Las medidas contra los desahucios de los nuevos gobiernos locales

100 familias al día se vieron obligadas en 2014 a dejar su vivienda habitual por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler. Los datos, que publicó este jueves el Banco de España, son sólo la última muestra de un drama que asola a España especialmente desde el inicio de la crisis y que es uno de los principales caballos de batalla de muchos de los nuevos equipos de Gobierno que llegaron a los ayuntamientos tras las pasadas elecciones del 24 de mayo.

Las cifras son palmarias: durante 2014 hubo un total de 36.519 desalojos de primera vivienda, un número que se dispara hasta los 46.591 si se tienen en cuenta todos los desalojos por impago, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al año anterior. El problema se ceba especialmente con las zonas más pobladas: en la Comunidad de Madrid y Cataluña, por ejemplo, son 43 las familias que a las que diariamente se expulsa de sus casas. Y precisamente en las capitales de estas dos autonomías, Madrid y Barcelona, se están comenzando a tomar una serie de medidas urgentes para paliar el drama.

La semana pasada se aprobó por unanimidad en el Parlament catalán una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la PAH que establece la obligación de las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial, regula la obligación de ofrecer los suministros energéticos básicos a todas las familias y obliga a los grandes propietarios que sean arrendadores de viviendas a ofrecer un alquieler social si los inquilinos no pueden pagar.

Además, en las últimas semanas, tanto Madrid y Barcelona como otras capitales como Palma de Mallorca, Sevilla o Zaragoza han anunciado la puesta en marcha o la ampliación de oficinas destinadas a ayudar a las familias sobre las que penda la posibilidad de un desahucio. En este sentido, la oficina mallorquina paralizó el pasado miércoles su primer desalojo, según anunció el teniente de alcalde de Palma, Antoni Noguera, de Més per Mallorca, que gobierna junto al PSOE la ciudad. La actuación de los técnicos del ayuntamiento, según señaló Noguera, fue la de intermediar entre el propietario y la afectada por el desahucio hasta llegar a un acuerdo.

Esa labor de intermediación será una de las que tendrán este tipo de oficinas. Pero no la única, según explica un portavoz del Ayuntamiento de Palma, que sostiene que este organismo "no sólo será un punto de información, sino que ayudará a las familias a gestionar sus expedientes, además de establecer un protocolo con los juzgados, la PAH y los servicios sociales" con el fin de poder buscar soluciones para los desahucios desde el mismo momento en que se planteen.

Aumentar el parque de viviendas sociales

En cualquier caso, más allá de estas oficinas, todos los ayuntamientos consultados plantean un mismo objetivo básico: aumentar el parque público de viviendas para poder realojar a las familias que se vean obligadas a dejar sus casas tras un desalojo mediante fórmulas de alquiler social. Los equipos de Gobierno de los consistorios de Barcelona, Madrid o Palma hacen hincapié en la escasez de vivendas de las que disponen, pero la más concreta es la corporación zaragozana: mientras que su objetivo al final de la legislatura es contar con 5.000 pisos sociales, ahora mismo sólo tiene 2.500.

Para ampliar el parque público, las medidas que se plantean los ayuntamientos son muy similares. Todos ellos coinciden en la necesidad de negociar con los bancos para que cedan el uso de parte de los pisos vacíos que ahora mismo tienen en propiedad, muchos de los cuales proceden de desahucios acometidos con anterioridad, como señala Vanesa Valiño, jefa de Gabinete del concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner. Para ello, explica Valiño, la alcaldesa Ada Colau se ha reunido ya con entidades como CaixaBank, BBVA, Blackstone o la Sareb, el conocido como banco malo.

La idea del ayuntamiento de la capital catalana es "lograr acuerdos" con las entidades financieras que, según señala Valiño, han mostrado una "buena disposición" inicial a negociar. No obstante, la jefa de Gabinete de Vivienda advierte de que, en caso de no alcanzar pactos con las entidades, no se descarta establecer sanciones basándose en la ley, "que permite intervenir en caso de que haya pisos de grandes propietarios desocupados por más de dos años sin justificación".

"Se les está recordando que esas viviendas tienen que tener una función social y de momento parece que la respuesta es positiva, pero si en septiembre no se llega a acuerdos tendremos que plantearnos otras medidas", remacha Valiño, que no obstante recalca que el "compromiso" de la Sareb es firmar un convenio con las ciudades de Madrid y Barcelona para ceder viviendas para alquiler social. Argumentos similares ofrece una portavoz del Ayuntamiento de Palma, que sostiene que "no puede ser que los bancos que han recibido millones no den nada a cambio".

Incentivos para pequeños propietarios

En este sentido, la representante del consistorio mallorquín explica que su modelo es muy similar al de Barcelona, ya que plantean firmar una serie de convenios con los bancos para que cedan sus viviendas para el alquiler social a cambio de un aval municipal, por el cual el ayuntamiento se compromete a que no existan "desperfectos" en el piso y a apoyar al inquilino en caso de que no pueda hacerse cargo de la tarifa mensual. Palma también mantiene abierta la posibilidad de imponer sanciones a los bancos como último extremo, pero la portavoz explica que el Ejecutivo local se plantea previamente la opción de no contratar con los bancos que no colaboren.

Luisa Broto, vicealcaldesa y teniente de alcalde de Derechos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, también señala que los concejales de su consistorio ya han comenzado a reunirse con las entidades financieras "con más arraigo" en la ciudad para tratar de alcanzar acuerdos con ellas. "Entiendo que existe una colaboración necesaria entre ellas, que quieren liquidar bienes inmuebles, y nosotros, que tenemos la obligación de proveer de viviendas a las familias que no la tengan", sostiene Broto, quien no obstante señala que su consistorio aún no ha decidido si utilizarán las sanciones como mecanismo coercitivo contra los bancos que no colaboren.

La vicealcaldesa señala que el Ayuntamiento de Zaragoza también tiene decidido lanzar un programa para tratar de poner en alquiler social viviendas de particulares que estén vacías, aunque en este caso a través de incentivos que hagan atractivo a los pequeños propietarios la cesión. Un mecanismo similar plantean en Palma de Mallorca: una portavoz del consistorio isleño sostiene que la idea del Gobierno local es ofrecer alicientes como "garantías ante impagos".

Vanesa Valiño explica que en Barcelona la corporación liderada por Ada Colau tiene en mente potenciar un programa aprobado en los últimos meses de mandato del anterior regidor, Xavier Trias, que precisamente busca que los pequeños propietarios tengan incentivos para ceder sus viviendas vacías a programas de alquiler social para familias desahuciadas. De esta forma, el ayuntamiento garantiza a estos pequeños propietarios "la renta del contrato de alquiler hasta 800 euros durante los primeros años del contrato", y además complementa los pagos mensuales con "la diferencia entre lo que puede pagar el inquilino, en función de sus ingresos, y el justiprecio que tiene la vivienda en el mercado".

Medidas específicas

Además, la jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda anuncia que en septiembre el consistorio va a aprobar "una ayuda al pago del alquiler orientada específicamente a que la gente que no pueda pagar la tarifa mensual no se vea afectada por un desalojo". "En Cataluña, el 80% de los desalojos son por impago de alquiler, y en la mayoría el arrendatario es un pequeño propietario", explica Valiño, que sostiene que la medida que tomará la corporación barcelonesa "es importante porque beneficia también a estos pequeños propietarios, que no tienen responsabilidad".

La vicealcaldesa de Zaragoza, por su parte, también plantea una medida específica de su ciudad: la "subrogación de hipotecas", un mecanismo por el cual "el ayuntamiento pueda ejercer de garante de las hipotecas de las familias deudoras de buena fe" que no puedan hacerse cargo de pagar la letra mensual. El consistorio, explica Broto, se haría cargo de la hipoteca –siempre que sea "asumible", apunta– y el propietario sólo tendría que pagar una renta "que no sería de más de un tercio de sus ingresos" hasta que se recuperase económicamente. Si no pudiese hacerlo, la corporación se haría definitivamente con la propiedad de la vivienda y esta pasaría a integrar el parque público.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha comenzado a tomar sus propias medidas. Hace unos días, el consistorio paralizó la venta de 2.086 viviendas sociales a fondos de inversión y evitó el inminente desahucio de 220 familias residentes en estos pisos; además, en el distrito de Villa de Vallecas, el Gobierno local ha montado una mesa de prevención de desahucios "en la que están representados todos los actores que intervienen en la problemática de la vivienda", tal y como explica Paco Pérez, concejal del distrito.

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En esta mesa se sientan representantes de los servicios sociales, la Policía Nacional, el Samur –el servicio de atención sanitaria de urgencias de la ciudad–, asociaciones de vecinos, la plataforma Stop Desahucios e incluso la propia oficina antidesahucios puesta en marcha hace unas semanas por el Ayuntamiento. El propósito de este órgano, sostiene Pérez, es fundamentalmente "coordinar el flujo de información" con el fin de que los actores implicados conozcan lo antes posible la apertura de un proceso de desahucio para tener más posibilidades de actuar.

"Cuando llega un caso le corresponde a servicios sociales examinarlo, aunque a veces la información le llega antes del juzgado a la policía o a las asociaciones de vecinos", ejemplifica el concejal, que señala que, si finalmente no se puede parar el desahucio, la mesa gestionará alternativas habitacionales a los afectados. Aunque, advierte, los expedientes se examinarán caso por caso, ya que el barrio está fuertemente afectado por la ocupación de viviendas por personas vinculadas al tráfico de drogas que provocan problemas de convivencia con el resto de vecinos.

Pérez, no obstante, no se define al ser preguntado sobre si organismos similares podrían ser implementados en el resto de distritos de la ciudad, y hace referencia a que Villa de Vallecas es una zona "con una problemática tremenda, porque 2.000 viviendas sociales se han vendido a fondos de inversión privados y cuando se van eliminando las ayudas del Ayuntamiento a los vecinos, estos se quedan en situación de desprotección".