Terrorismo

Las incógnitas en torno a la guerra sucia contra ETA de las que el Congreso no se va a ocupar

El expresidente Felipe González hace declaraciones a los medios en el patio del Congreso en mayo de 2019.

El fantasma del señor X, el título que muchos atribuyen a Felipe González como la persona detrás de la guerra sucia contra ETA guerra sucia en los años más duros de la banda terrorista, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad de la época eran incapaces de poner freno a la violencia, se pasea de nuevo por el debate político español desde que el diario La Razón divulgase la semana pasada un informe de la CIA del año 1984 que relaciona al que fuera secretario general del PSOE con la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

El origen de la petición de investigación es ese documento atribuido a la agencia norteamericana de espionaje y del que no consta el autor. El informe, lleno de tachaduras que hacen imposible conocer el alcance real de algunas afirmaciones, fue redactado en su mayor parte tomando como base informaciones de prensa cuando la posibilidad de que los GAL fuesen una creación del Gobierno ya formaba parte de la discusión pública.

La organización terrorista permaneció activa entre 1983 y 1987 y como consecuencia de sus actividades fueron condenados, entre otros, José Barrionuevo, ministro del Interior del Gobierno de González, su número dos, Rafael Vera, y el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Ricardo García Damborenea, además de altos cargos de la Policía y de la Guardia Civil a quienes la justicia acabó considerando partícipes de las actividades de la banda. González ni siquiera llegó a ser procesado por estos hechos.

El pasado de Felipe González no volvía al Congreso desde que en marzo de 2016 lo sacó a coalición el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en un debate en el que afeó a Pedro Sánchez el “pasado manchado de cal viva” de su partido, en referencia al material utilizado por los GAL para hacer desaparecer los cadáveres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dos supuestos miembros de ETA secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la Guardia Civil en el año 1983.

El juez Baltasar Garzón, que en su día lideró buena parte de las investigaciones judiciales en torno a los GAL, siempre ha dicho que la identidad del señor X, la persona que en última instancia es el responsable de la activación de la guerra sucia contra ETA, sigue siendo “una incógnita”. En su día, y hasta en dos ocasiones en relación con dos investigaciones diferentes, el Tribunal Supremo rechazó abrir diligencias para averiguar si el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, estaba detrás de estas actividades. La primera vez fue en relación con el caso Segundo Marey, el secuestro en diciembre de 1983 en Hendaia (Francia) de un vendedor de mobiliario al que el GAL confundió con un dirigente de ETA. La segunda guardaba relación con los llamados papeles del Cesid —el antiguo CNI— en los que la abreviatura “Pte.”, que muchos relacionaron con la palabra “presidente”, figuraba en la hoja de despacho de la agencia española de espionaje de 28 de septiembre de 1983 que avisaba del inicio de acciones violentas contra ETA en el sur de Francia.

La responsabilidad de González en la creación de los GAL nunca llegó a ser investigada judicialmente porque el Supremo entendió que no había indicios suficientes para abrir siquiera diligencias, a pesar de que las condenas por la guerra sucia alcanzaron a un gran número de responsables políticos y policiales de su Gobierno, incluido el ministro del Interior, José Barrionuevo. Tanto él como su número dos, el que fuera secretario de Estado, Rafael Vera, fueron condenados por los tribunales e indultados posteriormente por el Gobierno del sucesor de González en La Moncloa, José María Aznar, en el año 1998, a petición del Supremo.

Probado

La sentencia que les condenó consideró probado que Barrionuevo y Vera “conocieron, aprobaron y dieron el dinero necesario” para el secuestro de Marey gracias a las declaraciones de otros implicados en el caso. Estas acusaciones, según el tribunal, se vieron “completadas” por el testimonio del propio Marey y los papeles del Cesid de 1983 en los que se anunciaba el inicio de acciones de guerra sucia en Francia. “No nos parece creíble”, dejaron por escrito los magistrados del Supremo, que “las altas jerarquías” policiales de Bizkaia “pudieran actuar sin el conocimiento y aprobación de los responsables del Ministerio del Interior” para llevar a cabo la operación.

“No parece lógico organizar aisladamente desde Bilbao, sin autorización de los máximos responsables del Ministerio del Interior una operación de tanta importancia como el secuestro de una persona en territorio extranjero que podía originar problemas diplomáticos de relevancia, máxime cuando hubo de desarrollarse aquella en varias provincias". Los mismos jueces, son embargo, no hallaron motivos suficientes para, según el mismo razonamiento, establecer relación alguna entre la autorización del secuestro por parte de Barrionuevo y una supuesta connivencia de Felipe González en la guerra sucia.guerra sucia.

Además de la identidad del señor X, y de forma análoga a como ocurre con ETA, la justicia nunca ha establecido la autoría de muchos de los atentados reivindicados por los GAL, que continúan impunes hasta la fecha.

Sea como fuere, no será en el Congreso donde se investigue al expresidente, al menos por ahora. Los GAL se sumaron este martes a la lista de asuntos sobre los que el PSOE, el PP y Vox no tienen dificultades a la hora de ponerse de acuerdo. Un registro breve que incluye también todo lo que tiene que ver con la monarquía y, en especial, los negocios e intereses privados del rey emérito Juan Carlos de Borbón.

Las tres formaciones políticas se negaron en la Mesa del Congreso a permitir que la Cámara Baja debata la creación de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Libración (GAL), tal y como habían solicitado las formaciones independentistas y nacionalistas con representación parlamentaria después de la divulgación del informe de la CIA.

Los socialistas se apoyaron en la derecha y la extrema derecha parta adoptar esta de decisión a pesar de que los servicios jurídicos del Congreso habían proclamado la legitimidad de la propuesta para ser debatida en el Pleno. Del mismo modo, echaron por tierra la solicitud de EH Bildu de que tanto González como el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fuesen citados a dar explicaciones en sede parlamentaria, si bien en este caso los letrados de la Cámara sí afirmaron su improcedencia, toda vez que el primero no es miembro del Gobierno y Marlaska no puede ser llamado a hablar sobre hechos ocurridos hace 25 años.

La petición de una investigación parlamentaria en torno a las responsabilidades del expresidente en la guerra sucia contra ETA ha merecido el apoyo de prácticamente todos los socios de investidura de Pedro Sánchez, desde ERC al PNV, pasando por EH Bildu, Compromís, Más País, el BNG, las CUP y Junts per Catalunya, además de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos.

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