Dependencia

El Gobierno reduce la lista de espera en dependencia centrándose en los casos que requieren menos recursos

Un anciano pasea ayudado por una muleta.

El número de personas con derecho reconocido que permanecen a la espera de un servicio o prestación en virtud de la ley de dependencia se ha reducido un 11% en el último año: de 348.309 usuarios a 310.120, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [consultar aquí]. El dato es positivo porque evidencia que al cierre de 2017 había menos personas desatendidas que doce meses antes. 

La letra pequeña, sin embargo, no es tan prometedora, pues muestra que esta reducción se ha logrado, principalmente, porque las administraciones se han centrado en la atención de los casos menos graves y que requieren menos recursos y, por tanto, tienen menos impacto en el erario público. Así, la lista de espera de las personas valoradas con un grado más leve de dependencia, las que tienen necesidades de apoyo "intermitente" o "limitado", se redujo un 16,1% en el último año: de 226.364 a 189.742. 

En el mismo periodo, sin embargo, el número de grandes dependientes y dependientes severos que siguen esperando una ayuda o prestación que tienen reconocida apenas se redujo un 1,3%: de 121.945 usuarios a 120.378. Apenas 1.567 menos. En este grupo están ancianos con escasa movilidad que tienen que permanecer encamados o enfermos de alzhéimer en su fase más aguda, entre otros perfiles. 

Esta circunstancia tiene implicaciones económicas porque no cuesta lo mismo atender a un usuario grave que a uno leve. Tras la subida media del 5,26% aprobada en el último Consejo de Ministros de 2017, la aportación que hace la Administración General del Estado a las comunidades para financiar las prestaciones o servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) es de 190,13 euros mensuales para los grandes dependientes, de 84,49 euros para los severos y de 47,38 euros para los moderados. El resto del coste del servicio lo tienen que financiar las autonomías, que están sometidas a programas de estabilidad presupuestaria. 

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lleva tiempo denunciando los efectos que tiene para el sistema el menor peso de la inyección económica del Estado. Los últimos datos los aportó el pasado septiembre tras analizar las certificaciones oficiales sobre ejecución de los presupuestos que las autonomías expiden anualmente. Pues bien, según esa documentación, de los 6.911,05 millones de euros que durante 2016 salieron de las arcas públicas para financiar el sistema de dependencia, sólo 1.201,10 fueron aportados por la Administración General del Estado. Los otros 5.709,95 millones de euros los sufragaron las comunidades autónomas.

Estos datos permiten comprobar cómo, en porcentaje, la contribución estatal se ha reducido de forma significativa desde 2009, cuando el Gobierno aportó casi la mitad del dinero público invertido en un sistema en fase de expansión (1.516,76 de 3.303,18 millones de euros, el 45,92%). En números absolutos la aportación estatal se ha reducido un 20,8%, mientras que la autonómica se ha multiplicado por cuatro (de 1.332,00 millones de euros a 5.709,95).

Espera y trámites

Los retrasos que soportan los ciudadanos para recibir las ayudas previstas en la ley y los farragosos trámites administrativos han constituido algunos de los motivos de queja más recurrentes de la aplicación de esta norma. De hecho, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el 25,3% de las personas que causaron baja del sistema durante 2017 no estaban recibiendo su correspondiente prestación. Además, el departamento que dirige Dolors Montserrat admite que el fallecimiento es la "principal" causa de baja, tal y como viene denunciando en sus informes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Respecto a los trámites, la última información oficial muestra que otras 120.213 personas estaban esperando a finales de año a que su expediente empezara a ser gestionado. Es decir, a que la administración pública correspondiente valorara su solicitud y determinara si cumple con los requisitos del baremo y tiene derecho a ayuda o, por el contrario, desestimara su petición. Esta cifra es un 16,4% superior a la registrada hace dos años, cuando el número de solicitudes sin gestionar era de 103.238.

Estos datos evidencian que las comunidades no han sido capaces de estabilizar la lista de espera para la valoración, pues el número de expedientes sin resolver ha aumentado de forma mucho más significativa (+16,4%) que el de solicitudes (+5,5%), al pasar de 1.622.203 a 1.711.379. De media, el porcentaje de solicitudes que a finales de año seguían esperando a ser tramitadas era del 7%, pues de los 1.711.379 procedimientos iniciados estaban resueltos 1.591.166.

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