¿Verdad o mentira?

Mariano Rajoy: "Hubo casos de corrupción también en mi partido, pero son casos del siglo pasado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso.

Los casos de corrupción que asfixian al Partido Popular están a la orden del día. En pleno desarrollo del primer gran juicio por la trama Gürtel, con la investigación de la Operación Púnica en proceso y con el caso Lezo aún acechando, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció este lunes en una entrevista con el diario alemán Handelsbatt que su partido no se encuentra exento del problema de la corrupción. Sin embargo, matizó el conservador, se trata de casos "del siglo pasado". "Sí, hubo casos de corrupción también en mi partido. Pero son casos del siglo pasado", señalaba. Aseguraba, asimismo, tener "la conciencia tranquila" y añadía que lo necesario "ante todo es un apoyo a la justicia, que lucha contra la corrupción".

Gran parte de los casos que azotan al PP, no obstante, tienen que ver con delitos de corrupción que se han desarrollado a lo largo del presente siglo. Éstos son algunos de ellos.

Más de un centenar de personas están siendo actualmente investigadas por su presunta implicación en casos de corrupción municipal y autonómica englobados en la llamada trama Púnica, que estudia el cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos públicos. En el punto de mira se encuentran el conservador Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2011,y su socio el empresario David Marjaliza. Entre los investigados figuran además diversos exalcaldes y exconsejeros madrileños, así como el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP). Este último dejó la política en septiembre de 2017 por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas y fraude de fondos públicos, en el marco del caso Auditorio, relacionado con la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa como edil.

En el año 2016 el caso derivó en la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, alegando su "responsabilidad política" tras las investigaciones. Las primeras pesquisas en torno a la trama se iniciaron en diciembre de 2013, a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Granados y Marjaliza. La investigación desarrollada desde entonces ha destapado una trama organizada que se valía de influencias políticas para introducirse en la administración pública y obtener irregularmente adjudicaciones de contratos y de servicios públicos. 

Otro de los grandes entramados corruptos que se tejen en el seno del PP es la bautizada como Operación GürtelOperación Gürtel, cuyo primer juicio alcanza ahora su recta final. Esta primera etapa analiza las supuestas irregularidades cometidas entre los años 1999 y 2005 en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Estepona, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y la capital madrileña. Entre las 37 personas que han sido juzgadas se encuentra el extesorero del PP Luis Bárcenas o el empresario estrechamente vinculado a los conservadores Francisco Correa. La Fiscalía solicita penas de 125 años para Correa, 85 para Pablo Crespo –su número dos– o 39 y medio para Luis Bárcenas, entre otros. La principal conclusión de la fiscal Concepción Sabadell apunta a que "la trama Gürtel hizo de los sobornos a cargos del PP un modo de vida".

Otra treintena de personas están también siendo investigadas al calor delcaso Lezo. Dividida en seis piezas, la principal causa investiga un presunto caso de corrupción gestado en torno al Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona las aguas de Madrid, y que tendría como uno de sus máximos responsables al que fuera presidente conservador de la Comunidad de Madrid Ignacio González –actualmente en libertad bajo fianza de 400.000 euros–. De hecho, la Audiencia Nacional descubrió y decomisó el pasado viernes un botín de González en Colombia, por un valor de 4,6 millones de euros en metálico, fortuna que el expresidente habría amasado durante años a través de la trama corrupta. Otra de las piezas investiga la supuesta financiación ilegal del PP a través del desvío de fondos de Indra y de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), así como las irregularidades en Mercasa, por las que está imputado Pablo González, hermano del expresidente madrileño. Los hermanos González también se encuentra investigado por las irregularidades en la adjudicación y gestión del campo de golf construido en 2007 en las instalaciones del Canal de Isabel II. Los hechos investigados se desarrollaron entre los años 2001 y 2015.

El listado se alimenta de otros casos como la denominada Operación Taula, que investiga también la presunta corrupción en torno al cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos en varias administraciones controladas por el PP en la Comunitat Valenciana, así como la posible derivación en un supuesto caso de blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal conservador valenciano. Se trata de la trama que puso contra las cuerdas a la exalcaldesa de València Rita Barberá, contra quien abrió causa el Tribunal Supremo en 2016 por blanqueo de capitales. Los contratos que se investigan datan del año 2003 y se prolongan hasta el 2015.

También recientemente, en noviembre del presente año, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears condenó a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público al expresidente autonómico Jaume Matas (PP) por un delito continuado de prevaricación dentro del caso Palma Arena. El también exministro de José María Aznar admitió el pasado 7 de noviembre haber prevaricado al tomar una decisión que benefició a la agencia Nimbus Publicidad tras otorgarle una transferencia de 350.000 euros sin concurso y saltándose el procedimiento administrativo. Antes de este último juicio, Matas se ha sentado en el banquillo por el juicio del caso Nóos, por el de la contratación de los arquitectos del velódromo y por el del anteproyecto de la Ópera de Calatrava, entre otros. La investigación sobre la actuación de Matas se llegó a separar en 26 piezas, que en su mayoría se refieren a hechos ocurridos entre 2003 y 2007.

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