Corrupción política

El juez de 'Púnica' asegura que el presidente de Murcia recurrió a la trama para mejorar su imagen tras el 'caso Auditorio'

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, durante su comparecencia este viernes.

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Eloy Velasco, ha asegurado en un nuevo auto que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recurrió a la trama liderada por Francisco Granados porque "temía por las consecuencias en su estima debido a una posible imputación" en el caso Auditorio.

Velasco ha hecho esta consideración en el auto con el que cierra la pieza separada de la Púnica referida a la Región de Murcia, pero en la que no incluye a los aforados Pedro Antonio Sánchez y la exalcaldesa y senadora Pilar Barreiro.

Precisamente, este lunes el magistrado instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Julián Pérez Templado, ha llamado a declarar como investigado a Pedro Antonio Sánchez en relación con los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Según explica el magistrado en un auto hecho público este lunes, durante el año 2014 el presidente murciano contactó con el empresario de la red Alejandro de Pedro para valorar la posibilidad de que se le realizaran trabajos reputacionales en Internet y redes sociales. Velasco explica que en aquel momento "la candidatura de la región se encontraba en disputa" lo que convertía en algo básico "un buen posicionamiento en las redes sociales" y una buena reputación, informa Europa Press.

"Consecuencias en su estima"

"En ese mismo contexto político Pedro Antonio Sánchez temía por las consecuencias debido a una posible imputación penal", asegura el magistrado, en referencia al procedimiento que investiga en Murcia el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de la obras de un auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.

En el citado auto, el juez Velasco ordena continuar el procedimiento contra la veintena de acusados en la pieza que investiga las actividades de la trama Púnica en Murcia. El magistrado deja fuera a los dos aforados en esta parte de la investigación --el presidente de Murcia y la senadora del PP Pilar Barreiro-- a la espera de decidir si remite o no las actuaciones relativas a ambos a los tribunales competentes.

El instructor acusa entre otros al exconsejero de Turismo e Industria, Juan Carlos Ruiz, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales. Considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.

El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno, también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

Empresa de De Pedro

En este escenario entraron en juego empresas de Alejandro de Pedro con las que contactaron distintos cargos con el fin de encargar particulares de reputación en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.

En el caso del presidente murciano, explica, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, valorando los trabajos reputaciones en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista y la creación de un portal de educación que daría cobertura al coste de los trabajos reputacionales, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro, que esta obtendría sin desembolso alguno.

La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, subraya el auto, el periodo previo a la campaña electoral de ese año -en la que los dos consejeros se disputaban la Presidencia de la Región- facturándose bajo el concepto "formación". Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada Púnica, a finales de octubre, que la abortó.

El contrato reputacional sobre la persona de Pedro Antonio Sánchez incluía Estrategia SEO y Linkbuilding "Pedro Antonio Sánchez", creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs inexistentes, 1 periodista e informes mensuales, todo ello con un coste de 4.6000 euros al mes en un periodo de 7 meses, del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2105, con un importe total de 32.200 euros.

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