Las polémicas que esperan a Marlaska: de las concertinas al acercamiento de presos

La elección del juez Fernando Grande-Marlaska como nuevo ministro del Interior generó sorpresa desde el primer minuto en que se conoció su nombre. Hasta hace apenas dos semanas se encuadraba al magistrado entre los conservadores de la carrera judicial y, de hecho, se le consideraba próximo al PP, por el que fue propuesto para su plaza en la Audiencia Nacional. Pero ahora, en un Gobierno del PSOE, tendrá sobre su escritorio asuntos tan delicados como la posibilidad de acercar los presos de ETA a cárceles vascas o el cierre de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), medidas que en su día soslayó o directamente rechazó pero que los socialistas sí llevaban en su programa.

Este jueves, Marlaska ofreció una entrevista en Onda Cero en la que mostró su posición sobre varios de los temas con los que tendrá que enfrentarse a la voz de ya. El responsable de Interior dejó varios titulares, el más contundente el referido a su rechazo a las concertinas que coronan la valla de la frontera entre Melilla y Marruecos desde 2005 –fueron instaladas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– y cuya distribución fue reforzada en 2013 por parte del PP. "Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas", sostuvo Marlaska, que calificó de "razonable" esta medida porque no se puede "llegar a esos niveles" con personas que "ya están al lado de la valla".

La retirada de las concertinas es una medida incluida en el programa electoral del PSOE en 2015 y 2016, cuando los socialistas prometieron proteger "el derecho de asilo y refugio, asegurando la efectiva protección internacional de aquellas personas que lo necesiten, retirando las concertinas de nuestras fronteras y rechazando las devoluciones en caliente". Y al derecho de asilo también se ha referido Marlaska durante su entrevista, aunque para asegurar, precisamente, que los migrantes que traslada el barco Aquarius –que desembarcaron en Valencia este domingo– serán tratados igual que aquellos que llegan en patera a las costas españolas: aquellos que no se consideren refugiados no podrán quedarse en el país.

"Se abre expediente, se tramita conforme a la ley, y se decide si es susceptible de protección porque esté dentro de alguno de los parámetros", apuntó el titular de Interior, que explicó que se ofrecerá asilo a quienes demuestren que están perseguidos por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o por orientación sexual. Y "si no piden asilo, pues se verá su situación y, si procede la apertura de un expediente de expulsión, se abrirá. Es así", apostilló Marlaska, que además admitió que algunos de estos migrantes podrían acabar internados en los polémicos CIE. Marlaska, no obstante, aseguró que "los CIE no son la realidad de todos los que llegan, primero porque no hay plazas".

El cierre de los CIE es una reivindicación clásica de las ONG desde hace años, ya que las organizaciones entienden que en esos centros se vulneran los derechos fundamentales de los inmigrantes. El propio PSOE, por boca de su secretaria de Inmigración, Eva Matarín, exigió el pasado noviembre al Gobierno que respetase los derechos de los internos en los CIE y no tratase "a los inmigrantes como objetos de sus propios prejuicios", aunque no planteó la clausura de los recintos. Pero Marlaska, al menos hasta 2016, no estaba de acuerdo con la mala imagen de estos centros: para el nuevo ministro del Interior, en los CIE "no hay una vulneración de los derechos fundamentales, sino todo lo contrario, una tutela de los mismos".

Los presos de ETA y los catalanes

Instituciones Penitenciarias será otro de los departamentos que estarán bajo el mando de Marlaska en el Ministerio del Interior. Y será ese departamento, y en última instancia el propio ministro, los que tendrán la potestad de decidir sobre el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y también sobre el acercamiento de los políticos catalanes encarcelados a prisiones de esa comunidad. Marlaska abrió la puerta este jueves a esa segunda posibilidad: "Si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil", aseguró en relación a los exdirigentes catalanes presos.

No obstante, el juez Pablo Llarena descartó que el traslado de estos presos sea competencia suya, y afirmó que toda la responsabilidad cae en manos de un Marlaska que nunca quiso pronunciarse cuando ejercía como magistrado sobre si había que impulsar el acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi. De hecho, y coincidiendo con la tesis que enarbola ahora Llarena, el ministro del Interior afirmó en 2014 en una entrevista en ETB que "esa es una cuestión política" que "no es competencia de la función jurisdiccional", y rechazó ofrecer su opinión personal al respecto para no "comprometer" su "independencia e imparcialidad" a la hora de impartir justicia.

El PSOE, por su parte, sí se ha mostrado favorable públicamente al acercamiento de presos de ETA, aunque lo ha hecho únicamente cuando la banda terrorista ha anunciado su disolución, el pasado mes de mayo. El secretario de Política Federal socialista, Patxi López, aseguró el mes pasado que "una política penitenciaria diferente es posible y razonable", y rechazó que la propuesta cayera en "mezclar política penitenciaria con la disolución de ETA" como si fuese un "cambio de cromos". "El acercamiento no significa puesta en libertad", y la política penitenciaria tiene que actualizarse conforme a la "realidad que vivamos en cada momento", defendió López.

Abierto a modificar la ley mordaza

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Otra de las patatas calientes que tendrá entre manos Marlaska será la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como ley mordaza. En su etapa de juez, el nuevo ministro no se pronunció públicamente sobre la polémica norma, pero sí lo ha hecho durante los últimos años el PSOE, que tiene registrada en el Congreso desde finales de 2016 una proposición de ley para cambiar la norma y que la recurrió –junto a la mayor parte de la oposición– ante el Tribunal Constitucional cuando fue aprobada.

La idea de los socialistas es derogar la norma del PP y volver a la anterior legislación, aunque actualizando algunos puntos, y se encuentra negociando desde hace meses con PNV y Podemos una propuesta alternativa a la vigente basada en la norma de 1992. Marlaska, ya como ministro, abrió la puerta a abordar "una posible reforma" de la ley mordaza ley mordaza, ya que "hay un consenso importante en algunas de las materias" más polémicas que regula la norma.

Pero quizá el asunto más simbólico que se ha encontrado Marlaska sobre su escritorio nada más llegar al Ministerio es la exigencia por parte de grupos como Unidos Podemos de retirar la condecoración al expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el NiñoBilly el Niño, a quien varias de sus víctimas acusan de torturas durante el franquismo. Justo antes de la moción de censura que terminó con el Gobierno del PP, el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguraba en el Congreso que la ley no permite retirar este tipo de medallas, una afirmación que es falsa, ya que en noviembre de 1999 Interior retiró la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a un teniente coronel imputado en dos procesos judiciales relacionados con los GAL. Por lo pronto, una de las primeras decisiones de Marlaska como ministro ha sido pedir un informe para evaluar la posibilidad de retirar a Billy el Niño su condecoración.