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Jugosas comisiones, distinto resultado judicial: parecidos y diferencias entre el 'caso Koldo' y el 'caso Ayuso'

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid.

El turbio negocio que floreció alrededor de la compraventa de material sanitario en el peor momento de la pandemia vuelve a convertirse en elemento central de la confrontación política. El caso Koldo ha dado nueva munición a la oposición en su ofensiva contra el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, ha revivido viejos fantasmas que en la formación conservadora daban por amortizados. Las críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la supuesta trama de mordidas alrededor de varios contratos de compraventa de material sanitario han llevado a los socialistas a desenterrar el caso que en su día afectó al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Una comparación que no gusta en las filas del PP. "No tienen nada que ver", ha insistido Ayuso este lunes.

Negocios entre cientos de muertos y contratos de emergencia

Los protagonistas de ambos casos vieron en el momento más negro de la pandemia una oportunidad perfecta para hacer negocio. El primer contrato con el que se hizo la trama del llamado caso Koldo fue adjudicado el 21 de marzo de 2020 por Puertos del Estado, ente público empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ese día, murieron tres centenares de personas. La adjudicación de la que se benefició Tomás Díaz Ayuso, por su parte, se produjo el 1 de abril, cuando se registraron en nuestro país 864 fallecidos como consecuencia del coronavirus. En ambos casos, los contratos se adjudicaron por la vía de emergencia, procedimiento que permite a las administraciones saltarse los "requisitos formales establecidos" para las licitaciones.

Dos empresas sin experiencia en el sector

Ninguna de las empresas que se hicieron con los contratos en ambos casos se dedicaban oficialmente al sector sanitario. Ni tampoco pasaban por su mejor momento económico. En el que ahora salpica al Gobierno, las adjudicaciones cayeron en manos de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, una sociedad constituida en 2017 que tiene como objeto social proporcionar "servicios de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento" de compañías e instituciones, así como la "investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, explotación, venta y distribución" de sistemas de electricidad. Tras un periodo de inactividad en 2018 y 2019, los ingresos de la firma se dispararon en el año de la pandemia, volviendo a decaer en el ejercicio siguiente.

En el caso Ayuso, la empresa que se hizo con el contrato para la compra de 250.000 mascarillas fue Priviet Sportive SL. Según dejó escrito la Fiscalía Anticorrupción en su día, esta empresa, cuyo propietario mantenía una relación de amistad con la familia Ayuso, venía dedicándose como "actividad principal" desde hace años "al comercio al por mayor de prendas de vestir, para lo que importaba "habitualmente" tejidos, etiquetas y prendas del "mercado asiático". "La crisis sanitaria provocada por la pandemia y el estado de alarma sumió a esta empresa textil, como a tantas otras, en una complicada situación económica, con dificultades para dar continuidad a su negocio", recogió en uno de sus escritos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Quien sí tenía, sin embargo, experiencia en el mercado sanitario era el hermano de la presidenta madrileña. "Venía trabajando desde finales del siglo pasado, por cuenta ajena en mercantiles como MC Infortécnica, Pulsion Medical System Iberica o Gala Medica, y desde 2008 en régimen de autónomo trabajando para varias empresas del sector médico, como Cardiac Science, Airis o Ibersurgical", recogía el Ministerio Público en su escrito de archivo de las diligencias de investigación. Una actividad laboral que, completaba Anticorrupción, le había permitido "mantener contactos con fabricantes de equipamiento y material sanitario" de diferentes países, incluido China.

Jugosas comisiones, distinta magnitud

Que el hermano de la presidenta madrileña se benefició de la operación es algo que quedó acreditado en la investigación que llevó a cabo la Fiscalía. En las dos primeras semanas de julio, la empresa de su amigo abonó a Díaz Ayuso 234.103,52 euros. "La comisión percibida se corresponde, en una parte –175.000 euros–, a los trabajos realizados para Priviet en relación con distintas ofertas, entre ellas la analizada; y, en otra parte –59.203,52 euros–, al bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid", dejó escrito en su día Anticorrupción. Dicha "comisión comercial", como figuraba en el concepto de las facturas emitidas, fue declarada a Hacienda tanto por Priviet Sportive como por Díaz Ayuso.

De comisiones se habla también en el caso Koldo. Aunque en éste, las cifras que se manejan son mucho más abultadas. Hay al menos nueve adjudicaciones bajo la lupa por un total de 54 millones de euros. Contratos que generaron un beneficio económico de 9,6 millones de euros a Juan Carlos Cueto, a quien los investigadores y el juez instructor sitúan tras Soluciones de Gestión, y de 5,5 millones a Víctor de Aldama, otro de los empresarios detenidos. En el caso de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, la querella de Anticorrupción recoge un incremento patrimonial que "no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales". Solo entre 2020 y 2022, acumuló bienes muebles e inmuebles por valor de 1,5 millones.

En el caso Koldo, además, la investigación ha detectado "operaciones" supuestamente destinadas a "ocultar" y "dificultar el seguimiento y trazabilidad" de las ganancias y comisiones obtenidas. Así, por ejemplo, la querella de la Fiscalía habla de transferencias que conducen, de una manera u otra, a Brasil y Luxemburgo. También destaca, en el caso de García, el aumento de "ingresos en efectivo" y la utilización de familiares para ocultar, o al menos "dificultar", la "verdadera titularidad real" de los inmuebles adquiridos. Maniobras que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no apreció cuando investigó el caso del hermano de la presidenta madrileña: "En cuanto a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento seguido debe calificarse de transparente".

Sospechas sobre la mediación de Koldo que no se apreciaron en Ayuso

El Ministerio Público sostiene, en relación con el escándalo que estalló la pasada semana, que "todos los indicios apuntan" a que los contratos fueron "obtenidos de manera irregular" gracias a la "intermediación interesada" de García. En este sentido, señala que gracias a su posición en el Ministerio de Transportes –asesor del ministro, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado–, el investigado "tenía relación directa con los responsables de hecho de los contratos investigados". Es más, la querella llega a apuntar que Aldama, con quien mantenía una "relación personal", habría recurrido en al menos una ocasión a García para "agilizar trámites" con dicho ministerio "en el contexto de la contratación durante la pandemia".

La Fiscalía Anticorrupción, además, sostiene que la empresa en el epicentro de la supuesta trama bajo la lupa "habría sido seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades" de Transportes. "En lo investigado hasta ahora, hay indicios que apuntan a que la persona que facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata fue Koldo García", recoge la querella del Ministerio Público, que es la que ha propiciado la apertura de una causa en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional.

La investigación practicada en el caso del contrato del que se benefició el hermano de la presidenta regional, sin embargo, no puso de relieve –en palabras del fiscal jefe Anticorrupción– "elemento indiciario alguno" de que Tomás Díaz Ayuso "llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones" ante el Servicio Madrileño de Salud o cualquier otro organismo de la Comunidad de Madrid "tendente a conseguir un trato de favor" para Priviet Sportive. "Ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos", continuaba el Ministerio Público, al tiempo que sostenía que la intervención del hermano de la presidenta en la operación "fue desconocida" para las personas que se encargaron de la tramitación de dicha adjudicación.

La empresa del 'caso Koldo' que logró 53 millones en contratos había sido sancionada por Hacienda

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Por todo ello, y a diferencia de lo que ha sucedido ahora con el caso Koldo, Anticorrupción decidió no judicializar el asunto y cerró las diligencias de investigación, que abrió a raíz de las denuncias presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Pocos meses después, la Fiscalía Europea también dio carpetazo a su propia investigación sobre este caso, que había puesto en marcha al considerar que con dicha adjudicación podían haberse malversado fondos europeos. "No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado, atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa", señaló en un comunicado.

La calidad de las mascarillas

Luzón, en su decreto de archivo de diligencias, dejó caer que las mascarillas que finalmente fueron suministradas a la Comunidad de Madrid por Priviet Sportive, que invirtió 540.661 euros por adquirir, traer y colocar unos cubrebocas que luego cobró a casi el triple –1.512.500 euros–, "respondían a las especificaciones y calidad contratadas y así fueron aceptadas por el Servicio Madrileño de Salud".

En el caso Koldo, sin embargo, hubo problemas con el material suministrado. Al menos, en Baleares y Canarias. En 2023, tres años después de la compra, el Gobierno de Francina Armengol reclamó por escrito a la compañía la devolución de 2,6 millones de euros alegando que las mascarillas que le habían enviado en su momento no eran FFP2, como habían pedido, sino quirúrgicas. Lo mismo ocurrió en el otro archipiélago. Entonces, el Servicio Canario de Salud se puso en contacto con la compañía para comunicarle que 837.800 unidades recibidas "no eran aptas" para su uso sanitario como FFP2, tal y como consta en un informe oficial. La empresa, entonces, se ofreció valorarlas como quirúrgicas y cobrarlas al precio de mercado que este modelo tenía en abril.

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