Igualdad

Las leyes LGTBI avalarán la despatologización de las personas trans y prohibirán las terapias de conversión

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

Los detalles de las leyes LGTBI empiezan a ser cada vez más nítidos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, se ha reunido este lunes con las principales entidades para trasladar los entresijos de las dos normas que prepara su cartera: la Ley Trans y la Ley de Igualdad LGTBI. Según las fuentes consultadas por infoLibre, algunas de las claves normativas pasan por la despatologización de las personas trans, el cambio registral para menores y migrantes, la consolidación de los derechos reproductivos para las personas trans con capacidad de gestar y la prohibición de las terapias de conversión.

La norma dirigida específicamente a las personas trans bebe, en esencia, de la ponencia que hace dos años aterrizó en la Cámara Baja de cara a la reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Aquella ponencia, apoyada por todos los grupos parlamentarios, trataba particularmente la rectificación registral de los menores trans, además de contemplar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en el país. De acuerdo a dicho texto, "toda persona de nacionalidad española, mayor de dieciséis años y con capacidad legal suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo", un espíritu que atravesará a la nueva norma.

De esta manera, los menores tendrán un lugar reservado en la ley, por lo que hasta los dieciséis años podrán efectuar la solicitud para el cambio de nombre bajo la tutela de sus progenitores. A partir de esa edad, los menores podrán solicitar la modificación por sí mismos. Todo aquello relativo a la infancia quedará regulado a través de la Ley de Protección a la Infancia y beberá de tratados internacionales. También será determinante la sentencia del Tribunal Constitucional que hace dos años reconocía el derecho de los menores trans "con suficiente madurez" a solicitar el cambio registral.

La misma ponencia señalaba que las personas extranjeras que no hubieran rectificado la mención registral relativa al sexo o el cambio de nombre en su país de origen podrían solicitarlo en suelo español. Estas personas, menciona el informe, "podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio de nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos".

Como consecuencia de la despatologización, se suprimirán las evaluaciones psicológicas para acceder a tratamientos hormonales y en la misma línea quedarán absolutamente prohibidas las terapias de conversión de la orientación sexual. Este último extremo ha demostrado un amplio consenso parlamentario, con la excepción de la extrema derecha, a través de las iniciativas que han ido a parar a la Cámara Baja en los últimos años. Las leyes que ultima el departamento cumplen "con las directivas europeas, las recomendaciones del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, además de lo fijado por las leyes autonómicas para la atención sanitaria sin el requisito previo de la evaluación psicológica", detallan las fuentes consultadas.

Las normas preverán también la integración de las personas transexuales en las prisiones, en base a la instrucción de Instituciones Penitenciarias. En esta materia, el ingreso en un módulo concreto vendrá determinado por "el cambio de nombre en el DNI, pero no será necesaria la acreditación mediante un informe". En el ámbito del deporte, las leyes siguen la línea del Comité Olímpico Internacional, que en 2016 permitió la competición a las personas transexuales.

Finalmente, las leyes se referirán a los derechos reproductivos para garantizar la salud reproductiva de todas las mujeres y personas trans con capacidad de gestar, a quienes se les reconocerá el acceso en igualdad de condiciones a la reproducción asistida. La filiación será un derecho garantizado por ley también para las parejas de mujeres.

Las organizaciones convocadas destacan que las propuestas normativas recogen las principales reivindicaciones del colectivo y revelan un trabajo "técnicamente minucioso y sólido" por parte del ministerio. Uge Sangil y Mar Cambrollé, presidentas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) y de la Plataforma Trans, confirman en conversación con este diario que si bien no han recibido todavía los borradores, las claves de los textos cumplen con las expectativas y con los compromisos lanzados al inicio de la legislatura.

Reunión con Carmen Calvo y 'ley Zerolo'

El encuentro con los colectivos se produce con un compromiso en el horizonte: el de iniciar los trámites legislativos para consolidar las normas durante la primera quincena de febrero. Pero también surge al calor de algunos acontecimientos especialmente polémicos. El primero tiene que ver con los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos. El pasado 21 de enero, los socialistas registraban su propia Ley para la Igualdad de Trato, bautizada como ley Zerolo. Se trata de una de las normas clave en el acuerdo de Gobierno. Y también de la ley que presentarían, según el mismo pacto, PSOE y Unidas Podemos de manera conjunta. El grupo socialista se adelantó en el registro, lo que sembró desconfianza en el equipo morado. Las acusaciones cruzadas terminaron por zanjar el conflicto.

El otro episodio se produjo hace apenas unos días. El pasado viernes, Carmen Calvo se reunió, en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE, con los mismos colectivos que hoy se han entrevistado con el Ministerio de Igualdad. Entonces, la Plataforma Trans criticó la voluntad de los socialistas por crear una mesa de trabajo genérica de cara al estudio de una normativa específica para el colectivo, un paso que para la plataforma terminaría por dilatar los plazos previamente fijados en cuanto a la consolidación de las leyes.

Esos plazos los sentó el Ministerio de Igualdad a finales de enero: las dos normas iniciarían su andadura durante la primera quincena de febrero. Así lo señaló la propia Irene Montero después de mantener una primera cita con Carmen Calvo. Después de aquel encuentro, la ministra reconoció diferencias con la vicepresidenta primera pero blindó su compromiso por sacar adelante lo que es ya una de las principales promesas de su departamento.

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