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Crisis del coronavirus

La pobreza tenía el terreno abonado antes del virus: la comparación con la UE desnuda el grave atraso social de España

Una cola para recoger comida en un economato en Madrid.

El informe de Oxfam Intermón recién publicado es de los que sacuden con sus frías conclusiones. Entre otros datos, el estudio pone encima de la mesa que la pandemia ha provocado que el número de personas que viven con menos de 16 euros al día se incremente en casi 790.000. La pobreza severa en España afecta ya a más de 5 millones de personas. Sería absurdo negarlo: el coronavirus ha agravado la pobreza en España. Pero el fenómeno ya estaba ahí, cebado por la insuficiencia del gasto social, que infoLibre analiza dato a dato en este artículo. 

España encara una crisis económica de dimensiones aún por calibrar con la herida fresca de la Gran Recesión y el lastre de una persistente anemia de su gasto social. El país dedica menos dinero por habitante y menos dinero en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) que el conjunto de la UE tanto en el apartado de gasto social en general como en cada una de las grandes áreas de intervención: sanidad, discapacidad, tercera edad, familia e infancia, vivienda e inclusión social. Todo ello, según datos de la Oficina de Estadística Europea, más conocida como Eurostat, que permiten establecer comparaciones entre los países de la UE-27. La regla sólo se rompe en el caso del gasto en desempleo.

España dedica a gasto social 3,6 puntos menos del PIB que la UE y más de 8 puntos menos que Francia. Noruega invierte en políticas de discapacidad 3.011,6 euros por habitante al año, más de siete veces por encima de España. Nuestro país dedica un 1,3% del PIB a gasto en familia e infancia, frente a un 2,2% europeo. La brecha es aún mayor en vivienda, señalada por el sociólogo Daniel Sorando como uno de los grandes puntos débiles de un Estado del bienestar lastrado por el "familismo", idea según la cual es la familia la que debe hacerse cargo de buena parte de las necesidades sociales de las capas más necesitadas. Las políticas específicas contra la exclusión consumen un 0,2% del PIB en España, frente a un 0,6% en la UE.

"Tenemos un Estado del bienestar cogido con pinzas. Siempre lo hemos tenido, resultado de la ausencia de una fiscalidad potente para aquellos que tienen mucho dinero", señala el epidemiólogo Manuel Franco, profundo conocedor de los mecanismos que generan desigualdad. 

Los datos no hacen concesiones. Escudriñar las tablas de Eurostat, cuyos datos vienen del European System of Integrated Social Protection Statistics (Esspros), permite observar un claro subdesarrollo de las políticas sociales en España. Se trata de un bosque de datos en permanente actualización, la última de las cuales fue el 12 de enero. El último ejercicio cerrado es 2018. Eurostat, como coinciden los científicos sociales que encuentran en sus base de datos la materia prima para sus análisis, constituye la fuente más consistente para poder hacer estudios comparativos a nivel europeo, porque obliga a los Estados a ofrecer información con criterios homogéneos [es posible acceder a los datos aquí, en Population and social conditions, concretamente en Social protection].

Protección social

España gastó en 2018, último año actualizado con datos de todos los países, 5.948 euros por habitante en lo que Eurostat llama "protección social", el paraguas que cubre las principales políticas del Estado del bienestar, excluyendo la educación. El gasto social supuso un 23,1% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿Es mucho o es poco? El conjunto de la UE-27 estuvo en 8.076,4, un 26,7% del PIB. Francia (31,4% del PIB), Alemania (28,4%), Italia (27,9%) y Holanda (27,1%), entre otros, quedan por delante de España.

Hay que detenerse aquí: España dedica a gasto social 3,6 puntos menos del PIB que la UE y 8,3 puntos menos que Francia. No es sólo que, como es lógico, países más ricos que España como Francia y Alemania gasten más en protección social, sino que lo hacen además en mayor proporción en relación a su riqueza nacional.

Sanidad

El covid-19 cazó a España con su sistema sanitario debilitado por años de recortes. Cuando empezó la pandemia, el gasto sanitario público del último ejercicio cerrado seguía sin recobrar los niveles precrisis, había perdido peso en relación al PIB y palidecía en comparación con el de países como Alemania o Francia.

El análisis en detalle de los datos de Eurostat apuntala el diagnóstico preocupante, con cifras de 2018. España se sitúa en 1.586,4 euros y el 6,2% del PIB, frente 2.362,1 euros y el 7,8% del PIB para la UE-27. Los porcentajes de Alemania (10%), Holanda (9,3%), Francia (9%) e Italia (6,4%) quedan por encima.

Discapacidad

La Ley de Dependencia, al menos con su aplicación real, no ha sido suficiente para la convergencia española con la UE. Al menos, en el terreno de la discapacidad.

España también mira desde abajo a los principales referentes en gasto en este apartado, siempre con las últimas actualizaciones homogéneas de Eurostat (2018): 419 euros por habitante; 1,6% del PIB. Ahora comparemos. La UE-27 sube hasta 617,3 euros por habitante y 2% del PIB. Alemania (998,4 euros, 2,5%) y Francia (716,9 euros, 2%) quedan también por encima de España. Son similares a los españoles los datos italianos: 461,6 euros por habitante y 1,6% del PIB. Portugal, al contrario que Italia, gasta menos que España, pero representa lo mismo de su PIB: 323,9 euros y 1,6%.

Los datos de Eurostat evidencian las profundas desigualdades norte-sur en Europa, una brecha que también se da en España. Se trata de una desigualdad a favor del norte que no se traduce de forma equivalente en políticas sociales, sino que incluso aumenta. Por ejemplo, Noruega dedica a gasto en políticas de discapacidad 3.011,6 euros al año, más de siete veces lo que dedica España. Esto hace que el porcentaje del PIB dedicado en Noruega a este tipo de gasto trepe hasta el 4,3%, cerca de 3 puntos por encima de España. No sólo gasta más en bruto, también en relación con el PIB.

Tercera edad

El gasto en protección social de la tercera edad, que incluye pensiones, viene determinado no sólo por la cuantía de estas, sino también por la cantidad de población jubilada. En la UE-27, el gasto en estas partidas en 2018 alcanza los 3.251,9 euros por habitante al año, un 10,7% del PIB. España queda por debajo: 2.518,9 euros, 9,8%. También están por encima de España los datos de Italia (4.002,4 euros por habitante al año, 13,7% del PIB) y Francia (4.487,6, 12,7%). Portugal queda por debajo en gasto por habitante (2.308,6 euros), pero por encima en gasto en relación con el PIB (11,6%).

Familia e infancia

En el apartado de "Familia e infancia", España gasta 326,9 euros por habitante al año y un 1,3% del PIB (2018). Queda lejos del conjunto de la UE-27: 672,1 euros y 2,2%. Por encima están Alemania (1.321,9, 3,3%) y Francia (837,21 euros, 2,4%), mientras quedan por debajo Italia (336,5, 1,1%) y Portugal (235,33, 1,2%).

Destaca Luxemburgo, que gasta 3.267,9 euros por habitante al año en políticas de familia, lo que supone el 3,3% del PIB.

Desempleo

Los gobiernos de los 27, en sus recomendaciones específicas para 2020, reclamaron a España un refuerzo de sus políticas de protección por desempleo. Y eso que esta partida es una excepción: España gasta más por habitante y más en relación con el PIB que el conjunto de la UE-27: 428,7 frente 376,5 euros y 1,7% frente a 1,2% del PIB. España, aunque paga cara su elevada tasa de paro, gasta menos en desempleo en relación con el PIB que Francia (1,9%). Al resto –Alemania, Italia, Holanda y Portugal– los deja atrás.

Esta elevada partida de gasto en políticas de desempleo tiene una incidencia decisiva en el resto, como explica el sociólogo Daniel Sorando, habitual de las intrincadas tablas de Eurostat. Sorando observa en todos estos datos la prueba del "subdesarrollo del gasto social" en España. "En realidad", explica, ampliando el foco, "es algo propio de las sociedades mediterráneas católicas salidas de dictaduras durante el siglo XX, sociedades que comparten el rasgo de un gasto social muy inferior a la media europea". Y añade: "Si observas el recorrido, hay una cierta aproximación en las décadas de los 90 y 2000, pero en 2008, con la crisis, se rompe esa tendencia, sobre todo porque se dispara el gasto en prestaciones por desempleo", añade, un precedente inquietante ante una la crisis económica ya en curso que ha vuelto a situar el desempleo por encima del 16%.

A raíz de la Gran Recesión –continúa Sorando– se fueron haciendo cada vez más abismales las diferencias entre España y las socialdemocracias europeas, especialmente las nórdicas, que contrastan con nuestro modelo. A ese modelo español el sociólogo lo llama "familista". Lo explica así: "Hay cuatro grandes actores: Estado, mercado, sociedad civil y familia. Pues bien, el modelo familista, que tiene una raía católica, da un gran protagonismo a la familia como proveedor de los servicios del Estado del bienestar. Esto es un problema, porque es algo que tiene una gran legitimidad social. Queda asumido como algo positivo eso de que te ayuda la familia o se ocupa la familia, cuando en realidad eso genera una gran desigualdad, ya que las familias son desiguales de raíz".

Vivienda

Autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Catarata, 2016), Sorando cree que hay dos áreas especialmente subdesarrolladas en el gasto social en España. "Hemos avanzado en educación y en sanidad, claramente. Pero hay dos pilares en los que flaqueamos, que tenemos más abandonados: la dependencia y la vivienda. En la vivienda está casi todo delegado en la familia. Hay una casi total inexistencia de papel del Estado", expone.

Y habla con los datos de Eurostat por delante. España, que se encuentra a la cola en alquiler social entre los principales países europeos, gasta en políticas públicas de vivienda 27,3 euros por habitante al año y un 0,1% del PIB, frente 115 euros y un 0,4% de la UE-27, con los últimos datos comparables, de 2018. Es decir, la UE cuadruplica a España. El porcentaje también es muy superior en Alemania (0,5%) y Francia (0,7%), aunque no en Italia, que cae hasta la práctica insignificancia.

Exclusión social

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La exclusión social, síntoma y a la vez causa de desigualdad, también es un problema específico en España. La Comisión Europea, en vista del negro panorama que despliega ante la sociedad española la crisis económica de la pandemia, ha reclamado a las autoridades nacionales que hagan un esfuerzo en este punto. El Gobierno lo está intentando con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, cuyo posible impacto aún no se refleja en las tablas de Eurostat. A la espera de saber si funcionará, lo que tenemos de momento es la fotografía habitual: España, en la parte baja de la tabla.

El gasto en políticas para la inclusión alcanza los 59,5 euros por persona al año (2018). Esta partida consume un 0,2% del PIB. En Europa son 183,2 euros y el 0,6%. En Francia, 356,7 euros y el 1%. Destaca el esfuerzo contra la exclusión social de Dinamarca, que pese a que tiene un problema menor en este campo, dedica un 1,5% del PIB y la friolera de 798,4 euros por persona al año. Es un esfuerzo de mantener la cohesión social. Claro, cuesta dinero.

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