Corrupción

La guerra por la presencia de jueces afines al PP deja el futuro de la mujer de Bárcenas en manos del cuarto tribunal del caso 'Gürtel'

Los jueces Concepción Espejel y Enrique López.

La sentencia de la rama principal del caso Gürtel, la llamada Época 1, que certifica la caja B del PP, pone en duda la credibilidad del presidente y describe un "sistema de corrupción institucional", se ha convertido en una suerte de prueba de cargo de por qué la judicatura ha vivido desde 2015 una guerra abierta en torno a la presencia de jueces afines a la formación conservadora en los tribunales designados para enjuiciar las distintas piezas en que se divide la causa.

Desde 2015, seis jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional han ido siendo designados para formar parte de la terna que debía enjuiciar distintas piezas de Gürtel. De ellos, tres –los tres del sector conservador y mayoritario de la judicatura– acabaron sucesivamente excluidos por su cercanía al PP: Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia; Enrique López, instalado hoy en la poderosa Sala de Apelaciones; y Juan Pablo González.

Ahora, la decisión del Poder Judicial (CGPJ) de excluir por razones oficialmente administrativas al progresista José Ricardo de Prada de la sala que este miércoles debe desvelar si envía o no a prisión a la mujer de Luis Bárcenas y a otros siete condenados ha situado en el tribunal a otra magistrada conservadora: María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda y una de las firmantes del voto particular con que cinco jueces se opusieron el pasado 8 de mayo al apartamiento de Juan Pablo González. 

Ese tribunal es el cuarto de la serie si se atiende a los sucesivos cambios en su composición, si bien solo el segundo –el que enjuició la pieza de Época 1– y este último han intervenido de algún modo en el proceso. Y todos los observadores consultados creen que será ese cuarto tribunal el que aplique un criterio benévolo que dé al traste con la solicitud de prisión incondicional formulada el lunes por la Fiscalía para Rosalía Iglesias y los otros siete condenados.

A la primera sala pertenecían Concepción Espejel, Enrique López y Julio de Diego. En el segundo, Espejel y López fueron sustituidos por el conservador Ángel Hurtado, presidente y ponente, y por De Prada, cuya coincidencia de criterio con De Diego terminó siendo crucial para forzar la declaración testifical de Rajoy y, sobre todo, en la redacción de la sentencia. En el tercer tribunal, designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas y otras tres piezas del caso –la visita del Papa a Valencia, los contratos de Aena y los del Ayuntamiento de Jerez–, se incorporó Juan Pablo González, finalmente recusado, como sustituto de Julio De Diego.

Y en el cuarto, tras el apartamiento de De Prada bajo el argumento de que su situación de servicios especiales no le permite participar en el tribunal responsable de dictar las medidas cautelares, permanece De Diego porque en teoría se trata de la misma sala que juzgó la pieza de Época 1. En el puesto de De Prada, se ha integrado Rodríguez Duplá toda vez que Juan Pablo González está inhabilitado para rozar cualquier asunto vinculado a Gürtel.

Tras el paréntesis del segundo tribunal, que por la confluencia de De Prada y De Diego dio un vuelco a la mayoría –conservadora– que hace apenas tres años todas las fuentes jurídicas daban por segura, la correlación de fuerzas regresa al punto de origen: Gürtel vuelve a estar en manos del sector conservador.Gürtel  ¿Será esa misma tripleta –Duplá, Hurtado y De Diego– la que juzgue las piezas para las que inicialmente había sido nominado Juan Pablo González? Todavía no hay respuesta oficial a esa pregunta. Pero esa se perfila como una hipótesis probable, dado que en la Sección Segunda no hay más magistrados entre los que elegir.

Fuentes de la Audiencia aseguran que Rodríguez Duplá decidió ocupar la vacante de De Prada porque la normativa se lo permite dada su condición de presidenta de la Sección Segunda. Otras fuentes que conocen de primera mano el funcionamiento del tribunal aducen que Duplá dio ese paso porque quien, según las normas de reparto, había de sustituir a De Prada era precisamente Juan Pablo González. Y que dado que su recusación para todos los juicios de Gürtel hacía presumir que también aquí sería recusado, Duplá optó por incorporarse ella misma a la sala.

La recusación de González y el "criterio de Youtube"

Igualmente suscrito por Ángel Hurtado, también miembro del tribunal encargado de resolver sobre las medidas cautelares, el voto particular de Rodríguez Duplá y otros cuatro jueces en el asunto de Juan Pablo González ridiculiza el acuerdo por el que la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia aceptó su recusación. Aplicando la pauta seguida ya en 2015 respecto de Concepción Espejel y Enrique López, la Sala de lo Penal apartó a González recalcando que no se cuestiona su imparcialidad sino su apariencia de imparcialidad.

Pero el voto particular que firman Duplá y Hurtado sostiene que esa afirmación no se justifica ni explica mínimamente. "No sabemos si obedece a un criterio de Youtube; de Facebook, de Twitter o es producido por un medio de comunicación", escriben sus autores. El entrecomillado ilustra de manera gráfica su posición, antagónica a la auspiciada no solo por las acusaciones populares sino por la propia Fiscalía Anticorrupción, cuya investigación sobre la trama ha terminado derivando en la sentencia que desde el jueves pasado mantiene en jaque al presidente del Gobierno.

Es en esta guerra abierta en el seno de la judicatura donde se inscribe el apartamiento de De Prada. Acordado gracias al voto de calidad del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, –el asunto generó un empate de cuatro a cuatro en la comisión permanente del CGPJ–, el interrogante radica en si su exclusión forma parte de lo que, en privado e incluso en ciertos documentos públicos, las acusaciones populares llevan meses definiendo como una maniobra sostenida para lograr un tribunal a la medida del PP. 

"Un artificio" para apartar al progresista De Prada

Los portavoces oficiales del Poder Judicial aseguran que jamás ningún magistrado en situación de servicios especiales había solicitado que se le habilitase de nuevo para participar no ya en la redacción de sentencia de un juicio en el que hubiera tomado parte sino para resolver sobre las medidas cautelares y las eventuales solicitudes de aclaración que puedan formular las partes. Pero el hecho de que entre los cuatro vocales de la comisión permanente del CGPJ que apoyaron la continuidad de De Prada figure Fernando Grande-Marlaska, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia y adscrito a la mayoría conservadora, añade incertidumbre al porqué real de la exclusión dictada en última instancia por Lesmes.

Por la tarde, la asociación progresista Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que califica de "artificio" los argumentos de Lesmes. Es un artificio, dice la asociación, distinguir la firma de la sentencia de la decisión sobre las medidas cautelares respecto a los condenados y de resolución de los recursos de aclaración, rectificación y subsanación. "La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales ante la sociedad en los casos de corrupción pública", dice el comunicado. Las otras asociaciones judiciales no han emitido pronunciamientos oficiales.

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