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EL DISCURSO DEL PP Y DE VOX

El mito de la supresión de ministerios: el ahorro que proponen PP y Vox es casi imperceptible

Una empleada pública en dependencias de la administración del Estado.

¿Suprimir “al menos” siete de los 22 ministerios que forman el Gobierno de España supone un ahorro significativo en un país con un presupuesto anual que supera los 196.000 millones de euros? Fuentes del Ejecutivo sostienen que no y atribuyen a la demagogia de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal, los líderes de la derecha española, el énfasis que ponen a la hora de denunciar el “gobierno más caro de la historia de España”. 

Feijóo lo hace prácticamente cada día. Este mismo viernes, en un acto en El Escorial (Madrid), volvió a decir que “seguimos teniendo el Gobierno más caro: 22 ministerios. Es un insulto”, aseguró. Reducirlo “sería más eficiente y los ciudadanos verían algún gesto” en un momento de dificultad.

Para el PP y Vox, el número de ministerios es sinónimo de gasto superfluo, especialmente cuando se refieren a departamentos que consideran innecesarios, como los de Igualdad o Consumo. 

Pero lo cierto es que la supresión de ministerios no implica su desaparición, como PP y Vox tratan de hacer ver cada vez que se refieren a este asunto. La supresión del Ministerio de Consumo, por ejemplo, no implicaría el despido de los funcionarios que trabajan en este departamento –474 personas, según datos de 2021— ni el ahorro de las partidas presupuestarias que tiene asignadas (57,18 millones de euros para el año 2022). 

Degradar el departamento, para que deje de ser ministerio y vuelva a la condición de Secretaría de Estado que tenía hasta 2020 dentro del antiguo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, apenas supondría más ahorro que el derivado de que su máximo responsable, en vez de cobrar como ministro, pasase a recibir un salario de secretario de Estado. El actual titular del Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, cobra 76.355,28 euros brutos al año y si fuese secretario de Estado su sueldo sería de 74.892,12 euros: un ahorro de apenas 1.463 euros brutos al año.

Lo mismo se puede decir del resto de ministerios de nueva creación, desde el de Derechos Sociales al de Igualdad, pasando por el de Seguridad Social, el de Ciencia o el de Universidades, lo que rebaja sensiblemente las expectativas de que un gobierno más pequeño suponga un ahorro reseñable en una administración que este año maneja un presupuesto de 196.142 millones de euros y que, en las últimas décadas, ha acumulado una deuda pública de 1,4 billones.

Reducir asesores

Las formaciones de la derecha que denuncian el tamaño del Gobierno y lo tachan de despilfarro alegan que suprimir ministerios limitará también el número de asesores de cada departamento. Es verdad, aunque la cifra de personal eventual que cada departamento contrata no es consecuencia directa de que haya más o menos ministros sino de la decisión política de cada uno de ellos.

Para muestra, un botón. Cifras oficiales citadas por Newtral cifran por debajo de 700 los altos cargos y asesores del Gobierno central durante el mandato de Mariano Rajoy (entre un mínimo de 641 y un máximo de 671). El cómputo creció a 707 en diciembre de 2018, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. Descendió a 669 un año después y volvió a crecer a finales de 2020 (736). A 31 de diciembre la cifra había alcanzado los 746. Son 75 más que con Rajoy, lo que supone un incremento del 11% a pesar de que que hemos pasado de 13 a 22 ministerios (un incremento de casi un 70%).

Por poner la cifra en contexto: cada ministro de Rajoy trabajaba con la ayuda de 51 asesores, mientras que cada ministro de Sánchez lo hace con 34. Eso es un 33% menos de personal de confianza al servicio de cada titular de ministerio.

 El PP, no obstante, sostiene que sí hay margen de ahorro en la administraciuón, aunque fuentes del partido reconocieron a infoLibre que para concretar cantidades primero “habría que hacer una auditoría”. Los conservadores aluden con frecuencia a un informe del Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, que estima en nada menos que 60.000 millones el gasto público ineficiente que se puede recortar. Pero el informe, pagado por los empresarios, tampoco detalla dónde tendría más sentido meter la tijera.

En realidad España gasta poco en relación con el PIB en comparación con sus vecinos. Es un déficit histórico. Antes de la pandemia, quedaba por debajo del conjunto de la UE 27 en gasto en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión, según los datos de Eurostat. El Estado dedicaba a todas las áreas englobadas dentro de la "protección social" 3,6 puntos menos de PIB que la UE y 8,3 menos que Francia. Según el análisis de CCOO de los datos de Eurostat de 2019, a España le faltaban casi 60.000 millones al año para alcanzar el gasto público en relación con el PIB de la Eurozona.

La última vez que el PP quiso poner cifras al ahorro fue con Pablo Casado. Ocurrió en noviembre de 2021 y el entonces líder de la oposición aseguraba que era posible ahorrar 108 millones de euros, que él proponía dedicar a la lucha contra la pobreza infantil, aunque nunca explicó de dónde salía un cálculo que, en todo caso, la dirección actual del PP no hace suyo.

De hecho, entre las propuestas que ha impulsado Feijóo está potenciar la AIREF como órgano de evaluación del gasto público pensando en “la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales”. El líder del PP quiere que sea esta agencia la que evalúe lo que él llama “gasto superfluo”.

Un tercio menos

Lo que promete el PP es “acometer de inmediato una reducción del gasto burocrático que incluya entre otras medidas una nueva configuración de la estructura del Gobierno que contemple una reducción de, al menos, un tercio en el número de ministerios con la correspondiente disminución del número de altos cargos y asesores”.

Con la imagen de un Gobierno que gasta en exceso, al servicio de sus altos cargos y asesores y de los principales dirigentes de los partidos que forman parte de él, el PP trata de asociar el actual Ejecutivo con una idea de derroche y gasto suntuario. Es lo misma que busca Feijóo cuando acusa a la ministra de Igualdad de hacer turismo en Nueva York con sus amigas a costa del erario público o a Sánchez de utilizar la flota de aviones al servicio del Ejecutivo para trasladarse por España. Como si Isabel Díaz Ayuso, Elías Bendodo y el propio Feijóo corriesen con sus gastos cuando cruzan el Atlántico. O como si Mariano Rajoy o José María Aznar utilizasen líneas regulares cuando se desplazaban cuando eran presidentes.

No es la primera vez que Feijóo y su equipo ponen en marcha una estrategia semejante. La ensayaron por primera vez en los meses previos a las elecciones de 2009 que dieron al líder del PP su primera mayoría absoluta en Galicia. Entonces consiguieron que una parte de los votantes aceptase como cierto que Emilio Pérez Touriño, un político bien conocido por su austeridad personal, no era otra cosa que el “sultán socialista del siglo XXI”, el “emir de Monte Pío [la residencia oficial que después pasó a ocupar el propio Feijóo] y un “adicto al lujo”.

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