Las haciendas vascas aplicarán una deflactación adicional del 4% en el IRPF para contrarrestar la inflación

El lehendakari, Iñigo Urkullu, con los diputados generales de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa.

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Las haciendas forales de Euskadi aplicarán una deflactación adicional del 4% --que se sumará a la del 1,5% aprobada a principios de año-- a todos los contribuyentes, una medida con la que se pretende evitar que los ciudadanos paguen más impuestos por la subida de salarios asociada a la inflación. Esta decisión forma parte de un paquete de seis medidas para hacer frente a la inflación, que supondrán un coste estimado de 250 millones de euros para las instituciones vascas.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha presentado este conjunto de medidas junto a los diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, ha subrayado que a través de estas iniciativas se pretende minimizar el efecto del incremento de los precios sobre los ciudadanos y lanzar un mensaje de "esperanza" ante la lógica "preocupación" por la situación económica internacional.

Entre las medidas anunciadas por Urkullu, se encuentra la deflactación de todos los tramos de la tarifa del IRPF en un 4%. La deflactación del IRPF es una medida que se adopta con el fin de que los asalariados no tengan que pagar más impuestos como consecuencia del aumento de los salarios asociado a la inflación, la cual alcanzó el pasado mes de junio un incremento interanual del 10,2%, el más alto de los últimos 37 años.

"Deflactar significa que todas las personas y familias van a disponer de más dinero en su bolsillo", ha subrayado el lehendakari en su intervención.

Las diputaciones forales --que son las instituciones competentes en materia tributaria en Euskadi-- actualizarán los importes de la reducción por tributación conjunta, la minoración de la cuota y actualizarán las deducciones en el mismo porcentaje del 4%. La deflactación del 4% se suma a la aplicada a principios de año, cifrada en un 1,5%, por lo que la cifra total será del 5,5%.

Además, se procederá al ajuste de la tabla de retenciones aplicable a los rendimientos de trabajo a partir de septiembre. De esta forma, la deflactación de la tarifa será efectiva desde ese mes.

Por otra parte, se aplicará una minoración de la cuota de hasta 200 euros aplicable en las declaraciones con una Base Imponible General de hasta 35.000 euros. Las declaraciones con una Base Imponible General hasta 30.000 euros podrán aplicar la minoración de la cuota de 200 euros, mientras que entre 30.000 y 35.000 euros, este importe de 200 euros irá reduciéndose de manera progresiva.

A su vez, se establecerá una exención fiscal de las ayudas públicas de 200 euros que perciban trabajadores, autónomos y desempleados con motivo del Real Decreto Ley 11/2022.

También se exonerará de la presentación de los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestre de 2022 a los trabajadores autónomos; y se exonerará de la presentación del pago fraccionado a las empresas con volumen de operaciones inferior a 50 millones, siempre y cuando no estén incluidas en un grupo de consolidación fiscal.

Urkullu ha explicado que estas medidas suponen un esfuerzo fiscal de 250 millones de euros para las instituciones vascas, de los que 140 millones beneficiarán a todas los contribuyentes de la renta y otros 110 millones repercutirán de forma positiva en los ciudadanos "más vulnerables".

El lehendakari ha defendido --frente a las demandas de Elkarrekin Podemos de que la deflactación se aplique solo a las rentas bajas-- que las medidas anunciadas este jueves pretenden beneficiar a un sector "mayoritario" de la población, y "de manera especial" a los ciudadanos más desfavorecidos.

Urkullu también ha explicado que el Gobierno Vasco y las diputaciones han optado por establecer la deflactación del IPRF en el 5,5% porque este es el dato estimado de la inflación subyacente, es decir, aquella que mide los precios de los productos y servicios excluyendo los productos energéticos y sin elaborar, con el fin de eliminar el factor de volatilidad que implican estos últimos.

El máximo responsable del Gobierno Vasco ha rechazado que la adopción de estas medidas pueda interpretarse como la apertura de una "nueva vía" hacia bajadas generalizadas de impuestos.

En este sentido, ha recordado que a lo largo de los 41 años de vigencia del Concierto Económico, las instituciones vascas han adoptado, en función de las necesidades de cada momento, medidas de fiscalidad "progresiva" para garantizar un sistema "equitativo", o "reducciones de impuestos".

El lehendakari ha explicado que, en el caso de los cambios anunciados este jueves, espera que se trate de medidas "coyunturales". Además, ha recordado que sigue pendiente de elaboración el estudio sobre los efectos de la última reforma fiscal vasca, aprobada en 2017.

Urkullu ha indicado que este análisis se ha visto demorado por los dos años de pandemia y que en los últimos meses se está viendo afectado por la guerra en Ucrania y por la evolución de la inflación. "Vamos a ver si tenemos un tiempo de estabilidad suficiente para ver el efecto de la última reforma fiscal y analizar las medidas que se puedan adoptar", ha explicado.

El lehendakari ha indicado que estas medidas se han adoptado en un escenario de "preocupación compartida" entre ciudadanos e instituciones por la situación económica global.

Urkullu ha reconocido que este sentimiento es "lógico", dada la coyuntura económica, aunque ha indicado que a través de decisiones como las adaptadas este jueves se pretende trasladar a la ciudadanía "una cierta esperanza", al poner de manifiesto que las instituciones vascas "están comprometidas" con el apoyo a los ciudadanos y a la generación de actividad económica y empelo.

"Las instituciones actuaremos con absoluto rigor y adoptando en cada caso las medidas más beneficiosas para el conjunto de la sociedad", ha afirmado Urkullu, quien también ha apuntado que indicadores como los referidos a la producción industrial, las carteras de pedidos o el mercado exterior permiten mantener una cierta perspectiva de "ilusión".

Respecto al impacto que puedan tener las medidas anunciadas este jueves en los presupuestos vascos, Urkullu ha recordado que las previsiones de recaudación para este año se fijarán en la primera quincena de septiembre en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas. En todo caso, y en referencia a la posibilidad de recortar gasto corriente, ha dado por hecho que se darán pasos en este sentido. "Evidentemente, no podemos exigir a los ciudadanos nada que nosotros no nos apliquemos", ha afirmado.

Urkullu, no obstante, ha subrayado que los presupuestos de 2023 tendrán, pese al impacto de las nuevas medidas fiscales en las arcas públicas, un carácter social e inversor.

En su intervención, el lehendakari también se ha referido a las medidas de ahorro y eficiencia energética que están estudiando las instituciones de toda Europa ante la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

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Según ha recordado, este próximo viernes se celebrará una comisión interdepartamental en la que se estudiarán las medidas que las administraciones vascas pueden aplicar, en este sentido, en el ámbito del sector público, así como las recomendaciones que puedan dirigirse a los ciudadanos.

Por otra parte, Urkullu no se ha pronunciado sobre los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas que pretenden establecer el PSOE y Unidas Podemos a través de una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados.

El lehendakari, que ha explicado que no conoce el contenido de dicha propuesta y que por lo tanto no puede expresar su opinión sobre la misma, ha recordado que, en el caso de que fueran aprobados, debería celebrarse una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para la concertación de estas nuevas figuras tributarias con los territorios forales vascos.

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