Corrupción

El plan eólico que Zaplana adjudicó a los Cotino les reportó un pelotazo de 37 millones

Agentes de la UCO trasladan al expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, detenido en València en una operación contra el blanqueo de capitales.

El arresto del exministro Eduardo Zaplana por indicios de cohecho (soborno) y blanqueo en la denominada Operación Erial ha puesto bajo el foco de los investigadores la adjudicación que en enero de 2002 y bajo su mandato como presidente de Valencia dio entrada en el negocio de la energía eólica a Sedesa, buque insignia empresarial de la familia del entonces director general de la Policía y luego vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino. Gracias a esa adjudicación, Sedesa logró un pelotazo de 37,4 millones de euros.

Los investigadores sostienen que Zaplana, con cuya imputación el PP hace casi pleno por la implicación de tres de sus cuatro expresidentes valencianos en casos de corrupción, mantuvo ocultos en paraísos fiscales casi 10 millones procedentes de mordidas a cambio de contratos públicos, aunque se trata de una cifra "provisional".

La repatriación del dinero hizo saltar las alarmas. La operación continuaba abierta este martes por la noche. El nombre del exministro ya saltó al primer plano en 2017 cuando la Guardia Civil pidió su imputación en Púnica. Y cuando trascendieron, en el marco de la Operación Lezo, sus conversaciones con el principal investigado en esa causa, el expresidente madrileño Ignacio González. Esos pinchazos destaparon la intención de Zaplana y González de asociarse con el empresario Fernando Belhot, que opera en su país de origen, Uruguay, pero también en el paraíso fiscal de Panamá –formalmente ya no posee esa condición– y en España. 

Entre los detenidos ocupa también un lugar de gran relevancia Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino así como cabeza visible del grupo Sedesa y uno de los empresarios que confesaron haber financiado al PP valenciano en el recién concluido juicio de la segunda pieza del caso Gürtel encomendada a la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil también detuvo al exjefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García Gómez; a Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo del parque temático Terra Mítica, y su mujer, Felisa López; a Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), una de las que fue a la quiebra y acabó rescatada con dinero público; y a Mitsuko Henríquez, secretaria y persona de confianza de Zaplana.

Ya quedó probado el pago de una comisión... a otro expresidente valenciano

La participación de una filial de Sedesa –Inversiones en Alternativas Energéticas SA– en el selecto grupo de gestores privados del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana deparó finalmente a los Cotino un "beneficio neto de 37.433.965 euros", y así consta en sus cuentas anuales de 2008. Es decir, seis años después de aquella adjudicación otorgada en enero de 2002, en vísperas de que Zaplana saltara en julio de aquel año a la política nacional como ministro de Trabajo de Aznar. Con Endesa como accionista mayoritario (55%) y Bancaja con otro 20%, la subsidiaria de Sedesa se había incorporado con un 25% al capital de una de las compañías constituidas para desarrollar este plan de renovables, Proyectos Eólicos Valencianos SA.

Inversiones en Alternativas Energéticas obtuvo el suculento bocado en julio de 2008, ahora hace casi diez años, cuando vendió a Endesa una participación accionarial cuyo valor contable era de 1,27 millones de euros. La operación le permitió repartir nada menos que 36 millones en dividendos. Castigados con hasta seis años de cárcel, tanto el cohecho como el blanqueo prescriben a los diez años. Si se trata de delitos continuados -explican los expertos consultados-, el riesgo de prescripción se diluye.

La venta de ese 25% ya le costó en 2016 una condena de año medio a Vicente Cotino y al también expresidente valenciano José Luis Olivas, igualmente militante histórico del PP y luego presidente de la ruinosa Bancaja. La condena, por falsedad documental –una factura falsa– se sustenta en un hecho clave: la versión de ambos en el juicio fue que Cotino pidió a Olivas que le ayudara a vender su parte de Proyectos Eólicos y le prometió verbalmente una comisión de medio millón si su plusvalía era de al menos 39 millones. ¿Cobró Zaplana de Sedesa en contrapartida por el hecho de que su Gobierno le hubiera puesto en bandeja el pelotazo al seleccionar a Proyectos Eólicos? Pese a que la mercantil de los Cotino era el socio minoritario y a que el papel motriz le correspondía a Endesa, el primer domicilio social de Proyectos Eólicos se localizaba en el cuartel general de Sedesa.

En noviembre de 2006 comenzó el montaje de los primeros parques eólicos del Plan Eólico Valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón. La sociedad Proyectos Eólicos, creada para promover esta energía en la Comunitat, había resultado adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico de las zonas 5 y 6 y de la 11 en Valencia, con una potencia en conjunto de 498 MW y una inversión de 450 millones de euros. La adjudicación formal se produjo en febrero de 2003. Pero un año antes, el 11 de enero de 2002, la Generalitat ya había "preseleccionado" a los adjudicatarios, que no tuvieron más que aceptar en plazo las condiciones planteadas para que esa preselección ganase firmeza.

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