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El Gobierno se prepara para asumir el desgaste político del archivo de la investigación penal contra el rey emérito

Foto de archivo del rey emérito don Juan Carlos I en el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución en el Congreso, en 2018.

Cuando en Moncloa se pregunta por la situación del rey emérito la conversación se vuelve incómoda. El asunto suele darse por solventado con alusiones a la independencia de la Justicia y el respeto a las decisiones de los tribunales. A veces, también con alguna mención a la “ejemplaridad” del actual jefe del Estado y, si la actualidad aprieta, se añade una petición de explicaciones por las conductas de Juan Carlos I. Poco más. Ahora, el inminente archivo de las diligencias que comunicará la Fiscalía del Tribunal Supremo en los próximos días, unido al incesante goteo de detalles de escándalos económicos vinculados a la familia real, hace prever que esa incomodidad podría ir en aumento.

“La Fiscalía trabaja con la máxima autonomía”, se limitan a responder en Moncloa ante el escenario que se avecina. La idea en la parte socialista del Ejecutivo es pasar de puntillas por un tema que se asume que empieza a generar desgaste público a las instituciones. La actitud del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo respecto a la Monarquía: cierre de filas con Felipe VI y evitar, en la medida de lo posible, entrar en exceso en el capítulo de andanzas del emérito. “Ser el partido monárquico de izquierdas tiene un coste”, reflexionan desde Unidas Podemos, socio de coalición de los socialistas y con un planteamiento respecto a la Corona en las antípodas de los de Sánchez.

“Lo que me parece más grave es cómo se están forzando y tensionando las instituciones democráticas para encubrir una actividad que es flagrante y que todo el mundo está viendo”, razona Rafa Mayoral, diputado de Unidas Podemos y responsable morado de la secretaría de Horizonte Republicano y Profundización Democrática. “La crisis de la Monarquía está debilitando y agrietando la credibilidad institucional. Todo el mundo sabe lo que hay. El propio Felipe VI renunció a un dinero que no cree legítimo. Es todo muy evidente”, añade.

La hoja de ruta del PSOE

Nadie espera que cambie el guión en el seno del PSOE cuando se confirme el archivo por parte de la Fiscalía. Y lo cierto es que, más allá de las declaraciones públicas, el conjunto de socios parlamentarios del Gobierno asume que no pasará mucho más. “No será por no intentarlo, hemos planteado hasta 14 comisiones de investigación en el Congreso y todas nos las ha tumbado el PSOE con PP y Vox”, recuerda un diputado aliado del Gobierno. Alguna de esas peticiones recibieron incluso en visto bueno de los letrados del Congreso, que no pusieron reparos a que se investiguen las actuaciones llevadas a cabo por Juan Carlos I después de abdicar, como el presunto uso de las tarjetas opacas.

La respuesta del PSOE siempre ha sido la misma: "El Congreso tiene sus funciones tasadas en la Constitución española y controlar al jefe del Estado no está entre ellas”. En la vía parlamentaria hay poco recorrido más, algo asumido a estas alturas por todo el mundo. En la vía política, el presidente del Gobierno fue un poco más allá hace solo unas semanas en una entrevista en laSexta en la que afirmó que, a su juicio, “sería conveniente” que el emérito diese explicaciones.

Solo unos días después, en la SER, Sánchez se mostró dispuesto a introducir en el debate sobre una futura reforma constitucional la eliminación de la inviolabilidad del rey: “No creo necesaria esa condición para el jefe del Estado. Es producto de otra época legítima de nuestra democracia, pero no una etapa democrática consolidada con más de 40 años de historia que mira hacia adelante”, dijo el presidente.

El posicionamiento tanto del socio de coalición como de otros muchos socios parlamentarios de Pedro Sánchez va mucho más allá, y supone una diferencia trascendental de cara a una posible reforma de la Constitución en el seno del propio bloque progresista del Congreso. “Es que esto no es cuestión de que haya ningún republicano que cuestione nada, el problema son las propias contradicciones internas de una institución que está por encima de la ley y por encima de la voluntad popular”, razona Rafa Mayoral.

Archivo inminente

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Tal y como publicó infoLibre, la Fiscalía del Tribunal Supremo considera concluida la investigación contra Juan Carlos I y ya tiene ultimados varios borradores del decreto en el que archivará las diligencias que comenzaron hace más de dos años. Según fuentes fiscales, en la resolución se expondrá que las indagaciones realizadas han revelado delitos fiscales en los que habría incurrido el rey emérito, pero también la imposibilidad de enjuiciarle por ellos por cuestiones como la inviolabilidad que le protegía hasta su abdicación en 2014, prescripción de los ilícitos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos.

La propia Fiscalía del Tribunal Supremo que ahora archivará la investigación también ha estado en el foco de las críticas por el trato dispensado a Juan Carlos I tras notificarle la apertura de diligencias relativas a su fortuna antes de diciembre de 2020, cuando el emérito presentó una regularización fiscal mediante una declaración voluntaria en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

En total, son cuatro las líneas de investigación sobre las finanzas del rey emérito que se han abierto tanto en Suiza como en España: las supuestas comisiones ilegales por la intermediación para la construcción del AVE a la Meca, el uso por parte de miembros de la familia real de tarjetas de crédito que se nutrían de fondos de un empresario y que no habían sido declarados, el posible dinero opaco en el paraíso fiscal de Jersey y las cuentas bancarias con las que habría estado manejando su fortuna y que están vinculadas a dos fundaciones, Lucum y Zagatka, radicadas en paraísos fiscales. Juan Carlos I nunca ha sido formalmente imputado ni en España ni en Suiza. Fuera de España desde hace 15 meses, está por ver si el Emérito vuelve o no por Navidad, un escenario que podría complicar aún más el panorama para el Gobierno y para la propia Corona. 

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