Los partidos se olvidan en sus programas de la reforma de los delitos de expresión que exige hasta la ONU

Los delitos de expresión se han convertido en los últimos años en la principal arma de los colectivos ultras para intentar censurar todo aquello que incomoda. Ya sea una escena cómica sobre símbolos religiosos, un chiste en redes sociales o la simple letra de una canción que carga contra la monarquía. Lo saben bien humoristas, cantantes y artistas. Y también las organizaciones de derechos humanos, el Consejo de Europa y la ONU, que han pedido cambios en estos tipos penales para blindar el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, este asunto no ha encontrado cabida en la mayoría de programas electorales para el 23J. De hecho, solo el de Sumar habla de reformar y derogar aspectos que limitan "los derechos de reunión y libertad de expresión".

El debate alrededor de los delitos de expresión –ofensas contra los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona u otras instituciones o ultrajes a España– se reabrió tras la orden de ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. En medio de esa polémica, el Gobierno se comprometió a revisar los tipos más polémicos para eliminar las penas de privación de libertad. "Su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión", decían desde el Ministerio de Justicia. Pero aquella reforma prometida nunca llegó. El Ejecutivo no impulsó cambio alguno. Y las propuestas que hicieron tanto Unidas Podemos como ERC y EH Bildu quedaron congeladas en la Cámara Baja a golpe de ampliaciones de los plazos de enmiendas.

La convocatoria de elecciones ha abierto ahora de nuevo el capítulo de las promesas. Sin embargo, los principales partidos parecen haberse olvidado de la tan esperada reforma de los delitos de expresión. En el programa de los socialistas, no hay ni rastro de las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo o las ofensas a los sentimientos religiosos. Y la "libertad de expresión" se menciona en un par de ocasiones. La primera, cuando menciona la intención de impulsar "planes de acción y seguimiento continuo contra la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana". La segunda, cuando promete seguir combatiendo los delitos de odio, que no son "libertad de expresión" sino "libertad de opresión".

Tampoco se hace mención ni a estos tipos penales ni a su reforma en el documento programático del PP. Y, por supuesto, tampoco en el de Vox. De hecho, la formación de ultraderecha va justamente en la dirección contraria, planteando reforzar la persecución de algunas de estas conductas. Lo hace, en concreto, en el punto 280 de su programa, aquel que promete la aprobación de una "ley de memoria, dignidad y justicia" para las víctimas del terrorismo. "Esta normativa impedirá de forma efectiva el enaltecimiento del terrorismo, homenajes a terroristas, actos de humillación de las víctimas o los ataques a las instituciones y símbolos de España", resalta la formación de Santiago Abascal.

Protección reforzada para la libertad de creación

Quien más referencias incluye a la "libertad de expresión" es Sumar. Aunque la coalición de Yolanda Díaz tampoco hace referencia explícita a todos estos ilícitos penales, sí que menciona su intención de reformar y derogar "aquellos aspectos de la normativa vigente" que limitan "los derechos de reunión y libertad de expresión", mencionando tanto a la Ley Mordaza como el Código Penal. Aunque lo hace en su capítulo sobre seguridad. Además, se compromete a dar cumplimiento al "reconocimiento constitucional" de la "libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica y técnica" como "derechos y libertades fundamentales". En concreto, proponen "dotar a la libertad de creación en el campo cultural" de una "protección normativa específica y reforzada".

La escasa importancia que los grandes partidos dan en sus programas a estos delitos de expresión contrasta con la insistencia con la que algunas organizaciones internacionales han exigido su reforma. Es el caso del Consejo de Europa. En su último informe sobre España, realizado tras una visita a nuestro país en noviembre, la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, resaltaba que el Código Penal español contiene varios tipos cuya aplicación ha derivado en "violaciones de la libertad de expresión" y pedía a las autoridades que los enmendasen "de forma exhaustiva". En concreto, ponía el foco sobre las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo y las ofensas contra los sentimientos religiosos.

Algo que también se trasladó hace justo tres años desde Naciones Unidas. En el informe de su último examen periódico universal, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyó entre las recomendaciones una de Bélgica que llamaba a "garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal" y otra de Canadá que reclamaba una revisión de las "leyes" relativas a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona.

Por el primero de estos ilícitos fueron perseguidos el actor Willy Toledo por publicar en Facebook "me cago en dios y en la virgen" o los cómicos José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming, y Dani Mateo por un comentario sobre la cruz del Valle de Cuelgamuros. Por el segundo, fueron condenados los raperos José Miguel Arenas y Pablo Rivadulla –Valtònyc y Pablo Hasél, respectivamente–, a quienes también se castigó por enaltecimiento del terrorismo. Un tipo, este último, por el que pasó años de calvario judicial el cantante César Strawberry y por el que estuvieron en prisión provisional dos titiriteros que mostraron un cartel de "Gora Alka-ETA" en una obra de teatro.

No han sido los únicos que han tenido que enfrentarse a estos delitos de expresión. Por ultrajes a España fue también perseguido Mateo tras un gag en el que se sonaba la nariz con la bandera. Y condenado el sindicalista Pablo Fragoso por decir en una manifestación que había que "pegarle fuego" a la "puta bandera", un fallo por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de tirar de las orejas al Estado español.

La 'ley mordaza' sale del programa socialista

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana fue otro de los grandes compromisos del Gobierno durante la pasada legislatura. Tanto, que figuraba en el acuerdo de coalición y estuvo presente en el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Pero tras años de negociaciones y muchos acuerdos en aspectos clave, la tarea no llegó a culminarse. La falta de consenso en cuatro asuntos –la prohibición del uso de pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente– terminó dividiendo a las fuerzas progresistas. Y esto hizo que el intento de reforma se derrumbase. ERC y EH Bildu acabaron votando en contra al considerar que los cambios que se proponían eran insuficientes.

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Ahora, pocos meses después de aquel fracaso, los socialistas parecen asumir la norma alumbrada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con la que se han impuesto varios cientos de miles de sanciones, algunas de ellas a activistas sociales o periodistas que se encontraban haciendo su trabajo. En el programa del PSOE no hay ni rastro de la ley mordaza ni promesa de reforma. En su capítulo dedicado a la seguridad ciudadana, solo hablan de adecuar el número de efectivos policiales, desplegar más agentes, reforzar las plantillas o invertir en nuevas infraestructuras, medios y formación, entre otras cuestiones.

Este miércoles, no obstante, Sánchez habló de esta norma durante una entrevista en el programa humorístico de la Cadena Ser Hora Veintipico. Y se comprometió a llevar a cabo la prometida reforma durante la próxima legislatura. Eso sí, siempre y cuando cuente con los apoyos necesarios para hacerlo.

Una ley de la que sí se acuerda, sin embargo, Sumar. "Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ley mordaza y el Código Penal) en un momento en el que las movilizaciones sociales son importantes", recoge el programa de la coalición, al tiempo que propone una "regulación completa" del "uso de la fuerza policial" que incluirá la prohibición de la utilización de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios "altamente lesivos". El documento, además, recoge el compromiso de establecer "modelos de gestión policial" de las movilizaciones y la desobediencia civil "más tolerantes, menos agresivos". Y plantea la tipificación como delito de la "devolución sumaria en frontera".