El futuro de Cataluña
El Gobierno teme que Estrasburgo tumbe la sentencia del 'procés' y sirva de revulsivo al independentismo
En su intervención en el Liceu de Barcelona para oficializar y explicar el indulto a los líderes del procés, Pedro Sánchez se refirió en varias ocasiones a la “utilidad pública” de la medida de gracia: “Con este acto sacamos materialmente de la cárcel a nueve personas, pero sumamos simbólicamente a millones y millones de personas para la convivencia”.
Detrás de esas palabras existe el convencimiento político de que el independentismo lleva “sobrerrepresentado” en apoyo público y electoral desde tiempos de Mariano Rajoy en base, principalmente, a un sentimiento de victimización alimentado por la gestión del PP de la crisis de 2017: “El Estado nos reprime”, es el mensaje más habitual en el imaginario secesionista. En el Gobierno esperan ahora que la salida de prisión de los nueve políticos catalanes consiga por fin quitar ese tapón para que el diálogo pueda darse, en todos los sentidos, en condiciones de igualdad.
Y también espera que, poco a poco, ese mensaje vaya calando en la sociedad catalana y permita establecer vías de interlocución más sinceras, una vez pasada la página de la anormalidad que supone que la élite política de un territorio como Cataluña permaneciese encarcelada durante más de tres años y medio. En ese sentido, desde el Ejecutivo aseguran “estar muy tranquilos” ante los recursos de Vox y Ciudadanos al Supremo, que creen que no tendrán recorrido. Aunque sí muestran cierta inquietud con lo que pueda dictaminar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
De hecho, todas las esperanzas de la defensa de Carles Puigdemont pasan por Estrasburgo, que de tumbar la sentencia a los condenados por el procés le daría vía libre para volver a España sin temor a afrontar el mismo horizonte judicial que sus compañeros. De producirse una resolución negativa, el Gobierno considera que “sería un palo” para España en su conjunto y para su estrategia con Cataluña en particular. “Habrá que ver qué dice Estrasburgo, pero sería grave que tumbara la sentencia porque eso además supondría una victoria para Puigdemont y volvería a darle alas a la parte del independentismo que quiere seguir asumiendo el papel de víctimas”, explica una fuente del Gobierno.
De uno a tres años
En cualquier caso, los plazos para que el tribunal de Estrasburgo dé su veredicto sobre la sentencia del procés, que los condenados están recurriendo alegando que se vulneraron sus derechos fundamentales, son muy amplios y también muy inciertos. Según fuentes del TEDH consultadas por este periódico, los casos más sencillos suelen resolverse en un plazo de algo más de un año, pero los más complejos sobre los que apenas existe jurisprudencia, o por la inexistencia de ella, pueden extenderse hasta más de dos años o incluso tres.
Para presentar demanda en el TEDH se tienen que haber agotado los recursos en los tribunales de cada país. En España, el último trámite es ante el Tribunal Constitucional (TC). Los doce condenados en el juicio del procés fueron al tribunal de garantías, que ya se ha pronunciado sobre seis de ellos, los de Meritxell Borràs, Carles Mundó –ambos condenados por desobediencia, sin penas de prisión–, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Cuixart y Jordi Turull. En el caso de los dos primeros, el Pleno del TC avaló la sentencia del Tribunal Supremo por unanimidad, pero en las resoluciones sobre los cuatro últimos hubo dos votos particulares, los de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.
El precedente de los votos particulares del TC
Estos dos magistrados emitieron sendos votos particulares en los que consideran que las condenas por sedición fueron desproporcionadas y aunque subrayaron la gravedad de los hechos ocurridos durante el proceso independentista catalán, opinan que se podía haber tomado una decisión más "en favor" de los presos. Esta es una de las principales bazas en la estrategia de los condenados en Estrasburgo, además de su queja de que fuera el Supremo y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que juzgara los hechos, lo que vulnera, según su versión, el artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley.
La decisión que tome el TEDH no se puede, ni mucho menos, intuir en este momento procesal, cuando sólo acaban de llegar a Estrasburgo las demandas de Cuixart, Rull y Turull. Pero la posibilidad de que el tribunal dé la razón en su totalidad o en parte a los condenados por el procés existe y no es descabelladaprocés . Y aunque el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido por activa y por pasiva en todas sus declaraciones públicas la actuación del Supremo desde que se concedieron los indultos el martes pasado, desde el Gobierno son conscientes de que en el entorno europeo es "muy excepcional que haya líderes políticos encarcelados" y creen que la sentencia "no se entiende bien" en Europa y el resto del mundo, sobre todo por lo elevado de las penas.
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El proceso en Estrasburgo
El proceso que se abre una vez llegan las demandas al tribunal de Estrasburgo es el mismo en todos los casos. Desde el TEDH se hace una primera comprobación de que el recurso reúne todos los requisitos formales exigidos –la argumentación tiene que tener un número limitado de páginas, por ejemplo, a la que se puede adjuntar la documentación que el demandante considere oportuna– y si todo está correcto, se le asigna un número de procedimiento. Después hay un proceso de filtrado y el caso se asigna a un solo juez, una sala de tres magistrados u otra de siete, en función de la complejidad del asunto y la jurisprudencia que haya sobre ese tema.
Durante el proceso, puede ocurrir que se convoquen vistas públicas para que las partes defiendan su postura, pero las fuentes consultadas remarcan que no suelen ser muy habituales. A lo largo de la deliberación, el juez o tribunal puede enviar preguntas a las partes en caso de que le surja alguna duda. Tras la sentencia, cualquiera de las partes puede intentar presentar recurso ante la Gran Sala del TEDH, que está conformada por diecisiete magistrados, pero no siempre se admite.