La izquierda pide medidas sobre residencias: Podemos, conocer sus últimos propietarios, PSOE, "inspecciones rigurosas"

Las residencias de mayores se están llevando lo peor de la crisis del covid-19. El virus ataca con dureza a los mayores de 65 años y a las personas con patologías previas y una parte importante de esta población vive en centros de mayores. Las cifras son dramáticas: hasta el 14 de abril habían fallecido en estos centros casi 11.000 ancianos. En las últimas semanas se ha puesto el foco en las condiciones en las que viven los mayores en las residencias y las carencias de un sistema altamente privatizado y precarizado. También, en la opacidad que rodea a sus grandes propietarios: los fondos de inversión. Los partidos políticos, sobre todo los de la izquierda, se han fijado como una de las tareas a abordar una vez esté controlada la pandemia la de la situación de las residencias. La "transparencia" en la gestión va a ser una de las líneas de acción.

infoLibre ha venido informando en los últimos días de cómo detrás de las grandes empresas del sector, las multinacionales DomusVi, Orpea y Vitalia Home, están fondos de inversión. Y de cómo, las administraciones públicas, gracias a los conciertos, engordan las arcas de estas empresas con dinero de los contribuyentes. La última entrega de esta serie de reportajes de investigación desvela cómo los dueños de las residencias Vitalia, la tercera más grande del sector, se esconden tras una trama societaria que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey. Los propietarios del 80% del capital de esta firma metieron casi 165 millones de euros en seis sociedades limitadas creadas en la isla de Jersey por el fondo de inversión CVC.

Una de las preguntas que surge al hilo de un asunto tan delicado como el de que no se conozca quién está verdaderamente al frente de los centros que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los mayores es la de si ofrecer estos datos debería ser una condición necesaria a la hora de querer optar a una adjudicación pública. Una forma de evitar que, en ocasiones, los dueños de las residencias se escondan en sociedades creadas en territorios fiscalmente opacos.

¿Qué opinan los principales partidos políticos sobre estas prácticas opacas? infoLibre se ha dirigido a ellos. Los partidos que integran el Gobierno de coalición piden medidas. Desde que se conozca la "identidad" de los dueños, como reclama Unidas Podemos, hasta la realización de "inspecciones rigurosas", como demanda el PSOE. Ciudadanos aboga por la "transparencia" y el PP no entra al fondo de esta cuestión.

Desde el ámbito autonómico, en Más Madrid no dudan de que debe conocerse al último propietario y para Adelante Andalucía todo pasa por la "reversión del modelo privatizador".

A continuación, detallamos las posiciones políticas.

PSOE

En el Partido Socialista, recuerdan que "las licitaciones de contratos están sujetas a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público del Gobierno de España". En este sentido, destacan que "si la empresa cumple los requisitos de esa ley, las comunidades autónomas están sujetas a ella".

"Lo que sí se debe hacer es elaborar planes de inspección periódicos dirigidos no solo a las residencias públicas, sino también a las privadas y que estas colaboren adecuadamente con transparencia", opinan desde la formación liderada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

A juicio de los socialistas "no puede ser que la inversión privada en centros residenciales sea para beneficio de unos pocos y a costa de la calidad de vida de las personas mayores". "Es urgente realizar inspecciones rigurosas que aporten transparencia sobre la calidad de los cuidados"

Partido Popular

El Partido Popular no entra al fondo de la cuestión de los fondos de inversión, a petición de este diario. A raíz de la crisis del covid-19, el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que, entre otras cuestiones, pide al Ejecutivo central "un plan específico para complementar las plantillas de residencias". Además, reclama "impulsar ayudas económicas vinculadas al mantenimiento del empleo y dirigidas a financiar la atención extraordinaria realizada en plazas residenciales para personas mayores, así como a la imposibilidad de mantener los ingresos previstos por aplicación de las medidas de aislamiento o la no realización de altas de nuevos usuarios".

La iniciativa, muy vinculada a la crisis del covid-19, pide que se garantice el suministro de equipos de protección y de test rápidos a los centros de mayores.

Unidas Podemos

Unidas Podemos considera, como punto de partida, que la gestión de las residencias debe ser pública.

No obstante, en el partido liderado por Pablo Iglesias, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, defiende que "mientras existan casos de gestión privada de las residencias, es inaceptable que las empresas se oculten en sociedades creadas en territorios fiscalmente opacos". Así consideran "adecuado" que "previamente deban desvelar la identidad de sus propietarios".

Ciudadanos

En la formación liderada por Inés Arrimadas defienden que desde Ciudadanos "siempre" han abogado "por la transparencia en un sentido amplio con respecto a las empresas adjudicatarias".

"Lo que esperamos es que la transparencia se dé a todos los niveles, y ahora, desgraciadamente, quien no está cumpliendo es el Gobierno, cuando decreta el cierre del Portal de Transparencia, cuando se niega a dar el nombre de los proveedores de material sanitario o cuando ha sufrido un plante de los medios de comunicación por negarse a admitir preguntas sin censura previa", añaden las citadas fuentes.

Creen en el partido naranja que en estas circunstancias "excepcionales" derivadas del estado de alarma es importante "acompañar con más transparencia las medidas más contundentes a adoptar". "No hay ningún motivo para hacer lo contrario", destacan.

Más Madrid

La Comunidad de Madrid es una de las regiones en las que el covid-19 ha actuado con más virulencia en las residencias de mayores. Según los últimos datos, facilitados por el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado (Ciudadanos), las muertes en estos centros y en centros para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid ascienden a 6.056 desde el pasado 8 de marzo. Y del total, 4.953 están relacionadas con el covid-19.

Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea considera, en conversación telefónica con infoLibre, que cuando hablamos de sectores tan sensibles como el de las residencias de mayores es "fundamental" saber quiénes son los dueños últimos de estos centros. "Sobre todo por conocer si hay conflictos de intereses y porque hay que tener localizadas a las personas responsables". "Hay que tener controlado en manos de quién dejamos sectores sociales tan delicados", insiste.

El parlamentario madrileño va más allá y subraya que este tipo de fondos no deberían estar al frente de las residencias. "Es incompatible. El único objetivo de los fondos es obtener beneficios. Les da igual gestionar residencias que casas de apuestas. Pero si las gestionan, al menos que se sepa", añade.

Delgado llama también la atención sobre otros dos asuntos relacionados con las residencias de mayores. El primero de ellos es el de la alta privatización en el sector. En Madrid, destaca, sólo el 10% de las residencias están bajo control público: 25 de 475. El resto, ofertan plazas concertadas o privadas. "¿Podemos llamar a esto colaboración público-privada?", se pregunta. Y se responde a sí mismo: "Nosotros creemos que es otra cosa". El segundo de los debates que pone sobre la mesa es si este modelo de gestión "se ajusta a lo que necesitan las personas mayores". Hay centros pequeños, precisa, y luego "macro residencias donde se desdibuja la atención prestada a las personas" donde lo que prima es que las empresas hagan la oferta más rentable para obtener la concesión.

La pandemia pilló a los políticos madrileños a la espera de debatir una ley de residencias. 

Adelante Andalucía

El grupo parlamentario Adelante Andalucía exigió este jueves al Gobierno un giro en las políticas de atención a la tercera edad "que pase por la reversión del modelo privatizador auspiciado por PP y PSOE". A juicio de esta formación ese modelo "ha convertido centenares de residencias de mayores en objeto de negocio para fondos buitre".

En opinión de la confluencia, esta circunstancia "ha sido uno de los agravantes del impacto de la pandemia de coronavirus sobre los centros de mayores". Porque sus entidades gestoras "han priorizado el lucro sobre el bienestar de los usuarios, lo que se ha traducido en plantillas de trabajadores mermadas y precarizadas así como la presencia de gestores incapaces afrontar situaciones imprevistas".

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera considera que "gestionar una pandemia no es algo para lo que se esté preparado". No obstante, subraya que el abandono de las políticas de la tercera edad por parte del PSOE y PP en los últimos años "ha sido el caldo de cultivo perfecto para que el coronavirus se cebe con los más vulnerables como son nuestros mayores".

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Aguilera recordó que en Andalucía hay 665 centros para mayores y sólo 14 de ellos son de gestión directa por parte de la Junta de Andalucía. "Es necesario reforzar lo público para crear una barrera de protección para nuestros abuelos y abuelas", dijo.

Esta parlamentaria ve "dramático" que el 32% de fallecidos por covid-19 en Andalucía sean personas que vivían en residencias.

Este diario trasladó a Vox el mismo formulario que al resto de formaciones políticas. Esta fue la respuesta: "No colaboramos con infoLibre. Por ello, no vamos a poder responder a tus preguntas".