las consecuencias de la pandemia

La Intervención y Antifraude controlarán el uso de los fondos europeos que según la derecha serán pasto de la corrupción

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se dirige a los participantes en foro de economía.

Fernando Varela

Según Pablo Casado, lo que va a pasar con los fondos es “un auténtico reparto al antojo del señor (Pedro) Sánchez”. A quien le “dé la gana, sin ningún control administrativo, sin ningún control judicial y sin dar cuentas al Parlamento”. Un reparto “abocado al clientelismo y a la corrupción”. Así “empezaron los ERE en Andalucía”, advierte.

El presidente del PP no deja pasar una sola intervención pública sin anunciar preventivamente que Gobierno va a cometer delitos. Si no hay controles, asegura, habrá corrupción, porque Europa no puede supervisar el destino del dinero. “Europa controla a qué sector van, pero no puede controlar que va a una empresa porque tiene un periódico local, o va a un ayuntamiento porque gobierna Podemos. Eso es de una extrema gravedad”, insistió este viernes en una entrevista emitida por la Cadena COPE, propiedad de la Iglesia católica española.

El líder del PP fue el primero, pero no es el único en insinuar, o afirmar directamente, que la gestión de los 140.000 millones de euros del fondo europeo de reconstrucción que llegarán a España en los próximos años se van a gastar “a dedo” y “sin control” y que por tanto van a favorecer el “clientelismo” o “la compra de voluntades” para “afianzarse en el poder”.

Vox facilitó con su abstención que el real decreto del Gobierno que regula los fondos obtuviese la semana pasada el visto bueno del Congreso de los Diputados. Y eso que, paradójicamente, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, comparte la opinión de Casado. “La dirección de la economía no será fruto desde ahora de la libre elección de los agentes económicos, sino que se dirigirá desde el Consejo de Ministros”, sostiene.

“La administración de estos fondos se ha articulado de una forma tan partidista que no guarda los estándares mínimos ni de ética ni de estética”. Según el portavoz ultra, la coordinación del futuro plan de recuperación se articula en “una especie de administración paralela, capaz de decidir al margen de los procedimientos ordinarios”. El real decreto que Vox contribuyó a sacar adelante contiene, en su opinión, “los fundamentos de la mayor red clientelar de la historia de España. Las consultoras políticas, pobladas de ex altos cargos socialistas, ya están celebrando en abierto, sin ningún tipo de rubor, el maná que les va a caer del gabinete del presidente”.

Ciudadanos va en la misma línea. Las decisiones relacionadas con estos fondos las van a tomar en última instancia el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros y no a partir de “recomendaciones vinculantes” de “una oficina de reconstrucción y reformas” independiente del Ejecutivo. Al final lamentan los naranjas, habrá “una concentración de poder en la Moncloa sin que se refuercen los mecanismos de control, que nos tememos que pueda acabar derivando en arbitrariedad”.

El presidente del PP, Pablo Casado.

¿Qué hay de cierto en las acusaciones de la derecha? ¿Va a decidirlo todo el Gobierno? ¿Podrá Sánchez adjudicar a dedo el dinero de la reconstrucción tras la pandemia?

La respuesta está en el Real Decreto que la mayoría del Congreso aprobó la semana pasada a propuesta del Gobierno. Una norma ya en vigor que regula el modelo de gestión que regirá la utilización del dinero de Europa y que además sirve de marco al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía España (PRTRE) que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, entregará a finales de febrero o principios de marzo en Bruselas. Será ese plan, responsabilidad del Gobierno por decisión de la mayoría del Congreso, el que establezca las cuantías, los detalles y los procedimientos concursales que, con arreglo a los principios de “concurrencia competitiva”, condicionarán cómo, cuándo y por qué procedimiento llegará el dinero a las empresas y a las administraciones públicas.

Según el Real Decreto, ese plan contendrá los objetivos generales a alcanzar, la arquitectura básica y las principales iniciativas del mismo, así como la descripción de las reformas y las inversiones previstas. Los hitos, metas y el calendario. Sus fuentes de financiación y las inversiones. Y detallará su “consistencia con otras iniciativas,” la complementariedad de la financiación, la implementación y “los mecanismos de control y auditoría”. También datos muy relevantes para entender su impacto general: su alcance, impacto macroeconómico, de género, en la distribución de la renta y en la convergencia regional, así como el impacto sobre la transición ecológica y la transformación digital.

Tiene razón Casado cuando afirma que el diseño del plan está en manos del Gobierno —está previsto escuchar la opinión de las comunidades autónomas, pero estas no tendrán poder de decisión—. Así lo establece el decreto que el Congreso acaba de convertir en ley. Lo que no es cierto es que ese modelo sea diferente del de otros países. El líder del PP lleva meses diciendo que en el resto de Europa son comisiones independientes las que deciden el uso del dinero. No es cierto, como reveló infoLibre la semana pasada.

El Ejecutivo de España, como ocurre con otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia, será quien gobierne el desarrollo del plan a través de órganos diseñados a varios niveles. El de mayor rango será la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia —presidida por Pedro Sánchez y con participación de gran parte de su Gobierno— y que contará con el auxilio de un comité técnico integrado por 20 miembros. elegidos, según el decreto, “atendiendo, con objetividad, a criterios técnicos en función de sus competencias y experiencia en la gestión de fondos y ayudas europeas, y aquellos otros perfiles profesionales u orgánicos que se estimen necesarios”.

Cada ministerio podrá además impulsar “foros de participación y grupos de alto nivel de carácter transversal u horizontal”. El Real Decreto ya creó uno específico “para favorecer el diálogo social con las organizaciones empresariales y los sindicatos”.

Para canalizar la participación de las comunidades autónomas, que tendrán a su cargo la ejecución de buena parte de los proyectos de acuerdo con sus competencias, habrá además una Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación.

Habrá además una autoridad responsable ante la Unión Europea que será el centro directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos europeos.

La ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Pero que el Gobierno diseñe el plan —cuánto dinero se dedicará, por ejemplo, a fomentar la digitalización de las pymes o a poblar las carreteras de puntos de recarga para vehículos eléctricos— no significa que vaya a decidir qué empresa se llevará cada contrato. De hecho su ejecución estará en gran parte en manos de las comunidades autónomas. El mecanismo de adjudicación de cada proyecto en el que trabaja el Ejecutivo es el de cualquier concurso público y, como tal, se regirá por criterios y baremos conocidos. Cumplir los requisitos que se establezcan será esencial para acceder a un dinero que, en cualquier caso, no cubrirá más que una parte de la inversión: Economía calcula que, según el proyecto del que se trate, podrá movilizar entre cuatro y ocho euros por cada euro público invertido.

¿Nadie controlará el uso del dinero, como sostiene Casado? El Real Decreto es claro en este punto. Según su artículo 21, será la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como autoridad de auditoría de fondos estructurales, la que se ocupe del control administrativo y financiero. Para poder certificar que el dinero se adjudica cumpliendo la legalidad y que se destina al proyecto correspondiente “tendrá libertad de acceso a los sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión de fondos europeos para garantizar la evaluación continuada de las operaciones, así como a cualquier otro registro en el que se reflejen actuaciones de ejecución de fondos europeos. Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar la información que en el ejercicio de estas funciones le sea solicitada”.

El IGAE “tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea a la autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación”. En particular, subraya el Real Decreto, le corresponderán “las actuaciones derivadas del diseño y ejercicio del control de los fondos que se exijan por la normativa europea, asumiendo la coordinación de los controles asignados a cualquiera otro órgano de control estatal, autonómico o local, así como el ejercicio de las relaciones con las Instituciones Comunitarias y Nacionales para asegurar un sistema de control eficaz y eficiente”.

Al mismo tiempo, “el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en el ejercicio de sus funciones para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal, promoverá las labores de prevención, detección e investigación del fraude que sean precisas, manteniendo a estos efectos las relaciones necesarias con los órganos de gestión y control”.

No hay, en esto, mucha novedad, porque el IGAE ya venía siendo —con gobiernos del PSOE o del PP— la entidad encargada de certificar ante Bruselas el buen uso de los fondos europeos.

El líder del PP dice que tampoco habrá control judicial ni parlamentario, pero tampoco es así. Nada en el Real Decreto impide recurrir cualquier decisión o adjudicación ante los tribunales de justicia. Y está previsto —artículo 22— que el Gobierno informe al Congreso y el Senado acerca de “los progresos y avances” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: lo hará trimestralmente ante la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Se quejan también PP, Vox y Ciudadanos de que el Real Decreto, con “la excusa de la imperiosa necesidad de ejecutar rápidamente los fondos, se lleva por delante una parte significativa de los mecanismos de seguridad de la gestión de los fondos públicos en España”. La “relajación de los requisitos exigidos para tramitarlos o el acortamiento de algunos plazos, como los de los informes medioambientales, conforman significativas áreas de riesgo para quienes se encargan de la cosa pública”, denuncian.

Objetivo: garantizar las fondos

Es verdad que la norma acorta plazos y simplifica procedimientos. Pero no lo hace a escondidas: esa siempre fue su razón de ser y así lo anunció el Ejecutivo desde el primer momento. El Gobierno defiende que esa es la única manera de garantizar que España aprovecha al máximo posible el potencial de recuperación que ofrecen los fondos europeos.

Aun así se mantienen, según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, “nuestros exigentes estándares constitucionales” y “las garantías propias del Estado de derecho” pese a establecer “medidas especiales de agilización de la gestión administrativa” e incorporar “directrices y medidas generales” que la Unión Europea exige a todos los Estados miembros.

Para ello el Real Decreto incorpora instrumentos dirigidos a “reducir las barreras normativas y administrativas” y adopta medidas que persiguen “una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los fondos”.

El PP ha llegado a decir, por boca de la diputada y exministra Elvira Rodríguez, que esta simplificación de procedimiento y acotamiento de plazos no es otra cosa que “uno de los mantras socialistas, el de simplificar procedimientos y quitar trabas en la ejecución de los fondos públicos”.

La paradoja es que el propio Pablo Casado defiende esa política cuando se trata de favorecer a las empresas. “No es la sociedad la que debe adaptarse al Estado, es el Estado el que debe adaptarse a la sociedad”, defiende desde que se convirtió en presidente del PP e inició una cruzada contra lo que considera un “exceso de burocracia” en la Administración española.

Un problema que quiere combatir “adelgazando” la Administración y poniendo en marcha lo que llama una “autopista administrativa” capaz, por ejemplo, de permitir que en España se puedan crear empresas en no más de cinco días.

¿Cómo pretende Pablo Casado eliminar la grasa pública? Con medidas que recuerdan en parte las aprobadas para gestionar fondos europeos que ahora tanto le preocupan: la reducción de plazos, una ventanilla única, trámites online y mecanismos para que en dos páginas de información “te puedas dar de alta” como empresario. Ideas a las que añadió el pasado otoño transformar el sistema de licencia previa de actividades por una mera “declaración responsable”, la eliminación de “trabas fiscales, burocráticas y laborales” para las empresas y la simplificación de las regulaciones que gráficamente siempre resume en una idea sencilla: “Derogar dos normas por cada norma que se apruebe”.

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