Corrupción en Madrid

El juez de 'Lezo' reclamó a la Comunidad el "expediente completo" del campo de golf y se investiga si Aguirre cometió prevaricación

Aguirre firmó el acuerdo por el que se declaró de "interés general" el campo de golf del Canal.

El campo de golf construido en 2007 en las instalaciones del Canal de Isabel II es una de las principales operaciones de corrupción descubierta en el caso Lezo. De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, sirvió para que se enriquecieran de forma ilícita el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo y un cuñado, todos ellos imputados en la causa. Pero esa operación también puede causar problemas judiciales a Esperanza Aguirre, cuyo Gobierno adoptó el 18 de enero de 2007 el acuerdo de declarar de “excepcional interés general” la construcción del campo de golf [Puedes consultar el acuerdo aquí]. Y lo hizo basándose en un expediente que, según ha podido saber infoLibre, se elaboró en menos de 48 horas y está repleto de irregularidades. El acuerdo lo firmaron la propia Esperanza Aguirre y su entonces consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía.

El 27 de abril de este año, ocho días después de que fuese detenido Ignacio González como cabecilla de la presunta trama criminal, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid recibió un requerimiento del juez del caso Lezo solicitando "la documentación del expediente completo de tramitación del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de enero de 2007 por el cual se aprueba el proyecto modificado de la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II". Una portavoz oficial del Gobierno de Cristina Cifuentes indicó, a preguntas de este periódico, que "el expediente completo se le envió al juez el 27 de abril", el mismo día que se recibió el requerimiento.

Fuentes judiciales explicaron a este periódico que los investigadores deberán analizar si Esperanza Aguirre y el resto de los miembros de aquel Gobierno –en el que estaban Ignacio González como vicepresidente y Francisco Granados como consejero– cometieron un delito de prevaricación urbanística, tipificado en el artículo 320 del Código Penal, que cuando se cometieron los hechos estaba castigado con una pena de prisión "de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses", además de la "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años". El delito lo comete "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes".

Un campo de golf "de excepcional interés general"

La decisión del Gobierno de Aguirre tenía un único objetivo: burlar la paralización de las obras del campo de golf que había decretado el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón. Aquel acuerdo adoptado el 18 de enero de 2007 indicaba expresamente que producía "los efectos propios de la licencia municipal". 

El acuerdo se apoyó en un expediente administrativo con múltiples irregularidades. Por citar sólo algunas: no consta la petición de inicio, no consta quién lo insta, no se da audiencia al Ayuntamiento de Madrid ni se le notifica, incluye un informe enviado por fax en fecha posterior al acuerdo... Y la guinda: se inició el 17 de enero y se finalizó un día después, todo en menos de 48 horas. "En esos términos, no se puede decir que jurídicamente sea un expediente administrativo", resumió gráficamente a infoLibre un jurista experto en temas urbanísticos y administrativos. 

La historia que termina con la construcción del campo de golf se inició en marzo de 2003. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid acordaron entonces "impermeabilizar y ajardinar el tercer depósito del Canal de Isabel II", la principal empresa pública madrileña y cuyo objeto principal es el suministro de agua. Aquel proyecto original contemplaba la construcción de un parque público y un campo de fútbol. Pocos meses después, en noviembre de 2003, Aguirre se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nombró a Ignacio González como su número dos en el Gobierno, además de presidente del Canal de Isabel II.

En el proyecto original del Canal no existía ni rastro de un campo de golf. Pero Aguirre y González pensaron que era buena idea sustituir el parque público por unas instalaciones para practicar dicho deporte. Así que decidieron modificar el proyecto y, sin licencia, iniciar la construcción del campo de golf. El 16 de octubre de 2006, el Ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de las obras. Pese a no tener licencia, el Canal adjudicó el 27 de diciembre la explotación del campo de golf a un consorcio del que formaba parte la empresa Tecnoconcret, que estaba controlada por González y por su familia. Dos días después, el 29 de diciembre, el Ayuntamiento denegó la modificación de la licencia para construir el campo de golf. El 8 de enero de 2007, el Colegio de Arquitectos de Madrid adoptó un acuerdo en el que se indicaba que "destinar seis hectáreas a prácticas de golf en una zona necesitada de espacios verdes ya sería cuestionable de haberse seguido los trámites legales, pero resulta inadmisible si se está haciendo al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público".

Ante esta panorama, Aguirre y González optaron por declarar el campo de golf como obra de "excepcional interés general". Gracias a ello, ya no necesitaban la licencia del Ayuntamiento, que quedaba sustituida por el acuerdo del Gobierno autonómico. La decisión se adoptó el 18 de enero de 2007 y se motivó con el siguiente argumento: "El afán de potenciar la práctica deportiva entre todos los ciudadanos de la región". Para entonces, las obras del campo de golf ya estaban muy avanzadas. De hecho, el 28 de marzo de aquel año, Aguirre y González asistieron alborozados a la inauguración pública.

A aquel acto de inauguración también acudieron decenas de vecinos del barrio madrileño de Chamberí, donde estaban las instalaciones, para protestar por el cambiazo que les había dado el Gobierno del PP al sustituir un parque público, en uno de los barrios de Madrid con menos zonas verdes, por un campo de golf que iban a explotar empresas privadas. Parte de aquellos vecinos constituyeron la asociación Parque Sí en Chamberí, que inició una batalla legal contra el campo de golf. Su lucha dio fruto en el ámbito contencioso-administrativo, ya que en enero de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo por el que se declaraba el campo de golf de "excepcional interés general". 

Menos suerte tuvieron los vecinos de Chamberí en la vía penal, donde chocaron con el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía que dirigía Moix archivó dos denuncias y se opuso a una querella contra Ignacio González, en las que se detallaba la trama corrupta montada por el político madrileño para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf. En la segunda denuncia, presentada en 2009, Parque Sí en Chamberí pedía que se realizase una sencilla diligencia de investigación –solicitar a Hacienda la declaración de ingresos y gastos de la empresa Tecnoconcret–, que habría descubierto la trama corrupta. Moix no lo hizo y tuvieron que pasar otros ocho año hasta que, en abril de 2017, la Justicia puso en marcha la operación Lezo. La trama corrupta en torno al campo de golf que no investigó Moix es uno de los elementos centrales del caso. El pasado mes de julio, la asociación TCJ-15M presentó una querella TCJ-15M presentó una querellacontra el ahora fiscal del Supremo –quien tuvo que dimitir después de que infoLibre desvelase que era dueño de una empresa en Panamá– por no investigar la trama de González. El Tribunal Supremo aún no ha decidido si admite a trámite dicha querella.

Unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros

La empresa utilizada por Ignacio González para lucrarse con la adjudicación del campo de golf del Canal fue Tecnoconcret, en la que figuraba como testaferro un socio de su hermano Pablo y de su cuñado José Juan Caballero.

Según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión a González, “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf.

En realidad, Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató el trabajo con otra sociedad (Only Golf Planning and Design). Así consta en el auto del juez Velasco, en el que se asegura que Tecnoconcret “declaró ventas a una sociedad denominada Only Golf, supuestamente dedicada a la construcción de pistas de golf, por importe de unos 2,68 millones de euros durante los años 2006 y 2007”.

La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.

Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.

El juez Velasco habla de desvinculación “formal” porque la explotación del campo de golf, realizada por el Canal cuando Ignacio González era su presidente, se adjudicó en diciembre de 2006 a un consorcio formado inicialmente por tres empresas: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y la propia Tecnoconcret, que era clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf. A principios de 2008, Iridium compró sus acciones a las otras dos compañías.

En definitiva, sólo en la operación del campo de golf, la empresa controlada por Ignacio González obtuvo según los investigadores unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros.

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