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Los fiscales del 'procés' fuerzan una guerra por la amnistía que amenaza con partir en dos la cúpula fiscal

Cataluña

Los 'maestros de la infamia' que resultaron no serlo: historia de cinco profesores de San Andreu

Manifestación de apoyo a los docentes del centro, el pasado 1 de mayo.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Martorell (Barcelona) no ve indicios de delito en la actuación de cinco de los nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca a los que la Fiscalía señaló por, supuestamente, haberse referido "en términos despectivos y humillantes" a los hijos de varios guardias civiles escolarizados en ese centro educativo. El ministerio público, en una denuncia conjunta, los acusó de un delito contra los derechos fundamentales (lesionar la dignidad de las personas por su nacionalidad) y otro de "injurias graves" contra los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El magistrado sí decidió abrir un proceso penal contra otros tres docentes de ese mismo instituto también señalados por el fiscal de delitos contra el odio y la discriminación, Miguel Ángel Aguilar, por sus intervenciones en clase el pasado 2 de octubre, un día después del referéndum ilegal del 1-O, en las que presuntamente criticaron la actuación de las fuerzas de seguridad. Asimismo, está siendo investigado, aunque en otro juzgado de Martorell, un cuarto profesor de El Palau que, según el ministerio público, emplazó a los alumnos hijos de guardias civiles a identificarse en el aula el pasado 20 de octubre, en vísperas de una jornada de movilizaciones estudiantiles en Cataluña. 

La denuncia que el fiscal Aguilar remitió a los juzgados de Martorell el pasado 23 de abril se dirigía contra los nueve docentes, aunque el decanato decidió dividir los procedimientos en función de la fecha en que tuvieron lugar sus intervenciones en clase: el 2 o el 20 de octubre. A todos ellos los acusó de los citados delitos al mantener que crearon un clima de hostilidad hacia los hijos de los guardias civiles, cuya presencia es numerosa en el centro dado que el mayor cuartel de Cataluña está a apenas 200 metros. 

El auto del juez de Martorell por el que decide no admitir a trámite la denuncia contra cinco docentes todavía no ha trascendido, por los que no es posible conocer con qué argumentos refuta las tesis del fiscal. A preguntas de infoLibre, un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se limitó a señalar que el magistrado no cree que deba hacer público su escrito. El profesor Josep Lluis Alcázar, portavoz de los docentes denunciados, aseguró a este diario que los abogados de los profesores –uno proporcionado por el departamento de Enseñanza de la Generalitat y otros dos contratados directamente por ellos– están estudiando la resolución judicial. 

Alcázar niega que los profesores humillaran a los hijos de guardia civiles en clase. "No son ciertas las palabras que se han puesto en su boca. Es verdad que fueron días tensos y que el tema se trató en las aulas con el objetivo de abordar los diferentes puntos de vista a través del diálogo y evitar que los chavales lo resolvieran en el patio con peores formas. Es algo que siempre hacemos cuando hay cualquier tipo de inquietud social", subraya. El portavoz de los profesores asegura que este caso está teniendo un gran "coste personal" para ellos. De hecho, cinco de ellos están de baja y otro ha pedido acabar el curso en otro instituto. 

La versión de los docentes contrasta con la del fiscal, que recogió el testimonio de los padres de los alumnos que denunciaron el caso y tomó declaración, como investigados, a los profesores. En concreto, el fiscal Aguilar mantiene en su denuncia que, un día después del referéndum ilegal que el Gobierno intentó desmontar por la fuerza a través de la actuación policial, los docentes a los que denunció tildaron de "animales", "bestias que solo saben dar palos", "perros rabiosos" o "salvajes" a los guardias civiles en presencia de hijos de agentes del instituto armado.

Respecto a los hechos del 20 de octubre, el ministerio público sostiene que el docente investigado pidió en clase que levantaran la mano "los hijos de los guardias civiles" y, a los que así lo hicieron, les dijo que entendía que no se sumaran a la huelga "por la condición" de sus padres y porque éstos no eran independentistas. El profesor les emplazó entonces a acudir al instituto en las jornadas de huelga y a asistir a clase con normalidad, de forma que –sostiene la Fiscalía– los puso en "evidencia" ante todos los alumnos "señalándolos de esa forma para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula".

Repercusión pública 

El caso del instituto de Sant Andreu de la Barca ha sido otro elemento más de la espiral de polarización en la que está inmersa Cataluña, donde el ámbito educativo se ha convertido en otro campo de batalla con el supuesto "adoctrinamiento político" en las aulas, las críticas a los libros de texto con los que estudian los alumnos catalanes y el cuestionamiento del modelo de inmersión lingüística como principales exponentes. 

En este caso concreto, mientras que las familias denunciantes han recibido el apoyo del Gobierno a través de los secretarios de Estado de Seguridad y Educación, José Antonio Nieto y Marcial Marín, respectivamente, con quienes se reunieron el pasado martes; los docentes tienen el respaldo del Consejo Escolar y de la asociación de padres y madres del centro. Este mismo jueves un centenar de familias suscribieron un comunicado en el que aseguran que en el centro "no se adoctrina", reclaman que este tipo de conflictos se traten con "discreción" en el ámbito educativo y exigen que se preserve la libertad de los docentes para ejercer su trabajo y formar a personas "con espíritu libre".

Los medios de comunicación también han tenido un cierto protagonismo en este caso. Especialmente el diario El Mundo, que señaló con nombres y fotografías a los docentes en un reportaje titulado "Los 9 maestros catalanes de la infamia". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se hizo eco de esa publicación con el siguiente mensaje en la red social Twitter: "Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de @guardiacivil en Cataluña. La fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence al nacionalismo". 

Aparecen pintadas contra los profesores catalanes denunciados por la Fiscalía en la fachada de su instituto

Aparecen pintadas contra los profesores catalanes denunciados por la Fiscalía en la fachada de su instituto

Días después de la publicación de ese reportaje aparecieron en los muros exteriores del instituto pintadas amenazantes contra los profesores. En color negro, unos desconocidos escribieron los nombres y apellidos de los docentes junto a las palabras "nazis" y "separatas". El fiscal Aguilar, el mismo que denunció a los docentes, dio instrucción a los Mossos d'Esquadra para que trataran de aclarar el origen de esas pintadas y buscaran a sus autores. Alcázar, el portavoz de los profesores señalados, asegura que todos ellos están recibiendo también insultos y amenazas a través de las redes sociales. De hecho, están estudiando con sus abogados si interponen denuncias al respecto. 

La Federación de Educación de CCOO en Cataluña, al considerar que el artículo publicado por El Mundo contraviene la deontología periodística, puso una reclamación ante el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), una entidad que vela por el cumplimiento de los principios de ética profesional periodística. Este organismo ya está estudiando la información y ha trasladado al medio de Unidad Editorial la posibilidad de formular alegaciones. Un portavoz del CIC explica que, en todo caso, al tratarse de un instrumento de la profesión, sus recomendaciones son de carácter moral. Por lo tanto, no hay sanciones económicas.

Precisamente en su comunicado, los padres lamentan que los docentes estén sometidos a una "persecución mediática" y reclaman a los medios de comunicación que aparten el foco mediático del instituto, a fin de que pueda volver la normalidad al centro. "Instamos también a todos los organismos y sectores de la comunidad educativa, tanto municipales, como autonómicos y estatales, a que se impliquen en poner fin a esta situación que estamos viviendo", sentencian.

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