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Memoria histórica

Polémica sobre memoria histórica: la Universidad de Alicante elimina de Internet el nombre de un alférez que condenó a muerte a Miguel Hernández

Miguel Hernández y Josefina Manresa en Jaén, en marzo de 1937.

infoLibre

El hijo de Antonio Luis Baena Tocón, alférez del ejército franquista que ejerció de secretario judicial en uno de los consejos militares que condenaron a muerte a Miguel Hernández, ha pedido a la Universidad de Alicante (UA) que retire el nombre de su padre de los artículos de Internet escritos por Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de dicha universidad y experto en memoria histórica. La institución ha accedido a la petición y ha borrado el nombre completo de Baena Tocón, según publica El País.

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La pena impuesta al poeta la conmutaron por 30 años de cárcel, pero Miguel Hernández acabó muriendo dos años después, en 1941, de tuberculosis en la cárcel de Alicante. Tenía 31 años. Según la información citada, el solicitante se "ha amprado en la ley de protección de datos personales y del reglamento europeo" y la UA ha procedido a la eliminación del nombre del alférez en dichos artículos, dejando sólo las iniciales de Baena Tocón en uno de los textos de su web. Por su parte, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, vinculada al centro, también ha pasado a citar las iniciales de Baena Tocón en uno de los artículos de Ríos Carratalá. 

El hijo de Baena Tocón ha explicado a El País que su reclamación se debe a que él mismo "ha constatado falsedades respecto a cómo era su forma de ser y actuar, de cómo fue su vida... Lo presentan como verdugo y fue una víctima más"

La UA argumenta su decisión así: "Una vez realizada la ponderación considerando la licitud de la investigación científica, el interés de la publicación difundida, y en la medida que Antonio Luis Baena Tocón no alcanza la consideración de figura pública, se interpreta que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado". Sin embargo, asegura que se trata de una resolución cautelar "adoptada a partir del informe de la delegación de Protección de Datos" y que será una comisión la que tome la decisión definitiva. 

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