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Los Gobiernos de la UE negocian un 'cheque en blanco' para espiar a los periodistas

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Harald Schumann (Investigate Europe) / Alexander Fanta (Netzpolitik)

Los Gobiernos de la Unión Europea (UE) quieren permitir la vigilancia de los periodistas y sus interlocutores, incluido el uso de programas espía, si las autoridades de seguridad lo consideran necesario. Así consta en documentos de las negociaciones en curso en la UE sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, consultados por Investigate Europe, netzpolitik.org y Follow the Money.

La ley de medios de la UE, propuesta por la Comisión Europea el pasado septiembre, pretende proteger a los periodistas y a los medios de comunicación contra el control político de gobiernos y propietarios. Estos están poniendo visiblemente en peligro la libertad de expresión y la diversidad de los medios en varios países de la UE, sobre todo en Polonia y Hungría, pero también en otros lugares, como llevan años advirtiendo expertos como los autores del informe anual Media Pluralism Monitor del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Es indispensable para una información crítica e independiente que los periodistas puedan protegerse a sí mismos y a sus fuentes de la vigilancia, incluida la que ejercen las autoridades estatales. Por eso el artículo 4 del proyecto de ley de la UE prohíbe explícitamente las medidas coercitivas contra los periodistas para que revelen sus fuentes, así como la vigilancia de sus comunicaciones y el uso de programas espía en sus ordenadores y teléfonos.

Pero en el Consejo de la UE, donde los representantes de los 27 gobiernos comunitarios negocian a puerta cerrada, el Gobierno francés exigió que se diera marcha atrás al artículo 4. De forma que el espionaje a periodistas y el uso de programas informáticos de espionaje contra ellos puedan estar permitidos, si así lo justifica "la seguridad nacional".

Hace dos años, una investigación conjunta de medios de comunicación como The Guardian, Le Monde y Washington Post, demostró cómo agentes estatales de varios países habían utilizado el programa espía Pegasus contra ciudadanos, entre ellos reporteros de Hungría y otros países. En Grecia, se supo el año pasado que varios periodistas habían sido supuestamente objetivo del Estado a través de la tecnología de espionaje Predator. En España, por su parte, las autoridades habrían utilizado programas espía contra periodistas que informaban sobre el movimiento independentista catalán.

Como reacción a estas revelaciones, el Parlamento Europeo creó una comisión especial de investigación sobre el tema y exigió que se prohibiera la venta de programas espía hasta que se definiera claramente en la ley en qué casos excepcionales puede utilizarlos el Estado.

Pero parece que a algunos gobiernos de la UE le importan poco las preocupaciones del Parlamento. Los gobiernos de Alemania, Países Bajos, República Checa, Luxemburgo y Grecia apoyaron explícitamente la petición francesa de una excepción de seguridad nacional al artículo 4, según el informe diplomático alemán del grupo de trabajo competente del Consejo, celebrado el 17 de abril. Ningún otro representante gubernamental de la UE se opuso. Por ello, el gobierno sueco, que preside actualmente el Consejo, añadió un párrafo en la última versión del proyecto de ley en el que se afirma que el artículo 4 "se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional".

Cuando se le preguntó por las razones para apoyar la controvertida disposición, un portavoz de la ministra alemana de Cultura y Medios de Comunicación, Claudia Roth, explicó que sólo pretendía garantizar que "las competencias de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad nacional, determinadas en el Tratado de la UE, no se vieran afectadas".

Pero la Federación Europea de Periodistas sostiene que esto es engañoso. A diferencia de los Tratados de la UE, afirma la organización, "la actual propuesta del Consejo no contiene ninguna disposición sobre la protección de los derechos fundamentales".

El portavoz de Roth añadió que en las próximas negociaciones el gobierno alemán intentará proteger la diversidad de los medios de comunicación. "También nos interesa garantizar que esto no cree una puerta de entrada para restricciones injustificadas", destacó.

Un portavoz del gobierno holandés no explicó por qué apoyaban la excepción, pero subrayó que la seguridad nacional es un asunto estrictamente estatal y que el marco jurídico holandés es sólido en este sentido. El gobierno francés no respondió a la petición de los periodistas para conocer su versión.

El periodista griego Thanasis Koukakis, una de las muchas víctimas del espionaje, está resentido por la propuesta de excepción por motivos de seguridad nacional. Descubrió que el programa de escuchas Predator había sido instalado en su smartphone en el verano de 2021, mientras investigaba sobre blanqueo de dinero y corrupción en el banco griego Piraeus. Más tarde supo que el servicio secreto griego también le vigilaba.

"Mi caso demuestra lo fácil que es utilizar la seguridad nacional como pretexto para amenazar a los periodistas y a sus fuentes", afirma Koukakis, quien añade que “sería muy decepcionante que la UE aprobara una ley que legalice este tipo de medidas sin control externo ni escrutinio público". "Esa no sería la Europa de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", denuncia.

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Sophie in't Veld, eurodiputada liberal holandesa que dirigió la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre Pegasus y otros programas espía, considera "un desastre" los recientes cambios introducidos por los gobiernos de la UE en el proyecto de la ley de medios. El concepto de seguridad nacional sirve de "cheque en blanco", mientras que lo que realmente se necesita es un "marco jurídico claro".

Katarina Barley, socialdemócrata alemana y vicepresidenta del Parlamento Europeo, está de acuerdo. Según ella, también debe ser posible vigilar a los miembros de profesiones protegidas, como periodistas y abogados, en caso de delitos graves inminentes. Pero siempre debe haber "un órgano independiente" que "compruebe en cada caso concreto si hay motivos concretos para sospechar". Y, por supuesto, debe existir una comprobación a posteriori de si la vigilancia estaba justificada o no. "Las excepciones generales sin más precauciones no son aceptables", critica Barley.

Pero una excepción general es lo que está sobre la mesa de los gobiernos de la UE la próxima semana, cuando tienen previsto adoptar en principio la posición del Consejo sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Sin embargo, la legislación final de la UE necesitará el visto bueno tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. Es posible que la Eurocámara, en las negociaciones con el Consejo, someta finalmente esta excepción a un marco jurídico estricto, dice Barley. "Pero no es algo seguro", admite.

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