10N | Elecciones Generales

El nulo valor que los partidos dan al Senado explicado con cinco ejemplos

Hemiciclo del Senado.

"Seguiré luchando por esta causa hasta que me muera, esté en política o no. Sería lamentable no poder defenderla en el Congreso. Si no es así volveremos a las calles. Como dijo mi gran amigo Juan Carlos Quer [padre de Diana Quer]: 'Tu protección es nuestra lucha'". Este es el mensaje que Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, asesinada en 2008, dejaba escrito en su muro de la red social Facebook el 7 de octubre a las 14.58. Su "causa" es la defensa de la Prisión Permanente Revisable, una de las banderas electorales del Partido Popular. Y lo que lamenta es no poder defenderla en la Cámara Baja porque ya intuía que la dirección nacional de su partido iba a desplazarle en la lista electoral: del uno de la candidatura por Huelva al Congreso al uno por la misma circunscripción al Senado.

Más allá de la crítica al partido político que le fichó para la campaña del 28A –después llegó a cargar contra el presidente del PP andaluz y fue obligado a pedir perdón por la dirección nacional de la formación– en las declaraciones de Juan José Cortés descansa una concepción del Senado como institución menor, de segunda categoría, que se ha construido año a año con la forma en la que los principales partidos políticos han tratado a esta Cámara.

La reforma del Senado para que cumpla su misión de verdadera Cámara de representación territorial es la eterna asignatura pendiente de los partidos. Pero luego, en la práctica, nada se ha hecho. Ni siquiera en las legislaturas de mayoría absoluta.

infoLibre repasa con cinco ejemplos la forma en que los partidos han tratado al Senado.

  1. Un refugio para expresidentes, críticos...

Octubre de 2015. Tras reunirse en la Cámara Alta con los cuatro senadores de Podemos, Pablo Iglesias cargó contra los "privilegios" de los que gozan los senadores poniendo énfasis en que esta institución tenía que dejar de ser "un cementerio de elefantes" al que políticos veteranos "van a descansar" cobrando un salario. No era la primera vez que se aludía al Senado como "cementerio de elefantes". Porque los dos grandes partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, llevan años echándose en cara mutuamente recurrir al Senado como refugio de expresidentes o dirigentes apartados de la primera línea de la política. 

Juan José Cortés tiene primero que conseguir que los ciudadanos de Huelva le voten. Pero si le votan, pasará a formar parte de una Cámara en la que han tenido asiento, bien por haber obtenido escaño, o bien por haber sido designados por los respectivos parlamentos autonómicos, dirigentes del PP como Francisco Granados, exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre; Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, o José Ramón Bauzá, expresidente de las Islas Baleares. Y podrá coincidir con dos expresidentes autonómicos del PP: Luisa Fernanda Rudi (Aragón) y Alberto Fabra (Comunitat Valenciana).

Los partidos políticos siempre defienden que el hecho de enviar a expresidentes autonómicos a la Cámara Baja es una forma de que aporten la experiencia adquirida en las regiones en la que se supone que es la Cámara de representación territorial. Esto dice cuando les toca justificarlo. Pero cuando les toca criticar al partido de enfrente llegan las acusaciones de que lo emplean como refugio para los perdedores.

En el PP hay ejemplos más recientes todavía. Cuando Pablo Casado tuvo que hacer las listas para el 28A, se rodeó de fieles borrando prácticamente todo rastro del marianismo en la candidatura al Congreso de los Diputados. Y quienes fueron hombres clave de la etapa anterior fueron trasladados al Senado. Es el caso de Carlos Floriano, Fernando Martínez-Maillo o Rafael Hernando. Todos ellos encabezaron las listas de Cáceres, Zamora y Almería, respectivamente.

Pero el caso más polémico nada tuvo con el reparto en los puestos del 28A, sino con el reparto posterior de senadores por representación autonómica. Afectó al ex responsable de Organización de Casado, el alavés Javier Maroto. Número uno por Álava el 28A, el dirigente conservador no obtuvo asiento en el Congreso y Génova decidió que pasase al Senado en representación de Castilla y León. En esta comunidad autónoma no es necesario que quienes van a la Cámara Alta en nombre de las Cortes hayan concurrido previamente a las autonómicas. Para que fuese posible, Maroto se empadronó en el pueblo segoviano de Sotosalvosse empadronó en el pueblo segoviano de Sotosalvos.

El Senado también ha sido refugio de figuras destacadas del socialismo: Francesc Antic (Baleares), José Montilla (Catalunya), Joan Lerma (Comunidad Valenciana), Marcelino Iglesias (Aragón) o José Antonio Griñán (Andalucía). También tuvo su escaño en esta Cámara el exlíder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

  2. Sin conferencia de presidentes

El Senado, junto al Congreso, integra las Cortes Generales. Y su misión es ejercer la potestad legislativa del Estado, dar luz verde a los Presupuestos Generales y controlar la acción del Ejecutivo. Pero en estas funciones tiene más amplias competencias la Cámara Baja y es por eso por lo que se habla de "bicameralismo imperfecto".

El carácter de Cámara territorial es la principal seña de distinción del Senado. En base a esto no sólo se sientan en sus escaños los parlamentarios que obtienen sus actas en las elecciones generales. También lo hacen políticos designados por las comunidades de acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas.

Con esta concepción del Senado como Cámara de representación autonómica, hay dos órganos clave en los que juega un papel fundamental. Y que no funcionan con la periodicidad pretendida.

La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Fue creado en 2004. Está integrado por el presidente del Gobierno, que ejerce también de presidente de la conferencia, los presidentes de las 17 comunidades autónomas y los de Ceuta y Melilla, y su objetivo es debatir y adoptar acuerdos sobre los asuntos que afectan al sistema autonómico. El Senado es la institución que la acoge.

Desde su creación se ha reunido en 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 y 2017. En los siete años de Gobierno de Rajoy, este órgano sólo se convocó en dos ocasiones. En la última cita, celebrada en enero de 2017, participaron todos presidentes autonómicos, excepto los de Cataluña y País Vasco.

A partir de la V Conferencia de Presidentes, celebrada el 14 de diciembre de 2009, el Gobierno aprobó un reglamento que establecía que las conferencias pasarían a celebrarse con periodicidad anual. Pero a día de hoy sigue siendo una asignatura pendiente. Con Pedro Sánchez no ha habido una sola convocatoria.

  3. Sin debate sobre el estado de las autonomías

También pasaron los siete años del Partido Popular de Mariano Rajoy en la Moncloa y la breve legislatura del socialista Pedro Sánchez sin la convocatoria de un debate sobre el estado de las autonomías. Según el reglamento de la Cámara Alta debería haberse celebrado una vez al año. El artículo 56 bis 8 establece lo siguiente: "El Senado celebrará anualmente una sesión plenaria cuyo orden del día se dedicará íntegramente a analizar el estado de las autonomías". Estos debates se concibieron en 1994 y desde ese año se han celebrado dos más, en 1997 y en 2005.

En uno de los últimos debates de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, Pío García Escudero, portavoz del PP en la Cámara Alta por entonces, echó en cara al líder del Ejecutivo no haber acometido en casi ocho años la reforma de la Cámara de representación territorial, haber celebrado solo un debate sobre el estado de las autonomías y no haber conseguido la "eficacia y la regularidad" necesarias para la Conferencia de Presidentes. Era septiembre de 2011. Nadase ha avanzado desde entonces. Ni en los siete años de Ejecutivos de Rajoy, ni desde que en junio de 2018 llegó Sánchez a Moncloa.

El mayor protagonismo de esta institución en los años de Gobierno de Rajoy se concentró en los últimos meses, cuando, tal y como marca la Constitución, se convirtió en la sede del debate para la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que permite la intervención de una autonomía. Muchos partidos miran ahora de nuevo a la Cámara Alta, también en el contexto de la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna ante la inminente publicación de la sentencia del procés. Con el Senado disuelto por la llamada a las urnas para el 10N, tendría que ser la Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, quien diese los primeros pasos del procedimiento.

  4. ...y sin reformas

La reforma del Senado con el objetivo de convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial es una promesa incumplida de los dos partidos que han gobernado en España. Los primeros debates al respecto se produjeron en la III Legislatura, concretamente en el año 1987.

Después llegarían nuevos intentos en 1989, 1996, 2000. Pero nunca los grupos llegaron a ponerse de acuerdo.

En febrero de 2012 todos los grupos del Senado aprobaron la creación de una ponencia para su reforma. Por aquellas fechas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (Partido Popular), anunciaba que Rajoy quería devolver al Senado "la importancia y el respeto" que se merecía y que una de las fórmulas estudiadas para ello era que el veto de esta Cámara tuviese el mismo valor que los del Congreso.

Excepto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los vetos del Senado pueden ser levantados con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y con mayoría simple transcurridos dos meses de la decisión de la Cámara Alta.

La X Legislatura (13 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2016) culminó sin ningún tipo de avance en esta materia. Sus señorías se fueron de vacaciones en el verano de 2015 con un borrador más o menos consensuado. Pero a la vuelta del descanso estival, el texto no fue elevado a Pleno.

En septiembre de 2018, con el PSOE en el Gobierno tras la moción de censura y el PP con mayoría absoluta en la Cámara Alta, los socialistas registraron una propuesta para modificar de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria y esquivar el veto del Senado a la senda del déficit. Con el objetivo de evitar el bloqueo por parte de PP y Ciudadanos, los socialistas recurrieron a una enmienda a una norma de violencia de género. Un atajo legal en el que la ley en la que se pretendía enmendar nada tenía que ver con la Ley de Estabilidad. Se pretendía eliminar obstáculos para la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que nunca llegaron.

  5. ¿Y qué pasa en los programas electorales?

Cuando las Cortes no están disueltas, la reforma del Senado no ha sido una prioridad para los partidos. Pero esto no es obstáculo para que sí figure como prioridad en algunos programas electorales.

En el avance de su programa para las generales del 10N, el PSOE no incluye ninguna mención al Senado. Esto no implica que no pueda recuperar alguna iniciativa en los próximos días.

No obstante, en la oferta que presentó a sus electores para las generales del 28A, los socialistas abogaban por que el Senado debía convertirse "en un lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí". "Para que contribuya de manera más eficaz al funcionamiento integrado del modelo territorial", añadía.

Por su parte, en su programa para el 28A, el PP optaba por una redacción genérica, poco concreta, en la que además incluía a la Cámara Baja: "Reformaremos el Reglamento del Congreso y del Senado para fortalecer la función de control al Gobierno, la actividad de diputados y senadores, y la calidad del procedimiento legislativo".

Ciudadanos, por su parte, sigue sin descartar poner sobre la mesa el cierre de esta institución. "Reformar el Senado como Cámara de representación territorial y, si el bipartidismo se niega a darle

utilidad, plantearemos su cierre", podía leerse en su último programa electoral.

"Transformar el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones verticales y horizontales entre Administraciones". Es una de las apuestas con las que Unidas Podemos concurrió a las últimas elecciones generales.

Más País, la candidatura que encabeza Íñigo Errejón, presentó este viernes un avance de su apuesta para el 10N. En ella, no hay mención a la Cámara Alta.

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