Bienestar social

La inversión estatal en Sanidad y Educación sigue alejada de los niveles anteriores a la crisis

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el proyecto de Presupuestos.

Los "presupuestos más sociales de la historia" –según definición del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro– no recuperan la inversión estatal precrisis en dos ámbitos esenciales del Estado del bienestar: Sanidad y Educación. Pese a que ambas partidas suben respecto a 2017 un 3,9 y un 3%, hasta 4.252 y 2.600 millones de euros respectivamente, siguen alejadas de los niveles de antes de los grandes recortes de la era Rajoy.

En 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de gasto social, la inversión sanitaria del Gobierno alcanzó los 4.623 millones y la educativa 2.988. El recorte en ambas políticas, por tanto, alcanza los 759,1 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estas partidas corresponden únicamente a programas estatales, dado que la atención sanitaria y la política educativa son competencia de las comunidades autónomas.

Sí es muy sustancial la aportación que hace la Administración General del Estado para financiar las prestaciones económicas o servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) que reciben los beneficiarios del sistema de Dependencia. Esta partida sí sube un 20,9% respecto a 2009, cuando se consignaron 1.158,69 millones de euros, si bien entonces el sistema todavía estaba en fase de desarrollo. Para 2018 la previsión de gasto es de 1.401,09 millones de euros

infoLibre detalla a continuación cómo quedan las partidas citadas en el proyecto presentado este martes y su comparación con 2009: 

01. Sanidad. En este ámbito, el Gobierno resalta que su objetivo es "poner en marcha nuevas políticas e implementar las medidas ya iniciadas garantizando la calidad asistencial y la viabilidad del Sistema Nacional de Salud bajo el prisma de la máxima eficiencia y de la responsabilidad de las políticas de gasto". Eso sí, para este propósito contará con 371,4 millones de euros menos que en 2009. Entonces 4.622,92 millones de euros. Ahora, 4.251,50. Un 8% menos.  

Las consecuencias de los años de restricciones presupuestarias se dejan ver especialmente en cuestiones tan sustanciales como el fomento de la donación y el trasplante de órganos, las actuaciones para hacer frente a enfermedades raras o a financiar programas de prevención y control del SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Por ejemplo, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha pasado de contar con 12,12 millones de euros en 2009 a 4,1 en 2018, un 66% menos. Y los fondos dedicados a las estrategias de salud y la investigación de dolencias de baja prevalencia han caído un 86,3%: de 36,42 millones de euros en 2009 a cinco en 2018. 

Por contra, en el mismo período han aumentado un 9,2% las transferencias a Muface, la mutua que gestiona la atención sanitaria de buena parte de los funcionarios y sus familias: de 2.060,46 millones de euros a 2.249,10. También se ha incrementado en nueve millones de euros la inversión en la atención sanitaria en Ceuta y Melilla, los únicos dos territorios donde el Ministerio de Sanidad mantiene la competencia, y que ha pasado de 214,95 millones de euros a 223,95 en una década. 

02. Educación. En el proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo resalta que su objetivo en este ámbito es "concentrar los recursos financieros disponibles en programas estratégicos para el sistema educativo". Esos recursos alcanzan los 2.600,01 millones de euros y siguen estando un 13% por debajo de los consignados en 2009, cuando llegaron a 2.987,69 millones de euros. 

Destaca la inversión en becas y ayudas al estudio, que suma 1.574,88 millones de euros y se convierte en la dotación más alta de la serie histórica. Esta partida, que es parte sustancial del sistema porque sirve para asegurar la igualdad de oportunidades, supone el 60,6% de todo el gasto educativo estatal. Además, el Ejecutivo recupera  las ayudas destinadas a estudiantes con expediente brillante que suprimió en 2013 y que prevé dotar con veinte millones de euros. 

Los mayores mordiscos los han sufrido, sin embargo, las partidas dedicadas a los alumnos más rezagados. En 2009, los programas de educación compensatoria estuvieron dotados con 62,39 millones de euros. En 2018 el Gobierno prevé destinar un 36% de dinero menos –cuarenta millones– a un programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar que se dirige a los centros educativos que cuentan con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos. 

En la última década también se ha resentido la aportación estatal a las universidades públicas, de 336,12 millones de euros en 2009 a 128,86 en 2018 (-61,7%); los fondos dedicados a la formación permanente del profesorado, que han pasado de 6,71 millones a 2,7 (-59,8%); o la partida de educación en el exterior, que está dirigida a atender las necesidades de la población española residente en el extranjero y a la promoción y difusión de la lengua y cultura españolas, y que ha pasado de 129,09 millones de euros a 98,91 (-23,4%). Por otro lado, a cero se mantiene el programa dedicado a fomentar la práctica deportiva en la población escolar y universitaria y que en 2009 contó con 21,87 millones.

03. Servicios sociales. El importe destinado al sistema de Dependencia concentra el grueso de las ayudas sociales y alcanza los 1.401,09 millones de euros en el Presupuesto de 2018. Esta cifra supone un aumento de 46,28 millones de euros respecto a lo consignado en 2017. Eso no quiere decir, no obstante, que se vaya a reducir la abultada lista de espera, que era de 298.514 personas a final de febrero.

De hecho, el año pasado el Gobierno dejó sin gastar 44 millones de euros después de haber anunciado en 2017 que aumentaba la previsión de gasto en cien millones de euros respecto a 2016. Eso ocurre porque el sistema de Dependencia establece que se tiene que financiar de manera equilibrada entre el Gobierno, que hace una aportación fija por cada beneficiario en función de su grado de discapacidad; y las comunidades, que complementan esas cuantías estatales. Así que si estas últimas, sometidas a severos objetivos de déficit, no complementan esas prestaciones, de poco sirve que el Ejecutivo aumente sus presupuestos. La prueba está en los 44 millones no gastados en 2017. 

Por otro lado, en el ámbito de los servicios sociales resultan llamativos los recortes que han experimentado desde 2009 partidas sustanciales como las dedicadas al desarrollo de servicios directos y a la concesión de prestaciones económicas a las personas con discapacidad, que han pasado de 162,28 millones de euros a 52,7 (-67,5%); o a los programas de turismo y termalismo de la población mayor, que se han reducido de 198,5 millones de euros a 117,34 (-40,9%) entre 2009 y 2018. 

También es llamativo el flagrante incumplimiento del Gobierno de su pacto de investidura con Ciudadanos en lo relativo a la elaboración de un Plan contra la Pobreza Infantil. Pues bien, a pesar de que ambos partidos habían acordado dotar con 1.560 millones de euros ese plan para 2018, la asignación que aparece reflejada en el proyecto de Presupuestos es únicamente de cien millones de euros

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