Ignacio González, a un paso del banquillo: la victoria de los vecinos de Chamberí y de la UCO frente a Aguirre y el fiscal Moix

Mercedes Arce descuelga el teléfono a primera hora de la tarde. "Ya imagino el motivo de la llamada", desliza entre risas esta vecina del madrileño barrio de Chamberí. Acaba de conocerse la decisión del instructor del caso Lezo de procesar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones ligadas al campo de golf del Canal de Isabel II. Y ella, que se conoce al dedillo aquel proyecto que puso en pie de guerra a todo el barrio, no puede esconder su satisfacción. "Nosotros teníamos razón", apunta orgullosa. Después de años de lucha, al final David –los colectivos vecinales– ha visto cómo Goliat caía. La hazaña ha sido tediosa. Y en muchos casos frustrante. Por el camino, denuncias ignoradas por la Fiscalía y una presidenta regional, Esperanza Aguirre, que prefería mirar hacia otro lado ante los indicios que ha terminado investigando a fondo la UCO de la Guardia Civil.

Chamberí es el distrito de la capital con menos zonas verdes. En el barrio, cada niño menor de 14 años puede disfrutar solamente de 16 metros cuadrados, según datos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid recogidos por elDiario.es.  Por eso, todos los vecinos celebraron cuando en 2003 se puso en marcha el proyecto para la construcción del Parque Islas Filipinas en las instalaciones del Canal de Isabel II. Sin embargo, en 2006, con Esperanza Aguirre recién aterrizada en la Puerta del Sol, los planes cambiaron radicalmente. El Gobierno madrileño consideró entonces que era más importante dedicar aquel enorme espacio sobre el Tercer Depósito a un campo para la práctica de golf en lugar de a un parque para que los chavales pudieran desfogar al salir de la escuela. Una decisión que, desde el primer momento, se encontró con el rechazo frontal de los vecinos del barrio, que dudaron en acudir a los tribunales.

El proyecto de Aguirre pronto se encontró con la primera piedra administrativa en el camino. Corría el mes de octubre de 2006 cuando el Ayuntamiento de Madrid, encabezado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, ordenó la suspensión inmediata de las obras y dio dos meses al Canal de Isabel II para solicitar la correspondiente licencia. Un par de meses después, el 27 de diciembre, la empresa pública decidió adjudicar a un consorcio conformado por Iridium, Soto Once y Tecnoconcret la explotación del campo de golf por cinco años, prorrogable por otros cinco en caso de que ambas partes se mostrasen de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de conformar una nueva empresa para explotar las instalaciones deportivas que se iban a levantar en uno de los antiguos depósitos. Y así lo hicieron en febrero de 2007. Fue entonces cuando nació Green Canal Golf.

A las pocas semanas, la revista Tiempo desveló [ver aquí en PDF] que Tecnoconcret era propiedad de José Antonio Clemente, un socio del hermano y del cuñado del entonces vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente. En el momento de la adjudicación, González era presidente del Canal de Isabel II. Ni se abstuvo en la votación del Consejo de Administración ni advirtió al resto de consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las adjudicatarias del proyecto. "Fue un concurso abierto, valorado por los servicios del Canal, que eligeron la mejor oferta por unanimidad", trató de explicarse en una rueda de prensa en la que se mostró visiblemente nervioso. A pesar del escándalo político, y de las feroces críticas de la oposición, el número dos de Aguirre continuó en el Gobierno regional. No hubo castigo alguno.

Mientras los vecinos preparaban la ofensiva para intentar tumbar el proyecto por la vía administrativa –algo que finalmente lograrían–, los movimientos dentro de la firma bajo sospecha se sucedieron. En noviembre de 2008, tal y como desveló Público tres meses más tarde, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros. Clemente, Pablo González y Caballero –a través de su empresa– suscribieron cada uno el 31,6% de las acciones. El hermano y el cuñado del vicepresidente pasaron entonces a controlar la mayoría del capital. Quedaba así confirmada la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del campo de golf de Chamberí. "Esa es una información ya muy vieja", respondió entonces a los medios, señalando que ya había dado "explicaciones en su momento". De nuevo, Aguirre miró hacia otro lado con su número dos, quien luego la reelevaría en el cargo tras su dimisión.

La Fiscalía mira tres veces para otro lado

Arce, sin embargo, recuerda que no solo el Gobierno madrileño ignoró las sombras que existían alrededor de aquella concesión. También lo hizo el propio Ministerio Público. "Con los datos que los medios habían aportado en 2007, alrededor de cuatrocientos vecinos decidimos denunciar por primera vez los hechos ante la Fiscalía", relata la vecina e integrante del colectivo Parque Sí En Chamberí, uno de los más activos en el barrio. Sin embargo, la denuncia fue archivada en solo tres días hábiles y sin realizar ninguna diligencia por el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, quien años después llegaría a ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. "Se acuerda el archivo de las citadas denuncias al no estar acreditado ni siquiera indiciariamente el dato que se denuncia ni su relevancia penal", recogía el decreto de apenas once líneas, desvelado por infoLibre.

Los vecinos volvieron a intentarlo nuevamente en 2009, cuando se conoció la entrada del hermano y cuñado de González en Tecnoconcret y que otras empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño –destacaba Only Golf Planning and Design– se habían quedado con subcontratas del proyecto. Entonces, el colectivo recién constituido Parque Sí En Chamberí presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía. Nueve páginas en las que se acusaba al número dos de Aguirre de varios delitos –prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias–, en las que se adjuntaba documentación oficial del Registro Mercantil y en las que se pedía al Ministerio Público una serie de diligencias de averiguación, entre ellas enviar un oficio a la Agencia Tributaria para acceder al modelo 347 de Tecnoconcret y Only Golf, con la que se podía haber destapado toda la trama.

Protesta vecinal contra el campo de golf del Canal.

Pero, de nuevo, chocaron contra el muro. Moix, quien dejó su puesto de fiscal Anticorrupción después de que este diario destapase que era dueño de un 25% en una sociedad en Panamá, decidió dar carpetazo de nuevo al asunto con un escrito en el que señalaba que no existía "indicio o rastro alguno" que permitiese, siquiera, "la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar" por parte de González "a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido". El entonces fiscal superior de Madrid, que no hacía ni una sola referencia a las diligencias de averiguación solicitadas, apuntó que no se apreciaba "ningún tipo de irregularidad" en la adjudicación. "Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado [...] han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso".

Pocos meses después, se llevaron el tercer y último varapalo. Corría el año 2010 y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acababa de dar la razón a los vecinos tumbando la declaración de "excepcional interés público" a la que recurrió el Ejecutivo de Aguirre para saltarse la suspensión de las obras dictada por el Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón y poder continuar con el proyecto del campo de golf. Con esa sentencia a su favor, que dejaba en evidencia el atropello administrativo, Parque Sí En Chamberí trató de abrir de nuevo la vía penal presentando una querella criminal contra Ignacio González directamente ante el TSJM. Un escrito que acabó, de nuevo, en un cajón. Esta vez, fue el teniente fiscal el que se mostró en contra de la admisión a trámite apoyándose en el decreto de archivo de Moix de un año antes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió, finalmente, seguir el criterio del Ministerio Público.

La investigación de la UCO una década después

Arce recuerda la "decepción" con las instituciones y la "frustración" que sentían cada vez que se encontraban con el muro del Ministerio Público. "Nadie hacía caso a los vecinos, ni la Comunidad de Madrid ni tampoco la Fiscalía, a pesar de que nosotros sabíamos que teníamos razón. Si se hubieran atendido nuestras denuncias, Ignacio González no habría llegado hasta donde finalmente llegó", reflexiona la integrante de Parque Sí En Chamberí. 

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Pero al final, el expresidente madrileño terminó cayendo. En abril de 2017, quien fuera número dos de Aguirre en el Ejecutivo regional fue detenido en el marco de la operación Lezooperación Lezo, en la que se investigaba el supuesto desvío de fondos del Canal de Isabel II. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminaron por confirmar de principio a fin la trama. Solo pocos meses después de la detención del expresidente regional, un informe de la Benemérita veía indicios de que ACS podría haber pagado al entorno del dirigente conservador a cambio del campo de golf. "Ignacio González pudo aprovechar sus cargos en la Administración para desviar fondos públicos a su entorno familiar", recogía el escrito de la Unidad Central Operativa.

Ahora, el auto de procesamiento señala que de las diligencias practicadas puede inferirse de forma indiciaria que González e Ildefonso de Miguel, quien fuera director gerente del Canal de Isabel II, "convinieron" con Dragados –antes ACS– un modificado de un concurso anterior relativo al campo de golf a cambio de que subcontratara para determinados trabajos a Tecnoconcret, algo que hizo "a pesar de conocer" que esta sociedad "carecía de toda capacidad para ejecutarlos". El importe de estas labores subcontratadas ascendió a 3,06 millones. A su vez, los responsables de dicha firma –el hermano, el cuñado y el socio de ambos– subcontrataron a otras dos sociedades: Onlygolf y Fieldturf, "acordando con ellas percibir una comisión del 8% por su intermediación". Así, dice el auto, Tecnoconcret consiguió un beneficio aproximado de 381.000 euros, del que los tres investigados se repartieron unos 267.000 euros entre noviembre de 2006 y marzo de 2008.

Además de este, hay otro concurso bajo la lupa de la justicia. En concreto, el relativo a la gestión y explotación de las instalaciones deportivas. Esta licitación fue la que cayó en manos de la UTE de Tecnoconcret, Soto Once e Iridium, que luego constituyeron Green Canal Golf y que puso a los vecinos tras la pista de González. Esta sociedad, en junio de 2007, subcontrató con Tecnoconcret el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros al mes. A su vez, ese mismo día, esta firma, de nuevo al carecer de capacidad para ejecutar dicho trabajo, lo subcontrató con Onlygolf reduciendo el canon mensual a los 7.941 euros.   "Consiguiendo así –relata el auto–, por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados a esta adjudicación, que se repartieron los tres investigados –José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero– principalmente mediante entregas en efectivo".