El patrimonio del expresidente madrileño

González se escuda en el ministro del Interior para pedir que no se siga investigando el 'caso ático'

Ignacio González conversa con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en una visita realizada en 2014 al Canal de Isabel II.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se parapeta en el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para tratar de convencer a la jueza que investiga la compra de su ático de lujo en Estepona (Málaga), Isabel Conejo, para que no dé curso a las investigaciones solicitadas por la acusación popular de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid.

González no quiere que el comisario Agapito Hermes de Dios, que se encargó de las pesquisas realizadas en Estepona para determinar si el ático era desde 2008 propiedad del político madrileño, declare como testigo en el Juzgado, ya que le considera responsable de una investigación ilegal, según un escrito de 14 de marzo pasado por los abogados Antonio Navas y José López Guerrero.

"Agapito Hermes de Dios fue destituido de su cargo de comisario de Marbella por revelación de secretos y por falta de custodia de documentos al filtrarse a la prensa (El Mundo) determinadas informaciones relativas a Ignacio González, una vez la Fiscalía había instado el archivo de la investigación", resaltan los letrados en el documento al que ha tenido acceso infoLibre.

"Investigación ilegal"

El escrito acude al diario de sesiones del Senado de 10 de abril de 2012, para incorporar la comparecencia del ministro Jorge Fernández Díaz, en la el titular de Interior aseguró que no había ninguna investigación policial sobre Ignacio González "de acuerdo con los procedimientos y protocolos legales establecidos en la Dirección General de la Policía [...]. Por tanto, si se ha hecho alguna investigación es ilegal... Ninguna investigación policial regular, de acuerdo con los protocolos de la Dirección General de la Policía, consta en los archivos y registros".

No obstante, el ministro reconoció que a finales de julio y principios de agosto del ese años, "irregularmente y al margen de los protocolos establecidos, a una autoridad policial se le ordenó que investigara de manera discreta a esa autoridad. Esa información, según tengo entendido se cerró a principios de este año al no haber ningún indicio de delito. Pero ahora vamos a averiguar y a exigir las responsabilidades pertinentes de quién ordenó esas investigaciones irregulares".

"Fin mediático"

Según el escrito del expresidente madrileño, esa última frase del ministro hace referencia al propio Agapito Hermes de Dios y al también comisario José Manuel Villarejo. "Igual de admitirse la declaración de Agapito Hermes de Dios fuera procedente citar como testigos al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a Ignacio Cosidó como director general de la Policía -lo que sin duda beneficiaría el fin mediático de la acusación particular [en realidad es acusación popular]- que firma su destitución y traslado por prestarse a realizar y filtrar a la prensa actuaciones policiales fuera de protocolo, siguiendo instrucciones del comisario Villarejo con una finalidad aún indeterminada".

Precisamente, el comisario Villarejo aseguró ante la jueza de Estepona que Cosidó le obligó a dar carpetazo a la investigación inicial. Por su parte, el comisario Enrique Rodríguez Ulla, que también prestó testimonio en el caso, aseguró que fue relevado de su cargo después de iniciar la investigación policial contra el que fuera número dos de Esperanza Aguirre tanto en el Gobierno como en el PP madrileño.

Y González tampoco quiere que la jueza Isabel Conejo cite como investigados (imputados) el presunto testaferro de la operación, Rudy Valner, y el supuesto propietario del mismo, el ciudadano argentino Luis Osvaldo RepettoLuis Osvaldo Repetto, tal y como ha reclamado la acusación popular de los despedidos en el ERE de Telemadrid.

Comisario Rodríguez Ulla

También rechaza el resto de diligencias reclamadas. Como por ejemplo que se certifique si la notaria que firmó la compraventa del ático, Julia Sanz López, ha sufrido algún expediente, que se investigue las veces que ha visitado España el propio testaferro Rudy Valner, y que se pida a Panamá información sobre la empresa Walford Overseas SA (Panamá) y no a Walfort Overseas Investments LTD. LLC de Delaware (EEUU).

Respecto a las entradas de Valner a España, González nuevamente considera sospechoso que en la comisaría encargada, la de Extranjería y Fronteras, esté destino el comisario Enrique Rodríguez Ulla, uno de los que según el agente Villarejo fue uno de los represaliados por investigar a González.

Según el escrito que dirigen a la jueza los abogados de González, la sociedad que participa en la compra del ático en 2008, que se denomina Coast Investors LLC, no tiene "ninguna vinculación con Walford -CON D!", escribe el letrado en el documento, que incluye las mayúsculas en el mismo.

Inversión extranjera

Walford Overseas es una de las empresas que los extrabajadores de Telemadrid han detectado en PanamáPanamá, y cuyo nombre es muy parecido al que el propio testaferro Rudy Valner incluyó en el impreso en el que declaró en 2008 la inversión extranjera para comprar el ático de Estepona: Walford Overseas Investments Ltd. (con una 'f' como cuarta letra y una 'd' final').

Pese a esta información, y que la propia Coast Investors LLC, imputada en la causa, reconoce al menos haber cometido un error cuando rellenó el impreso para la inversión extranjera, el letrado, en tono de burla, se remite a un escrito suyo anterior, de 10 de marzo, "dónde de modo didáctico nos dirigimos a las acusaciones para que tomen nota de la diferencia entre las mercantiles".

"Sobre todo con la finalidad de que no emponzoñar más la instrucción con este baile de denominaciones, pretendiendo vincularnos con Panamá, con el despacho Mossac & Fonseca y con no sabemos cuantas sociedades más vinculadas por otras investigaciones", completa los abogados de González.

"Supuesto confidente"

El escrito también rechaza en nombre del expresidente madrileño del PP que se remita el expediente policial completo sobre el ático de González, al considerar que la acusación de los extrabajadores de Telemadrid pretende aportar notas policiales "de autor, sobradamente conocido u oculto bajo la supuesta figura del confidente, fuera de control jerárquico y protocolo, carentes de datos objetivamente contrastados o corroborados cuyo valor probatorio sería nulo, por lo que no tenemos más remedio que oponernos".

En este sentido, González asegura que se oponen a esta petición de la acusación ya que las notas policiales "sin fecha, membrete, firma, sin origen, ni registro numerado de entrada/salida, ya se ha encargado el comisario Villarejo de traerlas al procedimiento en al menos dos momentos, que fueron en su toma de declaración como testigo y recientemente en la aportación de una denuncia por no sabemos bien qué motivos en la que viene a adjuntar nuevamente unas notas previamente filtradas a infoLibre" y otros medios de comunicación.

"Una causa general"

El letrado Navas también rechaza que se investigue el patrimonio de sus defendidos, otra de las peticiones de la acusación, que coincide con lo ya solicitada por la jueza Isabel Conejo. "Fuera del limite de lo aquí investigado nos lleva nuevamente a criticar que por la acusación popular se pretende, desde un principio, crear una causa general contra mis patrocinados que debe evitarse a toda costa por los Juzgados".

El expresidente madrileño tampoco quiere que la jueza incorpore el sumario de un caso en Colmenar de Oreja (Madrid), en el que según el comisario Villarejo, aparece también el nombre de González. Y se opone a que se determine el nombre del beneficiario final de la empresa que compró en 2008 el ático, "cuando se sabe que eso es imposible de determinar conforme a la legislación de Delaware".

Ataque a Villarejo

Además, González presenta un segundo escrito, en esta ocasión un recurso contra la decisión de la jueza de realizar una investigación de su patrimonio, en el que aprovecha para atacar al comisario Villarejo: "Parece que es a este comisario a quién, únicamente, le llaman para amenazarle, le graban conversaciones sin su consentimiento, él graba a otras a espaldas de sus interlocutores, le permiten un patrimonio personal-societario impropio de un comisario para no se sabe bien qué servicios secretos, según él, y que a partir de ese momento ya dejarían de ser secretos, en fin algo insólito". Por ello, los abogados de Ignacio González no quieren que se admitan las notas policialesnotas policiales aportadas por el comisario.

Sin embargo, el sumario del caso del ático ya incluye estas notas policiales, entre las que se incluye una denuncia, hasta ahora desconocida, del comisario Villarejo contra el juez de Madrid Arturo Zamarriego, que instruye el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás. El agente también aporta a la magistrada los informes publicados por infoLibre sobre las actividades de Ignacio González y la denuncia por amenazas presentada ante la Policía.

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