Sanidad

El juez confirma la imputación de la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización

Juan José Güemes, Manuel Lamela y Esperanza Aguirre, en un acto oficial en febrero de 2008.

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha desestimado los recursos de forma presentados por el exconsejero de Esperanza Aguirre Juan José Güemes, los representantes de Unilabs y Asisa y el resto de querellados en el caso por el que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz). 

En un auto dictado este miércoles y al que ha tenido acceso infoLibre, el juez considera que el interés de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que se querelló contra la cúpula que impulsó la privatización sanitaria en Madrid, está "sobradamente acreditado". Y ratifica la imputación que pesaba sobre los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela por su gestión en las primeras privatizaciones. En este sentido, concreta las imputaciones por los delitos de cohecho y prevaricación. En el procedimiento se investiga la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

La querella, admitida a trámite a finales del pasado junio, también estaba dirigida contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs, y el presidente o consejero de Asisa.

En los recursos, los querellados censuraban la "falta de legitimación" de AFEM, la "instrumentalización política" de la acción penal y la "narración generalista de los hechos e imputaciones de la querella sin concreción de conductas e imputaciones", entre otros asuntos. Ahora, el juez responde que la querella de los médicos se encuadra dentro del "ejercicio de la acusación particular ya que al colectivo medico le asiste un intereses legitimo" en el proceso "en cuyo contexto se habrían cometido los delitos que se imputan". Sobre la admisión de la querella, el juez señala que "si existe alguna duda acerca de que los hechos sean o no constitutivos de delito se debe acordar su admisión y proceder a la investigación".

Asimismo, concluye que "resulta indispensable la práctica de las diligencias de investigación necesarias tendentes a esclarecer los hechos relatados en la querella incluso aunque pudieran ser confusos , tras lo cual, podría este instructor afirmar razonable y razonadamente si los hechos son o no constitutivos de delito y por ende sin procede o no el sobreseimiento y archivo de la querella".

Por otra parte, añade que "al formular una imputación concreta obliga a llamar como imputados a los querellados tras darles traslado de la querella ,y cuya señalamiento se efectuará una vez resuelva la Audiencia los recursos de apelación, si fuera procedente y con independencia de las diligencias de investigación pertinentes ya practicadas y que se practiquen hasta entonces.

El 13 de septiembre la sala argumentó que le faltaba documentación y ordenó suspender las declaraciones. Estaba previsto que comparecieran dentro de la causa el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

Divergencias entre juez y fiscal 

El pasado septiembre, el fiscal asignado a este caso arremetió contra el magistrado y, en varios escritos en los que se adhirió a los recursos de los imputados, sostuvo que sus pasos se encaminan no a comprobar hechos concretos sino a buscar cualquier "descuadre de datos" de apariencia delictiva. El fiscal Salvador Ortolá sostuvo entonces que Sexmero había  emprendido una “causa general”. 

Según el fiscal, los pasos que ha dado ya el juez apuntan a que, “más que la comprobación de hechos concretos”, la instrucción judicial “parece encaminada a la búsqueda de algún descuadre de dato que pudiera indicar la existencia de algún hecho que pudiera aparecer como constitutivo de alguna infracción penal”

Auto que confirma la imputación de Güemes y Lamela [PDF]

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