Residencias de mayores

Un juzgado madrileño investigará seis residencias por la "negligente gestión" denunciada por familiares

Componentes de Marea de Residencias sostienen pancartas durante la manifestación convocada por una ley estatal "justa, digna y consensuada", en Madrid, (España), a 26 de septiembre de 2020.

infoLibre

El Juzgado de Instrucción número 39 de Plaza de Castilla de Madrid ha llamado a declarar los días 19 y 20 de enero a 19 familiares de residentes víctimas del covid por la a su juicio "negligente gestión" de la pandemia en seis residencias de Madrid, según informa Europa Press. 

Se trata de los geriátricos Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra, ha informado este lunes la Marea de Residentes, propulsora de esta querella conjunta.

La querella iba dirigida contra los directores de estos centros, pero también, como responsables políticos, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Escudero; y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a quienes acusan de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.

Por ser aforados, el procedimiento fue enviado al Tribunal Supremo, que la devolvió a instancias menores esgrimiendo que han de ser ellos los que investiguen. El Juzgado número 39 ha repartido la instrucción entre otros juzgados, como el que investiga a la directora de la Gran Residencia de Carabanchel.

La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las residencias de mayores y se amplío más tarde para que se investigara el protocolo firmado por el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos, como desveló en mayo la investigación publicada por infoLibre.

Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada por el covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".

En el relato de los hechos, se expone que "los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave".

"En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos", añade la querella.

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