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Libertad prensa

Un juez de Palma respaldado por la Fiscalía requisa ordenadores y móviles a dos periodistas para descubrir sus fuentes en un caso de corrupción

La Policía Nacional requisó este martes material profesional y personal a dos periodistas baleares. Lo hizo bajo la orden del juez José Luis Cortés del Blanco, que está al frente del Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma de Mallorca. Los profesionales forman parte de la plantilla del Diario de Mallorca y de la delegación balear de Europa PressDiario de Mallorca . Ambos habían publicado información respecto a una investigación dentro del caso Cursach, una macrocausa que gira en torno al magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach. El motivo apunta directamente a un presunto delito de descubrimiento de secretos, debido a una filtración de un informe de la Policía Nacional que sugería un posible delito fiscal por parte del empresario y que fue recientemente archivado. Si bien los periodistas no están siendo investigados, el juzgado sí los considera clave para conocer la autoría de quien filtró la información publicada.

El juez actuó respaldado por la Fiscalía, cuyos portavoces confirmaron la apertura de "una pieza secreta por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en la que no se está investigando a ningún periodista". El fiscal delegado de Anticorrupción en Mallorca informó "favorablemente la diligencia solicitada por la Policía para acceder a los dispositivos de almacenamiento de información en poder de los periodistas a fin de obtener las necesarias evidencias de la comisión de un delito", sostiene el ministerio público.

En el caso de la agencia de noticias, tres agentes y una secretaria judicial acudieron a la redacción para exigir a la periodista Blanca Pou la entrega de cualquier documentación sobre la macrocausa. Si bien la redactora trató de acogerse a su derecho profesional de no revelar las fuentes, los agentes insistieron en sus requerimientos. Antonia López, delegada de Europa Press en Illes Balears, explica en conversación con infoLibre que la profesional decidió ampararse "en la protección de la fuente", pero los agentes "pidieron reunirse con ella a solas". Finalmente, añade, "tuvo que entregar su teléfono móvil personal y dos ordenadores". La Policía, continúa la delegada, aseguró estar "investigando un delito, que es la filtración", de manera que "ante el auto nada se podía hacer". López asegura que los servicios jurídicos de la empresa estudiarán posibles medidas de respuesta.

En cuanto al Diario de Mallorca, el periodista Kiko Mestre lanzó este martes un vídeo en el que explica las circunstancias del suceso. "Esta mañana la Policía me ha requerido, me ha llamado sin explicarme el motivo, he ido al encuentro, me han metido en un despacho en presencia de una secretaria judicial y me han entregado un requerimiento judicial por el cual me veía obligado a entregar mi teléfono móvil personal", dice. Todo esto, añade Mestre, "forma parte de una investigación bajo secreto" en la que no figura como investigado, de manera que dice no saber "exactamente qué buscan" a través del teléfono móvil requisado. El periodista también relata que la Policía se personó la tarde del martes en el rotativo "porque quería toda la documentación sobre el caso Cursach". No obstante, cuando "ha visto que le recibía tanto la directora como el representante del periódico y el abogado, ha decidido marcharse" y ha informado de que "regresará con la orden judicial". El periodista remarca que lo sucedido no constituye un ataque personal, sino contra "la profesión" y el "compromiso con la verdad", por lo que supone "un atentado directo a la libertad de prensa". El periódico ha señalado su intención de no entregar ningún material relacionado con la investigación.

El auto judicial

El Diario de Mallorca publicó la parte dispositiva del auto que ordena el registro de ambas empresas. En el documento [consultar en este enlace], el Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma acuerda la entrada y registro en los centros de trabajo, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. El juez estima necesario incautar "el teléfono móvil utilizado" por los periodistas, así como sus ordenadores. También menciona la necesaria entrega de "cualquier documento policial o judicial relacionado con la investigación del caso Cursach o sus derivadas". Además, añade, se les "requerirá para que aporten voluntariamente o serán intervenidas memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos referidos".

Al mismo tiempo "se autoriza el estudio de whatsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo" vinculado al fenómeno investigado. El juez estima que, en cualquier caso, "la entrada y registro en sus oficinas podrá ser evitada si acceden voluntariamente a entregar esos dispositivos".

La noticia que activó el detonante tiene que ver con un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, en el que acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016. La información al respecto fue publicada por Europa Press y por el Diario de Mallorca el pasado 5 de julio. El juez instructor del caso terminó por archivar el presunto delito fiscal el pasado 29 de noviembre.

Derecho constitucional

Los apoyos hacia los periodistas y sus medios no tardaron en llegar. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó tajantemente la incautación efectuada por los agentes. La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), por su parte, condenó los hechos sucedidos y poco después, la propia presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, se pronunció y mostró su apoyo a los reporteros: "La información rigurosa y libre fortalece a nuestra sociedad", manifestó.

También los sindicatos de periodistas más representativos de Illes Balears brindaron su respaldo a los afectados. María Amengual, secretaria general del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), recalca en conversación con infoLibre que se trata del "mayor ataque al periodismo en la historia de Balears". Amengual subraya asimismo que "el derecho a no revelar las fuentes y al secreto profesional está recogido en el artículo 20 de la Constitución". Aunque el precepto señala que "se podrán secuestrar publicaciones por orden judicial", no contempla la posibilidad de "obligar a un periodista a revelar sus fuentes", reflexiona la secretaria general. La periodista observa con especial preocupación la incautación de los teléfonos personales de los profesionales. Y se detiene en ese último matiz. "Ninguno tenía teléfonos de empresa", manifiesta.

La representante del sindicato estima además que lo sucedido atenta contra "el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz" y, aunque llama a la prudencia, afirma que "una de las dos personas está afiliada al sindicato", de manera que "se pondrán a su disposición para lo que haga falta" los servicios jurídicos tanto de la organización sindical como de la FAPE. Amengual dice entender "que el juez tendrá sus motivos, pero los va a tener que explicar muy bien", concluye.

Ángeles Durán, presidenta de la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), también valora como "muy graves" los hechos acontecidos, en declaraciones a este diario. Durán exige además la "devolución de todo el material" y reitera "todo el apoyo" a los afectados. La líder de la asociación entiende que "la Constitución respalda a los periodistas, en base al secreto profesional, a no revelar sus fuentes". Recalca además que los medios "no están siendo investigados", de manera que a su juicio "no se justifica que se hayan llevado material del medio ni mucho menos del periodista". Es no sólo algo "gravísimo", sino también "una forma de control desde el poder político y judicial", zanja.

Ambas profesionales coinciden en acentuar lo "inédito" de lo sucedido e insisten en reclamar explicaciones. Lo cierto es que el derecho de no desvelar las fuentes como una garantía constitucional está ampliamente consolidado en la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que la actuación de este martes resulta, recalcan las periodistas, "incoherente e injustificada". 

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