El fin de la inviolabilidad del rey y la rendición de cuentas siguen sin llegar dos años después de la marcha del emérito

Han pasado dos años desde que un 3 de agosto de 2020 Juan Carlos de Borbón abandonó España en dirección al emirato de Abu Dhabi. Lo hizo cercado por los escándalos de corrupción que se le amontonaban y que él reducía a "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". Desde entonces solo ha vuelto a España una vez. Una ocasión en la que evitó dar explicaciones a cuenta de sus dos regularizaciones fiscales pero en la que aprovechó para darse un baño de masas que molestó a su hijo y actual monarca, Felipe VI, y así se lo comunicó en Zarzuela. Tras ese tenso encuentro, Juan Carlos I decidió no viajar a España de nuevo y periodistas afines al emérito inciden en su soledad y la posibilidad de vaya a morir lejos de su familia y de su país.

El emérito no esperaba que sus tejemanejes acabaran siendo investigado en tribunales tanto de España como de países como Reino Unido y Suiza. Unas investigaciones que han abordado desde las supuestas comisiones ilegales que cobró por la intermediación para la construcción del AVE a la Meca al uso por parte de miembros de la familia real de tarjetas de crédito que se nutrían de fondos de un empresario amigo o la fortuna oculta en la isla de Jersey.

En marzo de 2022 el Ministerio Público decidió archivar las causas que Juan Carlos I tenía pendientes. Pero no lo hizo porque no hubiera constatado la existencia de delito, sino porque la inmunidad del emérito durante su etapa como jefe del Estado le blindaba ante cualquier posible delito por su inviolabilidad. Es más, las dos regularizaciones que realizó ante Hacienda por valor de 678.393 euros y 4,4 millones respectivamente, suponían el reconocimiento de que cometió fraude fiscal.

Sin avances para revertir la inviolabilidad

La inviolabilidad jurídica que establece el artículo 65.2 de la Constitución es uno de los preceptos constitucionales más polémicos y espinosos en torno a la figura del jefe del Estado. "La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", establece. Una frase bastante amplia que ha generado un enorme debate jurídico a raíz de lo que se ha ido conociendo en los últimos años. Cuando se elaboró la Carta Magna no hubo debate sobre la inviolabilidad. Todos asumieron que era necesario incluirla del mismo modo que en otras monarquías parlamentarias.

Ese privilegio de inmunidad ante los tribunales ha consolidado la imagen de que la Justicia no es igual para todos y generado un alud de críticas entre muchos grupos parlamentarios, entre ellos el de la formación minoritaria del Ejecutivo, Unidas Podemos. Los morados, acompañados de otras formaciones como ERC, PNV o EH Bildu, han tratado de abordar esta cuestión en varias ocasiones desde el Congreso, pero la Mesa de la Cámara Baja ha rechazado sus peticiones de manera sistemática gracias a los votos del PSOE y la derecha. Según la interpretación de estos últimos la inviolabilidad no se puede revertir mediante una ley, sino con una reforma constitucional.

Pero lo cierto es que ni siquiera los propios expertos en la materia se ponen de acuerdo, algunos de ellos sí que plantean la posibilidad de hacerlo vía ley, tal y como explicó infoLibre. Otros, sin embargo, descartan categóricamente esta opción y consideran que la fórmula más adecuada sería a través de una reforma constitucional que, a la vista de la correlación de fuerzas, no tiene visos de prosperar. El Gobierno ha manifestado públicamente que estaría a favor de reformar ese precepto de la mano de la Casa Real, pero cualquier intento de reforma se ha quedado guardado en un cajón.

Este miércoles el juez que instruyó el caso 'Nóos', José Castro, que llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, ha alegado que la inviolabilidad del rey emérito se ha aplicado como impunidad y ha reprochado que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria estuvieran "todos parados" a la espera de que Juan Carlos I regularizara el dinero que tenía fuera de España. "Vi que inviolable era equivalente a impune y me abstuve de cualquier investigación", ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

La ausencia de explicaciones del emérito

Tampoco ha habido avances en cuanto a rendición de cuentas se refiere. Y no por falta de oportunidades tras la vuelta del emérito a España del pasado mes de mayo. Lo hizo para participar en una regata en Sanxenxo (Pontevedra). Días antes, desde la propia Zarzuela se informó que la voluntad del emérito era “desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos”. Sin embargo, los términos en los que se desarrolló su viaje supusieron de facto un incumplimiento de la palabra dada por Juan Carlos al actual monarca, Felipe VI cuando se comprometió a “organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado".

La realidad fue bien diferente. El emérito aterrizó en España a bombo y platillo y su entorno se encargó de organizar una agenda de ocio lo suficientemente detallada como para que se convirtiera en algo parecido a un baño de masas para Juan Carlos. "¿Explicaciones de qué?", respondió ante las preguntas de los periodistas. Tres palabras, emitidas desde el coche, que el monarca acompañó con una risotada. Su visita culminó sin que ofreciera a la opinión pública ningún tipo de explicaciones sobre sus escándalos con Hacienda.

Todos los esfuerzos de la Casa Real y del Ejecutivo de Pedro Sánchez se volcaron entonces en intentar poner los mimbres suficientes para que algo así no volviera a suceder. Los periodistas más cercanos a la Casa Real coinciden en explicar que durante la visita de Juan Carlos a Zarzuela, tanto Felipe VI como la casa del rey se encargaron de hacer patente el malestar y de incidir en la idea de una necesaria discreción y privacidad para sus movimientos a partir de ahora. Estos mismos periodistas trasladan que el emérito planea quedarse en Abu Dhabi de manera indefinida, a diferencia de lo que trasladó hace unos meses.

En Unidas Podemos creen que Juan Carlos "debería volver": "Queremos que vuelva y se le juzgue por ladrón, pero sin impunidad y con garantías", trasladan fuentes del partido en conversación con este periódico. Un mensaje que también replican desde el PNV, que tachan de "lamentable e inaceptable" la actitud del emérito y le apremian a regresar a España para dar explicaciones. ERC y EH Bildu, además de esta rendición de cuentas, quieren que se elimine el fuero a Juan Carlos I y su consorte, la Reina Sofía, se derogue el delito de injurias a la Corona y se amnistíe a todas las personas perseguidas o condenadas en virtud del mismo.

Los tímidos pasos del Ejecutivo para "modernizar" la Corona

El único movimiento dirigido a "modernizar" la Corona por parte del Ejecutivo de Sánchez, que contó con el visto bueno del PP, consistió en la aprobación de un decreto-ley el pasado mes de abril para que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Zarzuela, como ya ocurre en el caso de los partidos políticos, y que las declaraciones de bienes de todos "los altos cargos de la institución" sean obligatorias.

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Sin embargo esto no incluye que ni Felipe VI ni su familia tengan ninguna obligación de hacer público su patrimonio o declaración de bienes. El actual monarca reveló por primera vez que ese patrimonio asciende a 2.573.392,80 euros, y lo hizo en un comunicado en el que se aclaraba que lo hacía "por decisión personal" y para "dar cumplimiento a su compromiso de renovar la Monarquía para un tiempo nuevo". La mayoría de socios del Ejecutivo tildaron de "maquillaje" las medidas.

Actualmente la Corona es la única institución constitucional que carece de una norma que desarrolle su funcionamiento más allá de lo establecido en la ley fundamental y todo parece indicar que esa ley, comprometida por el Gobierno, no tiene visos de avanzar. Ni siquiera hay iniciativas políticas sólidas para impulsar una reforma que permita suprimir la discriminación de la mujer frente al varón en la sucesión al trono. Pesa más el temor a abrir el melón de la Corona, por cuyo grado de aprobación el CIS no pregunta desde hace siete años.

Tampoco hay tradición de debate democrático sobre la Corona. Y sí de reformas discretas a toda prisa. Tras la abdicación de Juan Carlos I, el Congreso aprobó su aforamiento en junio de 2014, en una tramitación exprés, con los votos a favor del PP, que tenía mayoría absoluta, Foro Asturias y UPN.