La marcha de Reynders, último capítulo del fracaso del PP en su guerra jurídica contra Sánchez en Bruselas

Y cuando, allá por diciembre, todas las miradas estaban fijas sobre los niños de San Ildefonso y el sorteo de la Lotería de Navidad, saltó la noticia. Gobierno y PP retomarían por enésima vez el diálogo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero ahora con la mediación de la Comisión Europea. Los conservadores confiaban en arrancar de esos encuentros supervisados por Bruselas un compromiso para reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Pero de momento no lo han conseguido. El Ejecutivo comunitario se ha mantenido en el carácter prioritario de una renovación que ahora, cuatro meses después, se enfría de nuevo con la salida del comisario de Justicia y mediador en las negociaciones, Didier Reynders.

El PP lleva años situando su batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en pleno corazón europeo. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y continuada por Alberto Núñez Feijóo, que, sin embargo, no ha dado los frutos deseados. Una y otra vez, la formación conservadora ha pinchado en hueso. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Como tampoco lo ha hecho, por el momento, la futura ley de amnistía, con la que el Ejecutivo conservador trata de poner punto y final al procés.

El Consejo General del Poder Judicial, que el PP lleva un lustro negándose a renovar aferrándose a decenas de condiciones, siempre ha ocupado un lugar privilegiado dentro de esa ofensiva por europeizar cada debate nacional. Casado, por ejemplo, no dudó en trasladar a las instituciones comunitarias el plan del anterior Gobierno de reformar la ley que regula el funcionamiento del CGPJ para incluir una cláusula antibloqueo que impidiese vetar la renovación de dicho órgano siempre que hubiese un acuerdo de la mayoría absoluta de los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Ahí sí, la Comisión Europea expresó sus dudas. Y al Ejecutivo no le quedó más remedio que dejar su iniciativa guardada en un cajón.

Pero los conservadores no han conseguido hasta la fecha que se acepte su exigencia de reformar el sistema de elección del órgano, de forma que sean los propios magistrados quienes elijan a los vocales de procedencia judicial, como condición sine qua non para la renovación. Feijóo insistía en febrero en que mientras "no se cierre todo" no se va a poder "acordar nada". Sin embargo, desde Bruselas han repetido por activa y por pasiva que lo prioritario es la renovación del Poder Judicial y que, sólo una vez se cierre ésta, se podrá hablar de cambios en el sistema de elección. "Renovar con urgencia y luego emprender la reforma", insistía Reynders hace poco más de una semana. Entonces, las conversaciones estaban en stand by después de que el PP solicitase el aplazamiento de la última reunión.

De alcanzarse finalmente un acuerdo, el mismo no llegará de la mano del político belga. El liberal, que ya se conocía al dedillo todo el conflicto alrededor del órgano de gobierno de los jueces, ha decidido adelantar diez días el comienzo de su excedencia como comisario de Justicia para centrarse en su campaña para el Consejo de Europa. Una salida que vuelve a enfriar –otra vez más– la renovación del órgano del Poder Judicial en plena vorágine electoral. A partir de ahora, será la vicepresidenta comunitaria, Věra Jourová, quien asuma la cartera de Reynders.

En la Comisión reiteran su disponibilidad para seguir buscando un acuerdo que ponga fin, como exigen también las propias asociaciones judiciales –conservadoras y progresistas–, a una anomalía sin precedentes. Y desde el PP aseguran seguir "comprometidos" con ese mecanismo de negociación que ellos mismos exigieron para volver a sentarse en la mesa de diálogo y que, hasta ahora, no ha servido para que los de Feijóo desbloqueen el órgano constitucional. Unas conversaciones que el Gobierno exige que se aceleren ante la "descomposición acelerada e irreversible" del Poder Judicial, cuyo presidente en funciones, Vicente Guilarte, ya ha anunciado que dimitirá el próximo verano. Sería la tercera vez que el CGPJ se queda sin cara visible en menos de dos años.

A vueltas con la amnistía

El comisario belga, de hecho, se ha visto arrastrado en no pocas ocasiones por la ofensiva conservadora en suelo comunitario. Una denuncia permanente contra el Gobierno de la que no han sacado, al menos por el momento, demasiado rédito. "El delito de sedición es algo que recae, como ocurre con la mayoría de ofensas penales, exclusivamente en la competencia de los Estados miembro", dejó claro Reynders sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo para borrar este tipo delictivo y modificar el relativo a la malversación. "No es el único país en el que se produce esta situación", deslizó cuando la formación conservadora puso el grito en el cielo por el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo del Ejecutivo Laura Díez como magistrados del Constitucional.

Los conservadores también se han estrellado en más de una ocasión en su guerra contra la amnistía en suelo comunitario. El debate que lograron forzar a finales de noviembre en la Eurocámara sobre la norma de olvido jurídico no suscitó una gran expectación, a la vista de la reducida asistencia. Y si esperaban un gesto contundente del Ejecutivo comunitario cuestionando los planes del Gobierno de coalición, se tuvieron que conformar con la promesa de que Bruselas seguiría "muy de cerca" el asunto. Pero poco más. “El debate y análisis sobre la ley de amnistía ha de producirse en España, dentro del marco constitucional español y ha de empezar en el Parlamento español”, afirmó Reynders durante aquella sesión plenaria.

Pocos días después, los conservadores perdieron otra batalla más. En este caso, en el Comité Europeo de las Regiones. Allí se rechazó una enmienda contra la amnistía que los barones del PP tenían intención de incluir en un dictamen sobre una futura directiva anticorrupción. En concreto, la formación liderada por Núñez Feijóo buscaba exigir que se incluyese en dicha normativa una salvaguarda que impidiese la concesión de medidas de gracia a condenados por delitos de corrupción, entre ellos la malversación. Pero el pleno del organismo dio luz verde a otra enmienda distinta que asumía que las leyes de olvido jurídico, así como los indultos, son asuntos de competencia estatal.

Tampoco tuvo demasiada suerte el PP en la Comisión de Venecia, a la que el Senado, controlado por la formación conservadora, había solicitado un informe sobre la amnistía. El dictamen evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida, que corresponde al TC, y sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. Tampoco hizo mención alguna a la "conveniencia" del "proyecto" o a su "idoneidad para alcanzar el objetivo declarado": "Se trata de decisiones políticas que corresponde adoptar al Gobierno y al Parlamento". Ni vio problema en relación a la "separación de poderes" si quien aplica la norma son los propios jueces. Eso sí, reprochó el procedimiento de tramitación, "con una consulta limitada al público, a los interesados y a otras instituciones estatales".

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Pero antes de la amnistía estuvo la gestión de los fondos europeos. El PP se esforzó por trasladar a Bruselas sospechas por el reparto de las ayudas, que Casado llegó a calificar de "clientelar": "Puede llevar a la corrupción". En febrero del pasado año, una misión de la Eurocámara visitó nuestro país para interesarse por la ejecución de dichos fondos. Y no encontró ninguna irregularidad importante. "¿Fraude? ¡Desde luego que no!", señaló de forma contundente la presidenta del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la conservadora alemana Monika Hohlmeier, que se limitó a pedir más transparencia. Unos días antes, el Ejecutivo comunitario había avalado el sistema de control y auditoría español y había desbloqueado otros 6.000 millones de euros.

Y antes de los fondos europeos, lo que la derecha –política y mediática– llamó el "Ministerio de la Verdad". En noviembre de 2020, el Gobierno aprobó un procedimiento que para crear un mecanismo que permitía advertir a los medios y sociedad civil de campañas de desinformación que los técnicos de Seguridad Nacional considerasen que era necesario denunciar para contrarrestar sus efectos. Tanto PP como Vox o Ciudadanos hablaron de censura, de un intento para controlar los medios. "No solo atacan a la prensa crítica y señalan periodistas sino que crean un orwelliano 'Ministerio de la Verdad'. Un ataque intolerable a la democracia", exponía Casado en redes sociales.

Pero las acusaciones no tardaron en ser rechazadas por la Comisión, que dijo que la orden ministerial actualizaba "el sistema español" para "prevenir, detectar y responder" a campañas de desinformación y no constituía "base jurídica para decidir" sobre el contenido "de la información facilitada por los medios".