El juez de 'Púnica' abre la puerta a enterrar por prescripción parte del caso

Manuel García Castellón, el juez que en la Audiencia Nacional instruye la OperaciónPúnica, acaba de abrir la puerta al archivo de una parte relevante del caso. En un auto recibido con euforia por la defensa de Francisco Granados, antiguo número 2 del PP madrileño con Esperanza Aguirre, el magistrado deniega las pruebas solicitadas por Anticorrupción para recabar documentos urbanísticos del municipio de Valdemoro anteriores a mayo de 2004, mes en que se aprobó su PGOU. El instructor lo hace con el argumento de que, dado que ninguna de las penas previstas en Púnica excede de los 15 años, "se trataría de hechos que, en este momento, se encontrarían ya afectados por el instituto de prescripción". Valdemoro está considerado por los investigadores como el gran feudo inicial político y de negocios turbios que utilizó Granados, que fue alcalde de la localidad antes de saltar al Gobierno de Madrid en 2003.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular coordinada por la asociación de abogados Adade recurrirán de inmediato el auto, dictado el pasado día 14. Pero el primer efecto de que el juez lo haya dictado llegó este mismo lunes: a petición de la defensa de Granados, el magistrado suspendió sobre la marcha la declaración largamente esperada de una testigo-perito que debía ofrecer detalles sobre cómo se había fraguado el desarrollo urbanístico de Valdemoro. 

El letrado de Granados, Javier Vasallo, reclamó la suspensión alegando que, en aplicación del auto, nadie puede prestar testimonio sobre hechos que, según el auto del juez instructor, ya habrían prescrito. El letrado, que elogió en la misma sala y en presencia de todas las partes la decisión del magistrado, considera que la pieza de Púnica sobre Valdemoro se cerrará en aplicación del auto. ¿La clave? "Que todo lo que afecta al PGOU aprobado en mayo de 2004 está prescrito". Vasallo considera "jurídicamente impecable" el auto. "Con resoluciones de este tipo el Poder Judicial demuestra su plena independencia", agregó el letrado en conversación con infoLibre. Y se prepara para pedir el cierre de la pieza de Valdemoro y de otras donde el año 2004 adquiera protagonismo. Granados –se queja su abogado, pero las acusaciones discrepan radicalmente del diagnóstico– estuvo dos años y ocho meses en la cárcel por hechos que el juez cree ahora prescritos.

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Las acusaciones esperaban que la testigo citada para esta lunes pudiera, por ejemplo, ofrecer datos sobre el cambio de uso de enormes superficies de terreno cuyo uso pasó de rústico a urbanizable y acabaron en puso en poder de empresas dominadas por socios de Granados. Según los investigadores, los pelotazos urbanísticos reportaron 700 millones a las empresas de quienes la causa considera dos de los principales socios clandestinos locales de Granados: el ahora arrepentido David Marjaliza y el constructor Ramiro Cid Sicluna.

El auto llega más lejos al afirmar lo siguiente sobre la petición rechazada a la Fiscalía: "Sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, debe advertirse que, atendido al carácter genérico de las solicitudes, las mismas podrían dar lugar a una suerte de prospección general incompatible con los fines de la investigación". Pero fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que lo que buscaba la Fiscalía no era ampliar hacia atrás el espectro de personas y hechos investigados sino documentar de manera fehaciente cuál había sido la ruta delictiva seguida para la aprobación el PGOU de Valdemoro. Conocer lo que sucedió antes de un delito ayuda a comprender cómo se llevó a cabo, añaden las fuentes.

Por decisión de la Sección Cuarta de lo Penal, el plazo para la instrucción de Púnica expira el próximo 6 de junio y no el 30 de marzo de 2022, que era lo inicialmente previsto por García Castellón. Impuesta por la reforma legal que introdujo en 2015 el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, la reducción del plazo obliga a los investigadores a ir contrarreloj. Y coloca a las acusaciones en una complicada tesitura por cuanto ese reloj que avanza hacia junio dificulta recabar nuevas pruebas para sentar en el banquillo a los imputados. En la abultada lista –comenzó con medio centenar– aparecen figuras políticas de gran nivel como los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Los tres permanecen como investigados por la presunta financiación ilegal del PP madrileño.