El debate territorial

Iceta y Celaá intentan evitar que la posición del PSOE extremeño a favor de otro 155 en Cataluña se extienda a otros territorios

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y su homólogo español, Pedro Sánchez, posan a la entrada de La Moncloa.

Fernando Varela

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Celaá, intentaron este viernes frenar la posibilidad de que la posición del PSOE extremeño a favor de la intervención indefinida de la autonomía catalana se extienda a los socialistas de otros territorios y refuerce el cerco que PP, Ciudadanos y Vox tratan de construir en torno a Pedro Sánchez alimentando el debate territorial.

El Partido Popular lleva semanas presentando iniciativas en ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos con las que trata de mantener el conflicto catalán en el centro del debate político, ya sea exigiendo la intervención de la autonomía catalana a través del articulo 155 de la Constitución o reclamando al Gobierno socialista que no indulte a los presos independentistas, que por otra parte ni siquiera han sido todavía condenados.

El PSOE había resistido hasta ahora la tentación de participar de estas iniciativas pero el jueves los socialistas extremeños decidieron apoyar una durísima proposición no de ley del PP instando a la Junta de Extremadura a “trasladar al Gobierno de España el apoyo del pueblo extremeño, a través de sus representantes, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera, para frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia que compartimos”.

En la misma iniciativa, la Asamblea de Extremadura pidió a la Junta que exija “al Gobierno de España la defensa del español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas”, sin que las lenguas cooficiales “sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua común, el español”.

La dureza de la propuesta y su invasión de competencias en materia de educación en Cataluña, obligó al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a matizar su alcance. “La posición del PSOE en Extremadura es muy clara”, escribió en Twitter. “Aplicar el 155” pero sólo “si se dan las circunstancias, que en estos momentos no se dan. Porque si se hiciera sin razones los tribunales europeos podrían rechazarlo y sería muy grave”.

¿Por qué, entonces, el PSOE apoyó la propuesta del PP? “El problema”, añadió Vara, “es que en la Asamblea de Extremadura se votaba algo sin matices, como es hoy la política en España, y la política territorial está llena de ellos”. Y para disipar cualquier duda que pueda ensombrecer su sintonía con Pedro Sánchez, concluyó: “Así que nadie vea nada extraño. Los socialistas extremeños estuvimos, estamos y estaremos defendiendo siempre la Constitución. Y que su aplicación no puede ser electoral. España está antes que unas elecciones”.

Lo cierto es que, paradójicamente, durante el debate de la iniciativa en la Asamblea de Extremadura, y aunque al final los socialistas votaron a favor, el portavoz del PSOE fue extraordinariamente crítico con la propuesta del PP y la bronca entre ambos partidos se hizo muy visible. “Aplicaremos el 155 cuando haya motivos constitucionales para aplicarlo”, proclamó desde la tribuna el portavoz socialista en la Asamblea, Valentín García Gómez. “Y aplicaremos la Constitución desde el artículo 1 al 169. Ustedes”, concluyó en referencia a los representantes del PP, “son unos patriotas de pacotilla”.

Los matices introducidos por Vara contribuyeron a que el disenso entre la resolución aprobada en la Asamblea y la posición del Gobierno de Pedro Sánchez no fuese a más. Miguel Iceta, el líder del PSC, no escondió la incomodidad que le produjo el voto favorable del PSOE a las tesis del PP en la Asamblea extremeña y, en declaraciones al Canal 24 Horas, lo comparó con el malestar que habría causado que el Parlament catalán hubiese aprobado una resolución diciéndole a Extremadura lo que debe hacer.

A día de hoy, recordó Iceta, no se dan las circunstancias para aplicar el “mecanismo excepcional” que es el 155 en Cataluña. “Lo que está claro”, añadió dando por buena la versión de Vara, “es que todos los socialistas compartimos que ahora mismo no se dan las condiciones para aplicar el 155”.

Interpretación benevolente

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, optó por la misma interpretación benevolente y prefirió entender la resolución de la Asamblea de Extremadura como una petición de aplicación del 155 sólo en el caso de que se den las condiciones, algo que, a juicio del Ejecutivo, no ocurre en estos momentos.

Es más, la ministra portavoz recordó que intervenir la autonomía catalana a día de hoy sería “anticonstitucional” y constituiría una “usurpación de poder autonómico” injustificada porque el Govern de Quim Torra no ha incurrido en ninguna ilegalidad que justifique la aplicación del artículo 155. Cuando se aplicó por vez primera el año pasado, tras el referéndum del 1 de octubre, “había habido un quebranto de la Constitución y una vulneración clarísima de preceptos constitucionales y sentencias del Tribunal Constitucional”, algo que no sucede en estos momentos.

Celaá defendió la apuesta por el diálogo con los independentistas porque, en su opinión, esta estrategia “se está abriendo paso” y hoy las circunstancias son mejores que las de hace un año. “Hay convicción por parte de este Gobierno para seguir ese camino, para seguir ese pasillo político que hemos abierto para encauzar esa crisis. Y yo creo que está dando resultados”, subrayó.

No es la primera vez que la posición de los críticos socialistas deja en mal lugar al Gobierno. El pasado diciembre, y en vísperas de la segunda reunión Sánchez-Torra, la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, tuvo que puntualizar que su partido tiene claro que no existe ningún hecho que acredite ahora la aplicación del artículo 155 pese las expresiones de “algunos compañeros que se representan a sí mismos”. En aquellos días algunos diputados socialistas como la vallisoletana Soraya Rodríguez, el castellano-manchego José María Barreda y el andaluz Antonio Pradas cuestionaron en la reunión del Grupo Socialista la gestión que está llevando adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al conflicto catalán.

“Estamos trabajando en desinflamar una situación que durante diez años la derecha catalana y la derecha española se dedicaron a inflamar porque les interesaba electoralmente”, puntualizó. Por eso “no se puede banalizar con la Constitución”.

El PP, fiel a su estrategia, ya se prepara para reabrir el curso político en febrero en el Congreso con este asunto. Lo hará forzando una nueva votación en el Pleno para instar al Gobierno a iniciar el procedimiento para destituir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y activar el artículo 155 de la Constitución. Lo han intentado en diferentes instituciones como la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Zaragoza o las Cortes de Castilla y León. Sólo en esta última han conseguido sacar adelante la propuesta a favor del 155 gracias a su mayoría absoluta y con la abstención de Podemos y el PSOE.

En la misma línea, en Aragón consiguieron aprobar una propuesta contraria a indultar a los presos del procés, procésque ni siquiera han sido condenados, pero la misma propuesta fue rechazada en la Asamblea de Extramadura. El PP ya ha anunciado que planteará la intervención de Cataluña en las Cortes de Castilla-La Mancha, en un intento de estimular la disidencia del presidente de la comunidad, Emilio García-Page. Fuentes del PSOE castellanomanchego consultadas por infoLibre no quisieron anticipar cuál será el sentido de su voto cuando el partido de Casado plantee su propuesta.

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