Congreso de los diputados

El Gobierno pierde tres apoyos (todos canarios) en una legislatura en la que cada voto cuenta

La exportavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, saluda al diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, tras firmar el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez

Dicen que en España nos gusta hacer las cosas en el último momento (en los estudios, en el trabajo o incluso en el amor) y si consideramos al Gobierno como la mayor expresión del país, esta máxima se cumple a rajatabla. El Ejecutivo, conformado por PSOE y Unidas Podemos, se ha aficionado a bordear el precipicio en cada votación parlamentaria. Las negociaciones in extremis están siendo la norma, y no la excepción, en estos más de dos años de legislatura. Una situación que irrita a sus socios (que cada semana repiten que hay que cuidar las mayorías parlamentarias) y que tiene que ver con los exiguos números de los partidos de gobierno, lejos de la mayoría absoluta, marcada en 176 escaños.

La percepción de debilidad no ha mejorado con el tiempo, todo lo contrario. PSOE y Unidas Podemos comenzaron la legislatura sumando 155 escaños. Teóricamente se trata de los votos que el Gobierno tiene asegurados en cada votación (salvo equivocaciones) para sacar adelante leyes, iniciativas y proposiciones, pero esta mayoría se ha reducido a 153 tras la marcha forzada de Alberto Rodríguez (cuyo escaño no se ha cubierto) y la salida de Meri Pita, que actualmente se integra en las filas del Grupo Mixto. Ambos concurrieron a las elecciones en la lista de Unidas Podemos por Canarias.

A estas dos bajas se les unirá próximamente la de Pedro Quevedo, parlamentario de Nueva Canarias y uno de los apoyos más fieles del Ejecutivo. El diputado deberá dejar su acta el próximo 30 de junio en favor de María Fernández, de Coalición Canaria, según el acuerdo que firmaron ambas formaciones de cara a las generales de 2019. El trato consistía en que Quevedo ocuparía el escaño dos años y medio (30 meses) y Fernández el resto de la legislatura (18 meses). La partida de Quevedo solo complica más la aritmética al Ejecutivo, como admiten fuentes gubernamentales consultadas por infoLibre. “Cada vez somos menos, al final vamos a parecer Ciudadanos”, ironizan desde Unidas Podemos. 

Sin embargo, en el Gobierno también sacan pecho del hecho de haber superado el ecuador de la legislatura con dos presupuestos aprobados y sin haber perdido ninguna votación importante. Lo que quiere decir que la coalición ha demostrado que es posible dar “estabilidad” al país sin tener mayoría absoluta. "Al menos mucha más estabilidad que la que han mostrado PP y Ciudadanos".

Durante estos meses el Gobierno ha contado en prácticamente cada votación con el de Quevedo, incluso cuando otros socios se han mostrado mucho más combativos. Ambas formaciones (PSOE y Nueva Canarias) gobiernan conjuntamente en la isla bajo la presidencia del socialista Ángel Víctor Torres. El partido canario se define como una formación de ideología progresista, por lo que la interlocución con el Gobierno es más fluida que la que tiene Coalición Canaria, de carácter conservador.

A diferencia de lo ocurrido con Quevedo, Coalición Canaria no ha resultado ser el socio más fiable del Ejecutivo esta legislatura. A 24 horas de la primera votación para la investidura de Pedro Sánchez, la diputada Ana Oramas desobedeció a su partido y anunció su voto en contra. En ese momento las cuentas dejaron de salir para Pedro Sánchez y Adriana Lastra, entonces portavoz parlamentaria, inició una ronda de negociaciones de urgencia para asegurarse el ‘sí’ de formaciones como el BNG, dudosas hasta el último instante.

La 'cuota' canaria tambalea las mayorías del Gobierno

La primera baja del Gobierno llegó de la mano de Alberto Rodríguez. El 24 de octubre de 2021, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, comunicó a Rodríguez que perdía el escaño con efecto inmediato. Sobre él pesaba la condena del Tribunal Supremo que comportaba su inhabilitación —para el ejercicio del sufragio pasivo— durante un mes y una pena de prisión de un mes y quince días —sustituible por una multa de 540 euros— por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. El canario acató, pero prometió dar una batalla —política, comunicativa y judicial— que continúa más de medio año después.

Rodríguez quiso dejar su escaño vació a modo de protesta simbólica. La comprensión inicial que mostró entonces la dirección de Podemos y que más adelante dio paso al nerviosismo tras la ajustada votación de la reforma laboral (que salió adelante por la equivocación de un parlamentario del Partido Popular), se ha convertido ahora en resignación por parte de la formación morada. Esto molesta especialmente al PSOE, que presiona a los morados para recuperar ese escaño, aunque la batalla parece perdida. La sustituta de Rodríguez y amiga personal del exdiputado, Patricia Mesa, no acepta el acta pero tampoco renuncia a ella.

A finales de marzo otra diputada de Unidas Podemos certificó su salida de la formación aunque, a diferencia de Rodríguez, ella conserva el escaño. Se trata de María del Carmen Pita, conocida como Meri Pita, que abandonó Unidas Podemos entre críticas a la "deriva orgánica" del espacio. La diputada ya no se rige por la disciplina del partido, por lo que su voto no está garantizado. "Sigo defendiendo que este es el mejor gobierno posible, dados los resultados electorales de 2019, y voy a seguir apoyando aquellas cuestiones que refuerzan el discurso social. En la medida que no sea así, plantearé un voto contrario", explica a infoLibre.

Pita traslada la misma queja que la de otros socios habituales del Ejecutivo: la ausencia de diálogo. "No estamos acostumbrados a parlamentar, a negociar, incluir y eso siempre es bueno en democracia. Yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es hablar más, no venir con los textos legales ya escritos y entre todos aprenderemos a ahondar en esta línea", sintetiza. "El bipartidismo desde mi punto de vista no es bueno para sanear una democracia que es plural. Prefiero esta nueva fórmula, en la que el Gobierno tiene que trabajar más".

Estas bajas han dejado tocada la mayoría del Gobierno, que ha visto cómo en sus últimas votaciones (entre ellas la del decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra) los números han estado muy ajustados. Y no se descartan más deserciones, como la de Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso (en Unidas Podemos creen que podría ser la próxima en irse). Hay otros diputados del ala socialista, como Odón Elorza, que tampoco siguen siempre las directrices marcadas por su partido y que, por lo tanto, también podrían en un momento dado poner en riesgo las mayorías.

¿Adiós a las mayorías absolutas?

Lo cierto es que la expresión política de España nunca ha sido tan plural como lo es en estos momentos. El Congreso tiene ahora once grupos parlamentarios y en él están representados 24 partidos. En 2023, si se cumplen las expectativas de la Plataforma España Vaciada, pueden ser más, a costa sobre todo de los cuatro más numerosos (PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos). 

Si no existen mayorías claras, y las últimas encuestas apuntan en esa dirección, en la próxima legislatura llegar a acuerdos será todavía más difícil que en esta. Pero España no es en esto una excepción. Si acaso, un país que se incorporó tarde a un fenómeno que va a más en casi toda Europa. 

En lo que 'gana' por goleada el Gobierno actual a uno hipotético de la derecha es, precisamente, en sus apoyos parlamentarios. Más allá de Vox, el PP sólo puede esperar el de UPN, Foro y Coalición Canaria, apenas cuatro o cinco diputados. Y quizá de Ciudadanos, si logra sobrevivir a las próximas elecciones. El resto, sobre todo los partidos nacionalistas e independentistas, incluidos los más próximos a la derecha, como el PNV, Junts y el PDeCAT, están hoy por hoy fuera de su alcance.

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