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El nuevo TC se estrena cerrando los casos viejos y con un alud de recusaciones que retrasan la eutanasia

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Poner al día el tribunal e imprimir celeridad a la resolución de aquellos asuntos de gran trascendencia política y social. Esos fueron los dos grandes objetivos que se marcó el magistrado Cándido Conde-Pumpido cuando tomó las riendas del máximo intérprete de la Ley Fundamental. Y esas han sido, justamente, las líneas maestras que han guiado el trabajo del Tribunal Constitucional desde que se puso fin a la situación de interinidad de un tercio de sus magistrados. En su primer mes de vida, la renovada corte de garantías, ahora de mayoría progresista, ha logrado cerrar los dos casos más viejos que constaban en sus archivos. Sin embargo, un alud de recusaciones contra los nuevos magistrados ha retrasado la toma de decisiones en otros asuntos de alto voltaje.

Desde el TC hacen una "valoración positiva" del arranque. Sobre todo, por haber logrado despejar en apenas cuatro semanas temas que llevaban años enquistados en la sede de la madrileña Domenico Scarlatti. El primero en abordarse fue el aborto. La Presidencia de la corte de garantías lo convirtió en el plato fuerte del segundo Pleno a celebrar tras la renovación. Y en cuestión de horas se dio por zanjado un caso que llevaba atascado casi trece años. La mayoría progresista rechazó la ponencia presentada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo y avaló sin pero alguno la ley de plazos de Zapatero. Los argumentos tienen ahora que plasmarse en una sentencia que prepara la vicepresidenta del órgano. Un fallo que, probablemente, contará con los votos particulares del sector conservador.

No ha sido el único caso que acumulaba polvo en los cajones resuelto por la corte de garantías durante el primer mes de esta nueva etapa. El Constitucional también ha puesto punto y final, esta misma semana, al segundo asunto más viejo. Se trataba de una cuestión de inconstitucionalidad elevada en 2018 por el Supremo en relación con el precepto de la Ley General de Comunicación Audiovisual que establecía que las radios tenían libre acceso a estadios para retransmitir los acontecimientos deportivos. El Alto Tribunal, tras un recurso de LaLiga, consideraba que eso podía chocar con el derecho a la propiedad y libertad de empresa. Algo que descarta el TC: "La finalidad perseguida justifica esa afectación, porque se dirige a garantizar el derecho a informar y a recibir información".

El máximo intérprete de la Constitución también había previsto meterse de lleno en un tema de gran trascendencia política y social: la eutanasia. El plan era abordarlo en el último Pleno de febrero, el de esta semana. Pero el alud de recusaciones presentadas para diferentes casos por Ciudadanos, PP y Vox contra Pumpido y los tres magistrados del sector progresista que se incorporaron en la última renovación ha terminado por alterar el calendario. Ahora, la muerte digna tendrá que esperar a marzo. La intención, según fuentes jurídicas, es estudiar este asunto en el primer Pleno de mes. Y dejarlo resuelto en el siguiente cónclave, que se celebrará en la semana del 20 al 24. Un marzo en el que se quiere zanjar también la ley Celáa, la reforma educativa.

Una maraña de recusaciones

Las recusaciones, de hecho, han marcado buena parte del trabajo de los magistrados. "Hemos superado y desestimado un número muy elevado de las formuladas, evitando la paralización del tribunal", apuntan las fuentes pulsadas. Solo en el cónclave de esta útima semana, por ejemplo, se estudiaron más de una veintena de recusaciones planteadas por los tres partidos de la oposición contra Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano. El objetivo era dejarles en fuera de juego en la resolución de multitud de asuntos de calado político: la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, la Ley de Eutanasia, la ley rider, la ley Celáa, la norma catalana que eliminaba el 25% de castellano en las escuelas o la última reforma del Código Penal.

Todas ellas fueron rechazadas. Las planteadas por PP y Ciudadanos contra Campo y Díez, exministro de Justicia y ex alto cargo de Moncloa, por haberse presentado fuera de plazo. De hecho, algunas de ellas eran innecesarias porque el TC ya había aceptado la abstención de ambos en algunos de los asuntos puestos sobre la mesa por la derecha. En cuanto a las formuladas por Vox para la reforma del Código Penal contra los dos anteriores magistrados, así como contra Pumpido y Segoviano, la corte de garantías las inadmitió de plano agarrándose a su propia doctrina, que rechaza las recusaciones cuando estas puedan suponer "una paralización inaceptable" del tribunal. Con cuatro magistrados menos, no habría ahora mismo quorum para resolver.

Estas peticiones para apartar a miembros de la corte de garantías han sido permanentes. Ya a la hora de resolver el asunto del aborto, la vieja guardia del PP, encabezada por el exministro Federico Trillo, intentó dejar fuera de la deliberación a tres progresistas –Conde-Pumpido, Campo e Inmaculada Montalbán– y a una conservadora –Concepción Espejel–. Esta última, de hecho, pidió apartarse voluntariamente de este asunto por haber participado como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la elaboración del informe relativo a la ley de plazos. Pero la corte de garantías rechazó tanto las recusaciones, alegando falta de legitimación –las presentaron cinco de los más de medio centenar de diputados que recurrieron la norma–, como la abstención.

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Aquel asunto dividió a progresistas y conservadores. Los cuatro miembros que ahora componen este último grupo emitieron votos particulares defendiendo que debió aceptarse la abstención. "Repercute negativamente en la apariencia de imparcialidad que el tribunal ha de proyectar", resaltó la propia magistrada. Espejel, además, fue la única que emitió voto discrepando de la decisión de tumbar las recusaciones de la vieja guardia del PP. En él, consideraba que Trillo seguía conservando la "capacidad de postulación" para "representar y actuar válidamente en nombre de los parlamentarios recurrentes en su condición de apoderado y comisionado". "Antes de privar con la inadmisión, se debió dar a los recusantes la posibilidad de subsanar los posibles defectos", concluyó.

"Mayorías transversales"

Más allá del bosque de recusaciones –de hecho, aún quedan varias decenas pendientes–, en el nuevo tribunal consideran un éxito que hayan salido adelante "todas las sentencias" que se han llevado a Pleno. Algunas, con "mayorías transversales", incluyendo magistrados "ideológicamente plurales". Un ejemplo de ello se encuentra en el último Pleno. En aquel cónclave, el recurso del PP contra el real decreto con el que el Ejecutivo frenó los desahucios en los estados de alarma partió al bloque conservador por la mitad. Dos de sus magistrados se unieron a los progresistas para avalar la suspensión de los lanzamientos de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional durante los momentos más duros de la pandemia.

En sentido contrario se pronunciaron, sin embargo, Concepción Espejel y su compañero Enrique Arnaldo, que formularán un voto particular. Ambos entienden que la disposición impugnada supera uno de los límites de los decretos-leyes: la prohibición de afectar a los derechos de los ciudadanos. Y entre estos se encuentra el derecho de propiedad. Los magistrados consideran que esta disposición obligaba al propietario a soportar y tolerar el uso sin título de su vivienda por quienes están incursos en un proceso penal y ocupan una vivienda sin título habilitante. Pero, además, sostienen que el decreto también afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los perjudicados.

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