Política

Orden policial para dar trato preferente a los políticos

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, en el Congreso de los Diputados.

El comisario jefe del distrito madrileño de Arganzuela ha ordenado por escrito a los casi 200 agentes bajo su mando que den un trato especial a cualquier “autoridad” española o extranjera que, involucrada en un delito, se persone en esas dependencias policiales. La directriz llega siete meses después de que la Policía estuviera a punto de registrar la sede del PP tras una denuncia policial de su extesorero, Luis Bárcenas, quien alegó que el partido le había robado sus ordenadores.

Fuentes oficiales del Cuerpo recalcaron anoche que tanto la Jefatura Superior de Madrid como la Dirección General de la Policía ignoraban la existencia de la circular hasta que infoLibre se la comunicó. Y que, una vez desvelado su contenido, se están "analizando los hechos"

La circular, una copia de la cual obra en poder de este diario, aparece redactada en papel con membrete oficial del Ministerio del Interior y de la Comisaría de Distrito de Arganzuela. Fechada el pasado día 24 y dirigida "para su conocimiento y difusión" a los jefes de sección, así como a los de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, "especialmente a la ODAC" (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano), va firmada por el número dos de la comisaría, José Zamorano. Y muestra el visto bueno del comisario jefe, José Ramón Murillo.

El texto dice lo siguiente: "Para conocimiento y obligado cumplimiento se significa que cuando se persone en esta dependencia cualquier autoridad política, diplomática o institucional (española o extranjera; denunciante o denunciado) se dará aviso y comunicación inmediata al jefe de la dependencia por el conducto reglamentario”.

A renglón seguido, la orden introduce el criterio de discriminación positiva a favor cargos públicos e institucionales y diplomáticos de cualquier nacionalidad: “Si cualquiera de esas personalidades se encontraran involucradas en una infracción penal, se abstendrán de actuar (detener, informar de los derechos, realizar la mínima gestión, etc.) hasta que reciban las instrucciones de un superior”.

Los portavoces oficiales de la Policía, a quienes infoLibre pidió conocer la versión del comisario José Ramón Murillo aseguran que, una vez localizado, este ofreció la siguiente versión: la circular se refería en realidad "a los diplomáticos". Y la orden nació con el objetivo de "evitar conflictos con otros países". Cuando este diario recordó a sus interlocutores que la circular habla expresamente de políticos españoles a los que prohíbe detener sin comunicación previa a los superiores del agente que esté interviniendo, la respuesta fue escueta: el comisario Murillo dice la orden se refiere a los diplomáticos.

"Escándalo entre los policías"

Desde otro ámbito, el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, confirmó que la circular "ha causado escándalo" entre los casi 200 agentes en que cifra la plantilla del distrito de Arganzuela y "entre todos los policías que la han visto". "La ley es igual para todos. ¿Qué es eso de exigir distinciones?", se interrogó con enfado.

Otras fuentes conocedoras del Cuerpo y ajenas al SIPE sostienen que, aunque no consta ninguna otra instrucción escrita de esas características, las comisarías tienen ya orden de avisar de inmediato a sus superiores si cualquier político se presenta para interponer una denuncia o como denunciado.

Según esas fuentes, la directriz se habría producido después de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, acudiera en marzo a la comisaría del distrito madrileño de Salamanca a denunciar el robo de los ordenadores que utilizaba en la sede central del partido, en la calle Génova. Tras esa denuncia, y según publicó el diario El País, la Policía se dirigió a la sede del PP para inspeccionarla pero el plan quedó finalmente abortado. Según el citado rotativo, el PP prohibió el paso a la Policía tras comprobar que los agentes no llevaban orden judicial. La denuncia de Bárcenas fue archivada.

El juez que investiga si el PP se financió ilegalmente con donaciones de empresarios con contratos públicos ordenó luego al PP entregar esos ordenadores, que el PP conservó tras pleitear con Bárcenas en un juzgado civil. El partido respondió a la orden con un escrito en el que admitía haber borrado el contenido de los dos ordenadores en plena investigación. Según el extesorero, uno de ellos almacenaba la copia informática de la contabilidad B del partido.

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