Sanidad pública

Un grupo multado por precios abusivos acapara más del 60% del gasto público andaluz en conciertos hospitalarios

Hospital General Santa María del Puerto.

El grupo sanitario Pascual, multado por el Consejo de Defensa de la Competencia por aplicar "precios abusivos" al Servicio Andaluz de Salud (SAS), acapara más del 60% del gasto en conciertos hospitalarios de la Junta. La empresa hospitalaria, que en 2018 recibió un total de 95,12 millones de euros, ha sido acusada por la Administración andaluza de lograr a costa del erario público un "beneficio ilícito" de 164 millones de euros a base de inflar facturas y llevar a cabo "conductas anticompetitivas". Pascual ha recurrido ante los tribunales la sanción impuesta por la Junta en 2018.

La Junta de Andalucía, con el PSOE de Susana Díaz en el Gobierno autonómico, firmó para la anualidad de 2018 un total de 18 contratos para conciertos hospitalarios. La cuantía total de dichos contratos ascendió a 155.507.791,9 euros, cantidad que ya ha sido "liberada", según el departamento que dirige Jesús Aguirre (PP). El mayor bocado se lo llevó la empresa andaluza Pascual, con un contrato que fijaba para 2018 un total de 95.120.606 euros, el 61,16% del total.

La compañía José Manuel Pascual Pascual SA dispone de siete hospitales repartidos entre las provincias de Cádiz (en la capital, Sanlúcar de Barrameda, Villamartín, El Puerto de Santa María), Huelva (en la capital y Lepe) y Málaga (en capital). La última legislatura (2012-2015) estuvo marcada por un enconado enfrentamiento entre este grupo y la Junta de Andalucía, entonces en manos del PSOE, por las condiciones del contrato entre ambas partes. El concierto con la Junta afecta a los hospitales gaditanos.

En marzo de 2018 el Consejo de Defensa de la Competencia de la Junta de Andalucía anunció una multa a Pascual de 5,3 millones de euros por haber facturado al SAS "precios abusivos durante tres años y medio". El "beneficio ilícito" calculado por la Junta era de 164 millones de euros. La Administración andaluza acusó a Pascual de haberle cobrado "precios excesivos" y de haber "abusado de su situación de predominancia indiscutible en el sector".

La sanción ha sido recurrida por Pascual en la vía contencioso administrativa, informa la Consejería de Economía, de la que depende el Consejo de Defensa de la Competencia. El proceso está pendiente ahora de pruebas periciales solicitadas por Pascual, que aún no ha pagado la sanción pero sí ha presentado un aval por su cuantía, añaden fuentes del departamento que dirige Rogelio Velasco (Cs).

infoLibre intentó este lunes conocer la versión de Pascual, sin respuesta.

La entidad José Manuel Pascual Pascual SA, que toma el nombre del doctor que la fundó, comenzó su andadura en 1948 en Cádiz. Hoy es la primera empresa sanitaria andaluza y se encuentra entre las primeras en el ámbito nacional, según el informe anual que realiza la fundación privada IDIS. Pascual facturó en 2017 más de 120 millones de euros.

Pascual y San Juan de Dios

El nuevo Gobierno PP-Cs ha puesto los conciertos sanitarios en Andalucía en el foco. Tras la reunión del Consejo de Gobierno del pasado martes, el consejero Aguirre anunció un plan de choque para reducir listas de espera que contempla un gasto de 15,5 millones de euros en concertación con la sanidad privada. En su comparecencia ante los medios, Aguirre recordó que el anterior Gobierno socialista también firmaba conciertos.

Así lo acredita la información de la Consejería de Salud y Familias a la que ha tenido acceso este periódico. El departamento de Salud tiene suscritos, desde la etapa del PSOE, un total de 18 contratos de concertación hospitalaria, por un total de 155,5 millones.

Los principales adjudicatarios en 2018 fueron: Pascual, con un contrato para atención especializada en la provincia de Cádiz por valor de 95,12 millones (61,16%); y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con un total de ocho contratos que suman 31,15 millones (20,03%) para prestar servicio en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Entre Pascual y la orden confesional católica de San Juan de Dios suman el 81,19% del gasto en concertación hospitalaria en Andalucía.

Tres clínicas del grupo HLA

Por detrás de Pascual y San Juan de Dios, y siempre en relación los conciertos para la prestación de servicios complementarios en 2018, el Grupo HLA tiene tres contratos en Almería (Clínica Mediterráneo), Huelva (Clínica Los Naranjos) y Sevilla (Clínica Santa Isabel), por un valor conjunto de 9,53 millones (6,13% del total). El Complejo Hospitalario Integral Privado, en Málaga, se lleva 9,28 millones (5,97%).

El restante 6,71% se reparte entre la UTE del Centro Médico Asistencia Médica Integral y la Clínica Novo Sancti Petri (3,14 millones, en la provincia de Cádiz); la Clínica Nuestra Señora del Pilar (3,02 millones, Málaga); el Hospital Quirón Campo de Gibraltar (2,05 millones, Cádiz); Cruz Roja (1,97 millones, Sevilla); y el Sanatorio Virgen del Mar Cristóbal Castillo (195.685 euros, Almería).

Los 18 contratos de concierto hospitalario aplicados en 2018 por la Junta de Andalucía siguen vigentes. Expirarán entre junio de 2019 y julio de 2021.

Comparación entre comunidades

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La información de conciertos hospitalarios no incluye otros gastos externalizados por la Junta de Andalucía, como mantenimiento, limpieza o cocina, ni tampoco servicios como la interrupción del embarazo, precisan fuentes de la Consejería de Salud y Familias.

En las tablas comparativas entre comunidades realizadas hasta la fecha, Andalucía ha venido apareciendo entre las que menos concertación realiza. En los presupuestos de 2016, la que más porcentaje de gasto sanitario dedica a la concertada es –con diferencia– Cataluña, con un 24,85%. Después van Madrid (10,65%), Baleares (10,44%) y Canarias (9,28%), según el último informe anual elaborado por CCOO. En la parte baja de la tabla están Cantabria (3,61%), Castilla y León (3,89%), Aragón (3,92%) y Andalucía (4,07%).

Lo que hace particular la situación de Andalucía no es la dimensión cuantitativa, sino el hecho de estar comprometida por contrato con una compañía a la que acusa de haberle cobrado 164 millones de más.

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