Moncloa, a la espera de la doctrina de los tribunales sobre el 'sí es sí' mientras crece el malestar en el PSOE

Marlaska, Monter y Ortiz, en un acto en el Senado.

Las consecuencias de la aplicación de la ley del sí es sí están provocando mucha preocupación entre cargos del PSOE. El constante goteo de rebajas de penas a agresores sexuales en virtud de norma aprobada está suponiendo un duro trago para dirigentes de ese ala del Gobierno, con honda preocupación jurídica y también por el mensaje y la alarma entre la población.

Es un debate, como reconocen varias fuentes del partido, que está en la calle, al contrario, por ejemplo, de la sedición. Y, además, cargos de la formación se muestran contrarios a la postura que ha tomado la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la dirección de Podemos de culpar de manera general al “machismo” de la judicatura española.

La polémica por los efectos de la ley del si es sí crece por horas. Por el momento, la postura oficial que sale de La Moncloa es la de cautela y la de esperar a que se genere doctrina por parte de los tribunales. El Tribunal Supremo prevé en varias semanas pronunciarse sobre este asunto al tener ya varios recursos encima de la mesa. Pero no se tendría que esperar a él, ya que antes se pueden producir reuniones en tribunales superiores de justicia a nivel autonómico, para tomar una decisión.

Hasta el momento se han producido revisiones en juzgados, por ejemplo, de Madrid, Baleares, Galicia, Murcia y Castilla y León. Pero, de manera contraria, en La Rioja, en la Audiencia de Logroño, se han tratado 54 sentencias y ninguna ha sido rebajada a la baja. Esto se debe a que se ha adoptado un criterio general que se rige por la disposición transitoria quinta del Código Penal. Por lo tanto, el Gobierno, antes de actuar, podría fijarse en lo que están diciendo los diferentes tribunales previo a que pronuncie el Supremo. Por ejemplo, según informa Europa Press, la semana que viene habrá una reunión de las salas penales de la Audiencia Provincial de Madrid.

La postura marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la de cautela en estos días y de esperar a la doctrina que marque la Fiscalía y los tribunales. Durante su rueda de prensa tras participar en la reunión del G20 el miércoles, manifestó: "Vamos a ver lo que dicen los tribunales y a que unifiquen doctrina y después tendremos que ver qué pasos dar".

Defensa de los jueces por parte del ala socialista

Desde el PSOE, a través de dirigentes como María Jesús Montero y Pilar Alegría, se abrió la puerta a poder estudiar la ley vigente impulsada por el Ministerio de Igualdad. Pero Irene Montero lleva días insistiendo en que el problema no está en la norma, evitando hacer autocrítica, negando la posibilidad de cambiarla y redoblando sus críticas a los jueces, lo que ha provocado un choque con el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, todas las asociaciones de magistrados (conservadoras y progresistas) se pronunciaron en contra de las palabras de la también número dos de Podemos.

La línea oficial por parte de La Moncloa la verbalizó este miércoles la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Ella insistió en el respaldo a los magistrados: “Absoluto respeto”. E incidió en la separación de poderes: "Los jueces interpretan y aplican la ley y hay que mantener el respeto absoluto a la acción de los jueces". Admitió, además, la “preocupación” ciudadana que están provocando los distintos casos, algo que también reconoció, por ejemplo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en declaraciones a los periodistas.

Y, en la línea de lo que dijo Sánchez, la portavoz del Gobierno confió en la unificación de la doctrina por parte de los tribunales y de la Fiscalía. A la espera de que eso pase, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, señaló este jueves que se huirá de “automatismos” en las revisiones de penas en las que intervenga para la aplicación de esta norma "con vocación de amparo a las víctimas”. Con una orden ya: que los fiscales superiores remitan "aquellos autos dictados por los juzgados o tribunales de justicia de su territorio en los que se haya procedido a la revisión de sentencias firmes condenatorias, así como los informes emitidos por el Ministerio Fiscal en las respectivas ejecutorias".

Los avisos de los barones

Además del malestar interno entre muchos socialistas, también barones y dirigentes del PSOE están mostrando la necesidad de reformar la ley que acaba de entrar en vigor si los tribunales siguen aplicándola así. Para el presidente de Asturias, Adrián Barbón, "esto no va de culpar a los jueces, va de buscar una solución al problema".

La solución, en opinión del presidente asturiano, pasa por "rectificar de inmediato y corregir los efectos no deseados de la aplicación de la ley". "Hay que buscar una salida a este embrollo", opinó. En esta línea se posicionó el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que pidió abrir una reflexión sobre lo que ha pasado. En caso de que haya “interpretaciones diversas”, no pasa nada por si estudiar si se debe “ajustar”, agregó el secretario general de los socialistas madrileños. Su postura: "Si con esta ley hay algún ajuste que hacer para que ese objetivo se cumpla, yo creo que en política hay que ser humildes, analizar y si hay algo que corregir y mejorar que se mejore".

Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page recordó que ya su Ejecutivo presentó alegaciones ante las dudas que le suponía la ley y criticó la “soberbia intelectual” de Irene Montero. Por eso, entiende que la ministra de Igualdad debería rectificar, aunque no se mostró partidario de una dimisión. Además, Javier Lambán, presidente de Aragón, pidió buscar “cuanto antes” soluciones a los “resquicios” de la ley.

También se pronunció Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno. Ella tuvo un duro enfrentamiento con Montero por esta ley mientras coincidieron en la coalición, apostando por una mayor seguridad jurídica. La hoy presidenta de la Comisión de Igualdad defendió este jueves buscar una solución “rápida” y negó que el problema sea el machismo de la judicatura. "Es un problema verdaderamente preocupante y la política consiste en buscar soluciones lo más rápidamente posible que convengan para impedir que cuaje la idea de que se van a rebajar penas", recalcó.

Podemos se enroca

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Esa visión de revisar la norma también ha llegado desde otros partidos aliados del Gobierno. Mónica García (Más Madrid) abogó por “rectificar” y “cambiar” la ley. "Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando pones un tratamiento y los efectos secundarios no son lo que esperabas y no está acorde con el espíritu de la ley, creo que habría que cambiar la Ley igual que cuando se cambia de tratamiento o de dosis. Se ha abierto una puerta que no se quería abrir", sostuvo. 

Asimismo, en el PNV, según señaló Aitor Esteban, están a favor de que se corrija le ley si no se ha hecho “adecuadamente”. Además, pidió a Irene Montero que debería “moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica”.

A pesar de este magma políticos, en Podemos hay un apoyo cerrado a la postura de Montero y de Igualdad. Pablo Echenique subrayó que la “tormenta reaccionaria” sobre la ley pasará, en tanto que Pablo Iglesias criticó la “cobardía” del PSOE por no defender a la ministra. La líder del partido, Ione Belarra, escribió en Twitter: “No hay laguna en la ley del sólo sí es sí, sólo el mismo sesgo machista de siempre entre algunos jueces. Aquí todos los argumentos jurídicos, aunque creo que el debate no es jurídico, sino de desprestigio mediático a los avances feministas y a Igualdad”. En cambio, siguen apostando por la cautela y por esperar a los tribunales en el espacio de los comunes y de Yolanda Díaz. La postura actual de Podemos de defender el texto íntegro dificultaría, por tanto,  una votación para cambiar el texto en las Cortes.

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