La noticia saltó al mediodía. Muchos dirigentes de la izquierda reconocen que no daban crédito a la información que les llegaba a sus teléfonos móviles: el fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Todo un golpe desde la plaza madrileña de la Villa de París al Gobierno y los socios de investidura, que llevaban meses defendiendo la inocencia de Álvaro García Ortiz.
Durante los últimos días, la creencia general en el Ejecutivo y entre dirigentes progresistas es que el juicio había ido bien para el fiscal general del Estado, ya que no se había encontrado ninguna prueba que lo inculpara y, además, habían sido muy potentes los testimonios de los periodistas señalando a otras fuentes. Asimismo, había quedado claro que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había filtrado un bulo y había defendido desde la falsedad en su puesto pagado con dinero público al “ciudadano particular” de Alberto González Amador.
Por eso, la condena ha producido una sensación de rabia e indignación en la izquierda. La Moncloa y el núcleo duro del Ejecutivo han tratado de guardar las formas, aunque las caras del presidente, Pedro Sánchez, y del titular de Justicia, Félix Bolaños, materializaron sin palabras esa sensación. El fallo del Supremo se conocía también en una fecha muy destacada: el 20N, justo cuando se cumplían cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco.
El Gobierno respeta pero no comparte "por deber moral" el fallo
El Gobierno mostró su respeto por el fallo, pero declaró, por deber “moral”, que no comparte esa decisión (adoptada por cinco votos a favor y dos en contra). El Ejecutivo arrancará en los próximos días el proceso para nombrar a la persona que sustituya a García Ortiz. El ministro Bolaños quiso reconocer en una declaración institucional la labor del condenado por su defensa “del servicio público, de la ley y de la verdad”.
“Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”, declaró Bolaños, el gran cerebro jurídico del Ejecutivo
Para mandar también este mensaje a “quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz”: “Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Y quiero decirles que este gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado”.
"Un combate político contra el Gobierno"
Pero esas palabras tan institucionales no reflejan la honda desazón que domina al PSOE en estos momentos. Ese sentimiento lo expresó de manera directa el portavoz en el Congreso, Patxi López, que afirmó: "Las sentencias se acatan, la acatamos y la acataremos, pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza".
Esa misma sensación tienen en Sumar, el socio minoritario del Gobierno. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, aseveró tras el fallo: “No es solo una condena, es un mensaje de poder a todo el país por parte de los militantes con toga. Una ruptura de la separación de poderes. Ante la ofensiva ultra, valentía y determinación: hay que democratizar la justicia”.
Fuentes del espacio de Yolanda Díaz insistieron en esta idea: “La condena al fiscal general es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno. Está sentencia está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración, como recogen las crónicas del propio proceso, solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país.
“Para Sumar este caso tiene una gravedad institucional absoluta. Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de Derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo”, añadieron.
"Es una guerra contra unas ideas"
Y es que el fallo del Tribunal Supremo manda algunos recados, según los líderes de izquierdas. El portavoz de ERC, en el Congreso, Gabriel Rufián, apuntó: “Es una guerra contra unas ideas y unos partidos”. Poniendo en el debate esta cuestión: “El mensaje es claro, a Ayuso no se toca”.
El Gobierno respeta pero no comparte la condena del Supremo al fiscal general
Para la líder de Podemos, Ione Belarra, “la derecha civil y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general”. “Todo para tapar el terrible escándalo de corrupción que asola a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vive en un piso pagado en negro. Ya se lo advertimos al PSOE, primero vinieron a por Podemos, después fueron a por los independentistas y ahora, como no han hecho nada para democratizar la justicia, van a por ellos en un caso de golpismo institucional sin precedentes para España”.
La palabra “golpe” se ha repetido entre varios dirigentes y referentes de la izquierda. Emilio Delgado (Más Madrid), sostuvo: “Pues esto es un buen golpe. De hecho no podían haber elegido mejor día para darlo”. Compromís hizo a la vez esta valoración: “La condena por parte de cinco jueces conservadores del Tribunal Supremo no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista de nuestro país”.
“Día negro que pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes, se pone en riesgo también la presunción de inocencia en nuestro país y que se pueda condenar sin pruebas al fiscal general. Un claro caso de lawfare, como ya hemos sufrido en Compromís, y requiere de una respuesta contundente y unitaria desde las izquierdas”, concluyó esta formación.
La noticia saltó al mediodía. Muchos dirigentes de la izquierda reconocen que no daban crédito a la información que les llegaba a sus teléfonos móviles: el fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Todo un golpe desde la plaza madrileña de la Villa de París al Gobierno y los socios de investidura, que llevaban meses defendiendo la inocencia de Álvaro García Ortiz.