcado en la última semana en una intensa agenda de visitas oficiales y reuniones con mandatarios de la UE en busca de apoyos para lograr que Bruselas adopte las medidas necesarias para bajar los precios de la energía, disparados desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.
El compromiso público del Gobierno es que esos precios bajarán aunque necesita tiempo para concretar cómo. "Todo va a depender de lo que se decida en el Consejo Europeo. No es lo mismo que Bruselas acepte desacoplar el precio de la luz y el gas a que diga lo contrario", explican fuentes del Ejecutivo que también dejan claro que existe "plan B" por si Europa le acaba dando la espalda a la propuesta liderada por España. "Si la UE decide no desacoplar habrá que pedir a las empresas energéticas que ajusten los beneficios caídos del cielo", confirma el Gobierno, que aun así se muestra moderadamente optimista en que de la cumbre comunitaria salgan medidas que supongan "algún guiño" a España.
Este martes, el presidente y la vicepresidenta tercera se reunieron en Moncloa con los dirigentes de las principales empresas eléctricas del país. La propia vicepresidenta, Teresa Ribera, confirmó en rueda de prensa posterior que "no hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, sino del modo en el que pueden contribuir a conseguir energía más barata y al confort de los consumidores". En ese sentido, el planteamiento del Ejecutivo en el caso de que las noticias de la cumbre europea no sean del todo satisfactorias no sería el de gravar más a estas empresas, como plantea Unidas Podemos, si no el de recuperar una antigua propuesta: detraer un porcentaje de los llamados "beneficios caídos del cielo" (las ganancias obtenidas por vender la luz al mismo precio del gas) y sufragar así parte de la factura que pagan los consumidores.
Según uno de los representantes de las eléctricas presente en la reunión, las empresas han trasladado al Gobierno que son ellas junto a los consumidores y las familias "las grandes perjudicadas" por el aumento de precios y han defendido "que no tienen beneficios caídos del cielo" y que las que sí los tienen son "las petroleras y las gasistas". Según ese mismo directivo, durante toda la reunión "el presidente ha estado muy constructivo y ha tendido la mano a las empresas para acelerar la transformación energética".
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Lo que parece totalmente descartado por el Gobierno es que se vaya a concretar ninguna bajada significativa de los impuestos a los hidrocarburos. Fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que la bajada del IVA de la luz ya supone "12.000 millones de euros anuales", mientras que desde el ministerio de Transportes explican que "son los precios y no el IVA el problema de los transportistas, porque se lo deducen".
El fin de la huelga
Respecto a los precios de los combustibles, el Ejecutivo insiste en que el compromiso adquirido este lunes para bonificar el gasto en gasolina de los transportistas por valor de 500 millones de euros es "firme", y advierte que no será hasta el viernes cuando puedan aportar "más concreción" a las asociaciones del sector. "El viernes tenemos fijada otra reunión y ahí sabremos el resultado del Consejo Europeo, podremos trasladar detalladamente las medidas", explican fuentes del Ministerio de Transportes.
De hecho, lo que espera el Ejecutivo es que para el fin de semana quede completamente normalizada la situación del transporte y se ponga fin a los problemas de distribución que además han acarreado importantes perjuicios en la cadena productiva. Este lunes varias asociaciones se desmarcaban de la propuesta del Gobierno de entregar ayudas directas para el combustible y mantenían su apuesta por los paros. Según el Ministerio, los datos de la DGT confirman que el número de camiones que circularon el martes por las carreteras españolas fue sensiblemente superior al lunes, cuando aún no se conocía la propuesta del Gobierno.
